Opinión
Paradójico ha sido ver diversas publicaciones de los distintos servicios públicos de nuestro país, conmemorando el día de la Justicia Social. Chile, un país que, precisamente, no se caracteriza por ser igualitario, que considera la seguridad social como un instrumento de justicia social usado por los gobiernos de turno, que ajustan, reforman y eliminan al boleo, acorde a su color político, las políticas de educación, salud, vivienda, previsión, entre otras. Estas constantes modificaciones han decantado en manifestaciones ciudadanas, siendo la más recordada la de octubre de 2019, en donde se enarbolaban consignas precisamente relacionadas a las demandas de los diversos sectores de la población exigiendo mayor justicia social.
Las personas con discapacidad (PCD), no están ajenas, puesto que estas problemáticas se interseccionan con su condición y cronifican aún más la situación de injusticia social. Algunos estudios en nuestro país son clave para conocer la diferencia en el acceso y el ejercicio de los derechos sociales de los distintos grupos. En el caso de las PCD la Encuesta de Bienestar Social (EBS) aplicada por primera vez el 2021 nos permitió observar que las PCD muestran menores niveles de satisfacción, sobre todo con sus ingresos y el nivel de educación alcanzado, -el 33,3% de las PCD afirmó que no puede costear gastos básicos sin usar crédito, cifra que disminuye en el caso de quienes no presentan discapacidad (16,4%)-. Por otro lado, este mismo estudio señala que el 49,6% de las PCD se encuentra insatisfecha con el nivel de educación obtenido en comparación con las personas que no presentan discapacidad (28,3%).
Misma situación se replica en los resultados hace poco publicados de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia 2022 (ENDIDE) en donde el 26,4% de las PCD afirma que el ingreso del hogar no le permite pagar los alimentos para comer durante todo el mes, porcentaje menor en el caso de las personas que no presentan discapacidad (16,4%). Respecto de educación, sólo el 7,9% de las PCD menciona que tiene educación superior completa, cifra que aumenta en el caso de quienes no presentan discapacidad con el 12,5%.
Hablar de justicia social para PCD en nuestro país, es hablar de la necesidad de una mayor participación de las mismas, puesto que si bien a nivel latinoamericano nos levantamos como referentes para los países del territorio, los recientes resultados de la ENDIDE 2022 nos muestran que aún falta mucho camino por recorrer en temas de justicia social. Estos resultados nos brindan una oportunidad para conocer necesidades, problemáticas y requerimientos, frente a los cuales se pueden realizar acciones a largo plazo que favorezcan la justicia social y que estas cifras no queden como estadística para adornar tesis o proyectos de ley que quedan empolvados en los escritorios de nuestro país.
