Isapres: cada vez más lejos del Estado de Derecho

El 11 de diciembre del año 2019, la Superintendencia de Salud dictó la circular N°343, la que estableció una tabla de factores única para los planes de salud de las isapres, tratando por esta vía regular de corregir un sistema arbitrario y discriminador, limitando los cobros en razón de la edad y sexo de los usuarios. Esta nueva tabla comenzó a regir recién en abril de 2020.

Ya pasado el tiempo, muchos usuarios se dieron cuenta de que estas instituciones no respetaron las órdenes de la autoridad regulatoria, por lo que empezaron la judicialización de este problema. Esto ocasionó el atochamiento de nuestro sistema judicial hasta que, a fines del año 2022, la Corte Suprema –en el llamado “supremazo de la salud”– tomó una determinación para terminar con este problema.

Este fallo resolvió que la inobservancia por parte de las isapres de lo contenido por la circular del año 2019, era arbitraria e ilegal y que se debía devolver por parte de estas empresas los montos cobrados en exceso a los usuarios del sistema, ordenando a la Superintendencia de Salud para que, en el plazo de 6 meses, dictara las normas para llevar a cabo el cálculo y la forma de devolución.

En efecto, el Gobierno, responsablemente, este martes ingresó un proyecto llamado coloquialmente “ley corta de las isapres”, con el objetivo de dar una respuesta sistemática a este problema. Por su lado, la Superintendencia de Salud realizó el cálculo de la devolución, llegando a un monto de US$1.415 millones.

Hoy todas las críticas apuntan hacia el gobierno, cuando claramente este es un problema de las isapres. Son estas instituciones las que incumplieron la orden de la autoridad por años, incumpliendo el Estado de derecho, aplicando criterios discriminatorios que atentan contra la igualdad ante la ley, contra el derecho a la salud y a la seguridad social.

Las isapres han tenido un actuar negligente permanente en el tiempo, desobedeciendo las instrucciones de la autoridad administrativa, de los Tribunales de Justicia y de la ley, es decir, un actuar reñido con la ley, pasando sobre esta, en directo perjuicio de los usuarios que tanto dicen cuidar.

Para aquellos que han defendido a la industria acusando al Gobierno de un actuar ideológico, nos preguntamos si esta defensa férrea del sistema de isapres, pese a los constantes problemas que existen, de una opacidad catastrófica, un constante desconocimiento de la ley, un abuso al usuario, los que para lograr que se cumpla con la cobertura que les prometen han debido judicializar una y otra vez, en búsqueda de que la justicia obligue a estas empresas a cumplir con lo prometido, ¿no es eso una defensa meramente ideológica?

Hoy se está presentando un proyecto que pretende indultar a estas instituciones con una propuesta alternativa a la del Gobierno. No podemos caer en el indulto a las isapres, que están lucrando en un verdadero mercado de la salud. Un mercado al borde de la ilegalidad, al margen de la ley, que no afecta solo a sus usuarios, también afecta a todos los chilenos y chilenas.

El proyecto de ley corta del Gobierno pone fin a los cobros excesivos de las isapres, beneficiando al 30% de los contratos, que reducirá, por lo menos, en $50 mil los planes actuales. Además, otorga una serie de facultades a la Superintendencia de Salud para establecer los plazos y la modalidad de pago para restituir los cobros excesivos de la isapres. Por otro lado, establece medidas para que Fonasa pueda hacer frente al ingreso de nuevos usuarios desde el sistema privado, hecho que ya está sucediendo desde hace un tiempo, haciendo un enfoque al sistema de libre elección, y busca reducir la judicialización, entre otros fines.

Ahora bien, las isapres han reaccionado reticentes a estas propuestas, acusando al Gobierno de querer solapadamente terminar con el actual sistema de salud, dejando a la deriva a más de 3 millones de usuarios a un sistema público ya saturado, pero cabe preguntarse: ¿es real lo que sostienen? La respuesta es clara, lo señalado por la Asociación de Isapres está alejada de la realidad. Como lo dijo la ministra Camila Vallejo, si este Gobierno quisiera terminar con el sistema, solo se hubiese preocupado de hacer efectivo el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, pero, por el contrario, busca hacer frente al problema que las mismas isapres han originado.

El problema de las alzas unilaterales de los planes de salud, de la cobertura GES, de prestaciones no cubiertas y de cobros indebidos, lleva a pensar en la posibilidad de sancionar penalmente estas actuaciones reñidas con la ley y la ética, ya que estas decisiones provienen de directorios totalmente irresponsables que actúan en las más amplia impunidad y con este actuar no solo perjudican a sus usuarios, sino que perjudican a todos los chilenos que deberán soportar los perjuicios derivados de sus decisiones.

La vía elegida por el actual Gobierno es la correcta, el Congreso Nacional es el lugar adecuado para llevar el debate. Aquí, pese a su actuar, serán escuchados todos los actores, como la Asociación de Isapres, sus usuarios, la Superintendencia de Salud, los expertos y cuanto actor quiera realizar un aporte al debate.

Aquí esperamos dar una solución concreta a los usuarios, principales perjudicados con este problema, sin embargo, es necesario hacer la prevención de que, si sigue el actuar reñido con la ley que ha caracterizado a la industria, lamentablemente más temprano que tarde surgirán nuevos problemas con los mismos involucrados.

Finalmente, hacemos un llamado a la reflexión, la salud es un derecho fundamental, el Estado y todos los actores involucrados deben velar por su resguardo con prescindencia de los intereses económicos particulares, el sistema privado de salud requiere una revisión completa más allá de lo que nos abocaremos a discutir estos días, y quedará en cada uno de los ciudadanos de este país responder si las isapres son víctimas o victimarios.