Opinión
Hemos aprendido, a través de los años de implementación de tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, que los gobiernos por sí solos son rara vez capaces de implementar estos acuerdos en su totalidad y, para que estos se hagan efectivos, necesitan de la colaboración multisectorial y multiactor. En este sentido, es necesario el alineamiento político del amplio espectro para ratificar y legislar en torno a estos acuerdos, es necesario también el apoyo de la sociedad civil, movimientos territoriales de defensa de los océanos, las escuelas y universidades y, sin duda alguna, la cooperación internacional y el liderazgo del sector privado.
Tras años de negociaciones, las naciones del mundo, en el marco de Naciones Unidas, llegaron a acuerdo sobre la regulación de aguas internacionales, es decir, lo que ocurre más allá de las 200 millas de jurisdicción nacional, en lo que popularmente fue dado a conocer como el “Tratado de Alta Mar”. Un tratado sin precedentes que busca proteger los ecosistemas marinos de alta mar y asegurar al menos la protección de un 30% de los océanos de nuestro planeta para el 2030, reforzando, así, una de las metas del acuerdo de Montreal –adoptado en diciembre recién pasado– de la COP15 de Biodiversidad.
Los océanos son complejos sistemas interconectados, que contienen ecosistemas ricos en biodiversidad y que proporcionan un gran número de servicios a nuestro planeta. De acuerdo con Naciones Unidas, los océanos proveen del 50% del oxígeno que necesitamos para la vida, absorben un 25% de dióxido de carbono atmosférico y capturan también un 90% del exceso de calor producido por estas emisiones, funcionando así como un sumidero de carbono y un regulador climático que nos permite amortiguar el calentamiento global.
De la misma manera, los ecosistemas marinos, como los manglares o los arrecifes de coral, proveen de servicios ecosistémicos, como la protección a comunidades costeras de eventos climáticos extremos como inundaciones y tormentas. Y cómo dejar de lado a las ballenas, quienes pueden absorber hasta 33 toneladas de CO2 y, al morir, llevarlo al fondo marino, sacándolo de la atmósfera durante siglos.
Lamentablemente, los impactos del cambio climático están rápidamente destruyendo los ecosistemas marinos, poniendo en riesgo de manera significativa las condiciones para la supervivencia de las especies. De la misma manera, la actividad humana desregularizada, sin estudios de impacto y excesiva, está contribuyendo al rápido degradamiento de la vida marina y poniendo en riesgo no solo a los ecosistemas marinos, sino también a las comunidades costeras que se ven más vulnerables frente a eventos climáticos extremos y, a gran escala, al mundo entero, quienes perdemos rápidamente nuestro mayor aliado en la lucha contra el cambio climático.
Estas son solo algunas de las razones por las cuales la protección de los océanos es imperativa para la lucha contra el cambio climático y por la cual el “Tratado de Alta Mar” es un importante avance en el reconocimiento de la necesidad de la cooperación internacional para conseguirlo.
Hemos aprendido, a través de los años de implementación de tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, que los gobiernos por sí solos son rara vez capaces de implementar estos acuerdos en su totalidad y, para que estos se hagan efectivos, necesitan de la colaboración multisectorial y multiactor. En este sentido, es necesario el alineamiento político del amplio espectro para ratificar y legislar en torno a estos acuerdos, es necesario también el apoyo de la sociedad civil, movimientos territoriales de defensa de los océanos, las escuelas y universidades y, sin duda alguna, la cooperación internacional y el liderazgo del sector privado. Solo así, con espacios de cocreación, podemos conseguir las transformaciones que necesitamos para asegurar un futuro sostenible.
