El Ministerio Público y la comunidad: tres ideas concretas

Superado el complejo proceso de designación de un Fiscal Nacional titular, ahora comienza la etapa de toma de decisiones e implementación de nuevas políticas para el Ministerio Público. Indudablemente, una de las variables estará dada por las medidas concretas para mejorar la relación entre la Fiscalía y los actores sociales y estatales para fortalecer la respuesta ante la criminalidad.

A esto se le ha denominado “persecución penal comunitaria” y desde hace varias décadas ya posee antecedentes y buenas prácticas a nivel regional e internacional que pueden considerarse para la realidad y los desafíos actuales en materia de persecución penal en Chile.

La intención de esta nota es proponer tres acciones específicas que nos permitan abrir un camino de mayor dialogo e integración de la comunidad en el trabajo de los fiscales, promoviendo instancias de aprendizaje y cooperación que robustezcan la gestión de la conflictividad.

1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos sociales que explican los delitos. Para tomar decisiones conectadas con las problemáticas de las personas que acuden a la Fiscalía, es necesario conocer el entorno en el cual ocurren. Gran parte de la criminalidad se entiende a partir de la regularidad social en cuyo contexto se produce; y por lo mismo la Fiscalía podría implementar un programa que a los y las fiscales les permita conocer los contextos de las personas usuarias de la institución, como mujeres víctimas de violencia de género, personas con consumo problemático de drogas, migrantes o personas con discapacidad, entre otras. Esto se ha llamado “justicia en contexto social” e implica generar espacios de encuentro entre determinados sectores de la comunidad afectados por la criminalidad y los operadores encargados de ejercer la persecución penal.
2. Mejorar la calidad de las respuestas alternativas al encierro. Al proponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva o salidas alternativas, la Fiscalía podría beneficiarse de instituciones o actores sociales con quienes generar alianzas para la ejecución de tales medidas. Es decir, identificar socios estratégicos que además de contribuir a la reparación del daño puedan ser garantes de la supervisión en el cumplimiento de los acuerdos. Estas son dos áreas muy problemáticas en la actualidad y sobre las cuales no se han generado nuevos abordajes.
3. Construcción participativa de la política de persecución penal. Si bien las decisiones estratégicas de la Fiscalía recaen en las autoridades institucionales, ello no implica que en su proceso de elaboración se excluya a la sociedad. Por lo tanto, el Ministerio Público podría generar instancias de escucha y conversación con las comunidades a nivel nacional, regional y local, para conocer sus prioridades y sobre esa base poder elaborar la política que articule todo el trabajo de la Fiscalía. Esto no implica caer en la demagogia penal sino más bien considerar que la información que pueden compartir las comunidades puede contribuir a la eficacia de la labor del Ministerio Público.

Una política de persecución penal comunitaria no se agota en este conjunto de ideas. Claramente se trata de un primer ejercicio para torcer la inercia en la cual ha entrado la Fiscalía Nacional en los últimos años y que requiere de medidas concretas y eficaces. En esta cuarta gestión del Ministerio Público se pone en juego su densidad y transformación hacia una nueva institucionalidad.