Las empresas del Estado, a sacarse los ojos

Uno de los temas donde se reflejan con más claridad las diferentes posturas ideológicas en el Chile actual es el de las empresas estatales. Para la extrema derecha y algunos líderes gremiales, son ineficientes y, por lo tanto, no debieran existir y repiten con tozudez que es necesario dejarle espacio al sector privado y permitir que los mercados operen libremente, de manera de asegurar un rápido crecimiento económico. En el otro extremo está la extrema izquierda, en especial algunos jóvenes imberbes que apoyan al Presidente Boric, que piensan que el desarrollo económico del país desde mediados del siglo XX se debió a la industrialización, donde el elemento clave estuvo en la creación y éxito de las empresas estatales; por lo tanto sueñan con repetir la experiencia para sacar al país del estancamiento.

Pero resulta que no solo cambió el mundo sino Chile. En una economía de mercado como la actual, el papel del Estado se trasladó de su función productora, a la reguladora de las acciones de las empresas, públicas y privadas.

En la situación actual, una vez superada la obsesión privatizadora de la dictadura, la mayoría de las empresas estatales que quedaron se han consolidado: CODELCO, ENAP, ENAMI, BancoEstado y otras. Sin embargo, aún queda camino por recorrer.

Por ejemplo, la situación de aquellas agrupadas en el SEP (Sistema de Empresas Públicas). Su origen estuvo en el SAE (Sistema Administrador de Empresas) creado en 1997 para evitar pasar proyectos de ley que tendrían un difícil y largo trámite en el Parlamento. Se creó el SAE como un Comité de CORFO que tenía las atribuciones necesarias, dirigido por un directorio de cinco consejeros. De esa experiencia nació el SEP en 2001, que agrupó a las empresas del Estado que no tenían una ley orgánica que las regulara ni la autonomía necesaria. Esta situación persiste hasta hoy y requiere de una evaluación integral.

El SEP es una dependencia de CORFO que tiene un directorio de nueve miembros designados por el Presidente de la República, ministros relacionados del sector económico y la propia CORFO. Las empresas públicas están agrupadas en nueve Portuarias, ocho de Servicios y dos de Transportes, de diferentes tamaños. Cada una tiene su propio directorio.

El hecho de actuar como un Comité CORFO, debiera llegar a su desaparición en un tiempo prudente y estudiarse detalladamente las leyes orgánicas propias de cada empresa, con las normas para establecer su dependencia en la estructura del Estado, sus patrimonios, capacidades de endeudamiento, controles y normas de funcionamiento.

Partiendo por las dos del sector Transporte, La Empresa de Ferrocarriles del Estado debiera estar bajo el Ministerio de Transportes, que es donde se definen las políticas del sector. Tiene 1.700 funcionarios, un tamaño suficiente para disponer de una ley propia que la regule. Si bien ha mantenido dependencia de los fondos públicos para su funcionamiento, este aporte ha estado decreciendo. En los planes gubernamentales el ferrocarril está teniendo una importancia creciente y merece la atención. El Metro de Santiago, de gran importancia en la vida ciudadana, cuenta con 4.500 trabajadores y está en una rápida expansión. Por su naturaleza debiera contar con autonomía legal y administrativa y dependencia directa del Ministerio de Transportes, donde se diseñan las principales políticas sectoriales.

El caso de las nueve empresas portuarias es especial, pues a pesar de ejercer funciones similares, tienen diferentes tamaños y estatutos legales diferentes entre dos grupos generados con diferencias en distintos gobiernos. Aparte de someterlas a normas similares deberían depender del Ministerio de Economía o Transportes.

Más diversificada es la agrupación de las ocho empresas de servicios. La Casa de Moneda ha tenido una trayectoria con alteraciones en su autonomía, dependiente del Ministerio de Hacienda o del Banco Central. Además, ha variado desde producir internamente los billetes y monedas nacionales hasta licitar en el extranjero su confección. Su trayectoria la hace capaz de participar en el mercado internacional en la producción de ambos. En términos de sus resultados financieros ha tenido algunos ejercicios con pérdidas, como en 2021.

Correos de Chile participa en el mercado de las comunicaciones y ha ido mejorando progresivamente su capacidad, a pesar de arrojar pequeñas pérdidas. SASIPA es la empresa a cargo del apoyo estatal a la Isla de Pascua y los servicios que otorga son financiados por el Presupuesto Fiscal. La ZOFRI está a cargo de la administración de las zona franca en Iquique y ha tenido una trayectoria muy variada en el tiempo, dependiendo básicamente de las normas que han regido al comercio exterior del país, en especial la regulación de las importaciones; la normativa actual debería llevar a una evaluación sobre la conveniencia de su permanencia. La Polla Chilena es una empresa que tiene utilidades que traspasa al Fisco, gracias a que ha sabido competir con otras actividades que participan en el mercado de los juegos. ECONSA se dedica a los servicios sanitarios y es lo que quedó después de los procesos de privatización de estas actividades públicas; tiene la provisión de agua a Antofagasta y la administración del Lago Peñuelas, que contribuye a la necesidad de agua a la Región de Valparaíso (pobrecitos, cada vez más secos).

Hay dos pequeñas, relacionadas con el sector agropecuario, en que debiera trasladarse su dependencia al Ministerio de Agricultura, donde debiera realizarse su evaluación: COTRISA, que se ha dedicado a la comercialización del trigo, y SOCOL, a cargo de los predios rústicos, a pesar que en 2021 no tenía trabajadores en su planilla.

Quedan pendientes para un próximo relato dos difíciles temas: la explotación empresarial de los recursos mineros relacionados con CORFO – SOQUIMICH y otros; además de la ilusa propuesta de crear un Banco Estatal de Desarrollo, como proponen algunos soñadores.