Opinión
Los depósitos existentes en el salar de Atacama cuentan con ventajas comparativas que significan que sus costos de producción sean los más competitivos del mundo. Esto significa que hoy Chile es, después de Australia, el segundo productor de litio del mundo, aportando el 30% de la producción global en 2022. Sin embargo, se estima que para el 2030 esa participación se reducirá al 10%, debido al avance de proyectos mineros de litio en Argentina y Bolivia.
La recientemente lanzada Estrategia Nacional del Litio no nacionaliza ese mineral. El litio pertenece hace más de 40 años al Estado de Chile. En 1979, en un contexto de Guerra Fría y siguiendo la política adoptada por los EE.UU. respecto a ese mineral, en tanto material de interés para la fusión nuclear, se promulgó el Decreto Ley Nº 2886 que reservó ese recurso para el país, declarándolo no concesible y bajo la tutela de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. El mismo cuerpo legal, reconoció las pertenencias mineras constituidas o por constituirse antes del 1 de enero de ese año. Es decir, las que hasta hoy poseen Corfo en el salar de Atacama y Codelco en los salares de Maricunga y Pedernales, y que son explotadas o exploradas por distintas empresas mineras mediante Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL).
Lo que ha variado desde entonces es que hoy las tecnologías basadas en litio están a la vanguardia en el almacenamiento de energía, especialmente, las baterías recargables de ion-litio, convirtiéndolo en una de las materias primas más estratégicas del planeta.
Los depósitos existentes en el salar de Atacama cuentan con ventajas comparativas que significan que sus costos de producción sean los más competitivos del mundo. Esto significa que hoy Chile es, después de Australia, el segundo productor de litio del mundo, aportando el 30% de la producción global en 2022. Sin embargo, se estima que para el 2030 esa participación se reducirá al 10%, debido al avance de proyectos mineros de litio en Argentina y Bolivia.
Esto hace recomendable que, en lugar de crear una Empresa Nacional del Litio –la cual, según algunas estimaciones, significaría una inversión de alrededor de USD 10.000 millones–, los esfuerzos estatales se orienten a lograr una colaboración público-privada pragmática centrada en la recaudación y no en el control del proceso productivo. Todo esto, por cierto, garantizando la sustentabilidad de los procesos y la protección del medio ambiente y las poblaciones que habitan las cuencas en que se ubican los salares.
