Opinión
El resultado del plebiscito de salida es incuestionable, la mayoría del país rechazó la primera propuesta de nueva Constitución, pero la necesidad de reformas sustantivas sigue vigente en el país. Ello llevó a la totalidad de partidos con representación parlamentaria, además de otras colectividades, a iniciar un nuevo proceso constitucional a partir del “Acuerdo por Chile” de 12 de diciembre de 2022.
Se trató de un acuerdo difícil para el gobierno, después de la derrota de septiembre y con una derecha radicalizada, por lo que era preferible lograr un “mal acuerdo a no tener ninguno”, según lo señaló públicamente el Presidente Gabriel Boric. El Mandatario apuntó también a la necesidad de destrabar las negociaciones entre los partidos políticos y cerrar el 2022 con un nuevo itinerario, en torno a una serie de principios que garantizaran el carácter unitario del país, la vigencia del Senado, la libertad de enseñanza, el respeto a la propiedad privada, y el avance a un Estado social de derecho, entre otros acuerdos.
El hecho de que sea una Comisión de Expertos compuesta por representantes designados por el Senado y la Cámara de Diputados la que elabore el anteproyecto constitucional –lo que no es otra cosa que un “cuoteo” de los propios partidos que firmaron el acuerdo, es decir: 3 PS, 2 PPD, 1 PC, 1 Apruebo Dignidad, 2 DC, 4 UDI, 5 RN, 1 Evópoli, 1 Republicano y 1 Partido de la Gente– corresponde al retorno pleno a la vieja política partitocrática de la transición a la democracia. En efecto, los 50 representantes elegidos de forma paritaria, deberán negociar en comisiones mixtas con los expertos las reformas para que no se salgan de lo pactado en el acuerdo.
Imaginemos por un momento que se elabore una buena propuesta de nueva Constitución a pesar de todos estos mecanismos de supervigilancia, y que esta se apruebe en el plebiscito de salida por una mayoría simple. La serie de reformas que contenga deberán ser tramitadas por el actual Parlamento vigente hasta el 2026, que a su vez debe traducir en una serie de leyes orgánicas con una Cámara caracterizada por un importante fraccionamiento, donde la alianza Frente Social Cristiano de extrema derecha tiene 14 representantes, la derecha tradicional “Chile Podemos Más” 54 escaños, el Partido de la Gente con 6, además de 1 independiente fuera de pacto y 1 representante por independientes Unidos. Mientras los sectores de centro e izquierda, con la alianza Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad, con 37 diputados cada uno, Dignidad Ahora 3 representantes y 2 independientes vinculados al ex Partido Ecologista Verde.
Se trata del mismo Parlamento que recién rechazó la idea de discutir una tímida y moderada reforma tributaria de 3,6 puntos del PIB –en contraste con el compromiso en campaña de una reforma de 8.5 puntos–, con el objeto de financiar la serie de ayudas sociales a partir de un impuesto a los superricos, entre otros impuestos, en un país que todavía no se recupera de la crisis socioeconómica ocasionada por la pandemia, lo que demuestra las dificultades del pacto partidario firmado el pasado 12 de octubre para resolver el problema constitucional, como dijera don Rodomiro Tomic: “Cuando se pacta con la derecha, es la derecha la que gana”.
La experiencia comparada señala precedentes al respecto, como sucedió con el proceso constituyente colombiano a comienzos de la década del noventa, impulsado entre otros actores por el movimiento estudiantil, donde si bien se logró aprobar una nueva Constitución, la vieja casta política reunida en el Parlamento no tuvo la voluntad de promulgar las mayoría de las leyes orgánicas hasta la fecha, convirtiendo a dicha Constitución en letra muerta. Al respecto, un exasesor de dicho proceso, Néstor Correa (1991), señaló que “la ausencia de un sistema constitucional y una hermenéutica homogéneos, dificultará la puesta en ejecución de las nuevas instituciones. El modelo económico es, al mismo tiempo, intervencionista y neoliberal”.
La derrota de la primera propuesta constitucional y de la reforma tributaria obliga a repensar el nuevo ciclo posplebiscito. Los esfuerzos políticos no pueden concentrarse exclusivamente en buscar mejores correlaciones de fuerzas y acuerdos al interior del Parlamento y sus partidos. Por sobre todo, se debe apostar a reconstruir –después de una profunda derrota histórica– nuevamente una voluntad colectiva con las mayorías nacionales que permitió llevar a Boric a la Presidencia y que logró abrir el debate constituyente en Chile. Los partidos políticos y los parlamentarios deben dialogar con los movimientos sociales y la ciudadanía en general para democratizar los espacios de poder en su interior. En caso contrario, no habrá cambios sustantivos en la nueva Constitución ni en las leyes que deben permitir implementar sus normas, a pesar de que sea aprobada esta nueva propuesta.
