Opinión
Las bases del Acuerdo Constitucional dejan claro que los derechos sociales garantizados por el Estado social serán proveídos “a través de instituciones públicas y privadas”. Aunque es de vital importancia determinar cuáles son las condiciones que regularán la provisión privada –con el fin de evitar que la participación ciudadana sea letra muerta–, hay otro aspecto del Estado social que vale la pena considerar. Hace poco el miembro de la Comisión Experta Flavio Quezada, nominado por el Partido Socialista, afirmó que la “mercantilización de los derechos atenta contra el Estado social y eso es lo que hay que evitar”. Esa es una idea que se repite: el Estado social es compatible con la provisión mixta siempre y cuando ella no sea parte del mercado. El pago estaría completamente excluido de la provisión de un derecho social como la educación o la salud.
Una de las razones esgrimidas a favor de esa idea es que, al sacar a los derechos sociales del mercado, se favorecería la cohesión social. En efecto, el mismo Quezada sostuvo que “se trata de crear espacios sociales en los cuales los ciudadanos perciban en su cotidianeidad que lo que dice la Constitución es verdad, independiente de si puedo o no pagar”. La ausencia de pago nos indicaría que somos todos parte de una misma comunidad, en la que todos velamos por todos. Los derechos sociales serían, como ha repetido hace más de una década Fernando Atria, el contenido de nuestra común ciudadanía. Sin embargo, esa conclusión es apresurada.
El fin del Estado Social, según las bases del Acuerdo, es “promover el bien común”. Ello significa que, dicho gruesamente, ha de promover las condiciones para que las personas podamos vivir vidas plenas. Tales condiciones incluyen, evidentemente, cierta seguridad material, sin la cual nadie puede vivir dignamente. En pocas palabras, tener lo suficiente en términos educacionales, sanitarios, previsionales, entre otros, para libremente desarrollarse como persona. Esto no implica en absoluto la incompatibilidad con el mercado.
El Estado social cumple su rol cuando garantiza que todos tengan lo suficiente para una vida digna. Pero, por una parte, se puede garantizar que todos puedan acceder a los derechos sociales en el mercado. Impuestos negativos, vouchers, incentivos a la competencia son algunas de las medidas que pueden aplicarse. Por otra parte, ¿qué pasa más allá del umbral de lo suficiente? No parece haber razones para impedir que la provisión de los derechos sociales esté mediada por el mercado, considerando las ya conocidas ventajas que esto puede acarrear para la población.
Finalmente, tratar que todos tengamos lo suficiente es una tarea titánica, que requiere grandes acuerdos, el compromiso y sacrificio de la ciudadanía. ¿No es acaso este esfuerzo digno de ser considerado como un modo de favorecer la cohesión social?
