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Recado confidencial a los expertos Opinión

Recado confidencial a los expertos

Parafraseo a Chihuailaf ahora que estamos ad portas de que la Comisión Experta comience su trabajo para producir un anteproyecto de Constitución, y bajo un contexto conocido: a pesar de los claros avances del derecho internacional, y de algunos a nivel de legislación local, la Carta Magna vigente no reconoce a los pueblos ni naciones indígenas, ni a sus derechos colectivos; de hecho, la Carta Fundamental vigente no dice una sola palabra sobre los pueblos originarios de Chile; ni una sola palabra.


Hace casi 25 años, Elicura Chihuailaf, primer Premio Nacional de Literatura perteneciente a pueblos originarios, se propuso enviar un mensaje directo y sincero al país, y publicó su influyente ensayo Recado confidencial a los chilenos (1999). Ese mensaje (que es confidencial no en su acepción de secreto, sino que aludiendo más bien a un acto en confianza) es una carta abierta que aspira a abrir los ojos de los lectores respecto de la cosmología mapuche y de su relación histórica con los chilenos, y que contiene una propuesta clara: el reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo mapuche y del carácter plurinacional del país, y un clamor por la convivencia armónica de las culturas (interculturalidad).

Parafraseo a Chihuailaf ahora que estamos ad portas de que la Comisión Experta comience su trabajo para producir un anteproyecto de Constitución, y bajo un contexto conocido: a pesar de los claros avances del derecho internacional, y de algunos a nivel de legislación local, la Carta Magna vigente no reconoce a los pueblos ni naciones indígenas, ni a sus derechos colectivos; de hecho, la Carta Fundamental vigente no dice una sola palabra sobre los pueblos originarios de Chile; ni una sola palabra.

Tomo prestada la idea del poeta teniendo en cuenta también que el anteproyecto que redacte la Comisión Experta debe respetar la cuarta “base institucional y fundamental”, que establece, recordemos, lo siguiente: “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”. Quizá llegó el momento en que su recado surta algún efecto práctico.

Con modestia pretendo, también, hacer llegar un mensaje a los expertos.

Ello, a pesar de que, como muchos, considero excesivo (sobre todo, desenfocado) el rol que se les ha atribuido en este proceso constitucional. A pesar también de que las fuerzas políticas actualmente representadas en el Legislativo no hayan sido capaces de designar siquiera a una persona proveniente de pueblos originarios en una comisión de 24 expertos (¿no hay expertos entre los pueblos originarios?, ¿los indígenas serán siempre objeto de estudio, no sujetos?). A pesar también de que se excluyó a priori a la plurinacionalidad y las autonomías, como potenciales mecanismos para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A pesar, por último, de las suspicacias que existen sobre la independencia de los miembros de la Comisión Experta respecto de los partidos políticos que los designaron.

Mi mensaje es simple y no se reduce a un mero indigenismo: aprovechemos esta oportunidad no solo para reconocer constitucionalmente al originario en tanto tal (aunque la importancia simbólica de ello no debe subestimarse); ni, tampoco, solo para elevar a nivel constitucional aquellos derechos colectivos que la normativa internacional y local ya reconoce (incluyendo algún grado significativo de autodeterminación en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales; el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones jurídicas, económicas, sociales y culturales que no se opongan a los derechos fundamentales; en fin, el derecho a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y a no ser sometidos a ningún acto de violencia, incluido el traslado forzado, la asimilación forzada o la destrucción de su cultura).

Todo eso cabe, sin duda, dentro de la ya referida “cuarta base institucional” (recordemos que lo único que esas bases proscriben es la tan temida plurinacionalidad), y podríamos considerarlo como una manifestación de la ciudadanía multicultural pregonada por diversos filósofos políticos desde la segunda mitad del siglo XX (Charles Taylor, Will Kymlicka). Esto debería ser un piso, un mínimo.

Pero podemos ser más ambiciosos y hacernos cargo de la mirada crítica que ha surgido en América Latina respecto del multiculturalismo, transitando hacia un reconocimiento de la interculturalidad, tal como lo hacía, por ejemplo, la frustrada propuesta constitucional del 2022.

Se ha afirmado (el profesor colombiano Edwin Cruz en su artículo del 2014 “Multiculturalismo, interculturalismo y autonomía”) que la interculturalidad surge de una crítica al multiculturalismo, entre otras razones porque le atribuye a esa corriente un aire supremacista, que establece a priori una desigualdad entre las diferentes culturas. En nuestro medio, la investigadora Claudia Zapata (“La crisis del multiculturalismo”, 2019) sostiene que el modelo del multiculturalismo está definitivamente agotado en América Latina, que ha sido funcional al extractivismo económico y al control de los indígenas, y que su crisis arranca de cómo se representa al sujeto indígena y a qué propósitos sirven esas imágenes.

En ese sentido, la interculturalidad surge como un desarrollo propio de nuestro continente y va, evidentemente, más allá del multiculturalismo: propone una coexistencia entre culturas y promueve relaciones de respeto recíproco y convivencia que posibiliten el diálogo y el aprendizaje mutuo. Por su parte, en el Viejo Continente, Adela Cortina plantea una ética intercultural, como una forma de ciudadanía liberal, basada en el diálogo entre culturas, que descansa en dos supuestos: (i) respeto a las culturas, porque los individuos se identifican y estiman desde ellas, y (ii) diálogo, desde el que los ciudadanos puedan discernir qué valores y costumbres merece la pena reforzar y cuáles debilitar (en su artículo “Ciudadanía intercultural” del 2006). En el fondo, Will Kymlicka (“Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías”, 2010) sostiene algo semejante, cuando afirma que los derechos colectivos son una forma de asegurar el respeto y estima propios, a través de una pertenencia cultural rica y segura.

Reconocimiento, derechos colectivos e interculturalidad, más que multiculturalismo.

Ese es mi modesto (primer) recado para los expertos. Ese era también parte del mensaje de Elicura Chihuailaf, entregado hace más de dos décadas en su hermoso ensayo Recado confidencial a los chilenos. ¿Será el momento en que los chilenos escuchemos su voz? Ahora, la palabra la tienen los expertos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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