Avanzar hacia una institucionalidad chilena para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida

En el marco de la discusión internacional sobre políticas educativas, el Aprendizaje a lo Largo de Toda la vida se ha posicionado como una de las principales tendencias, dando cuenta de la relevancia que tiene para las naciones el contar con oportunidades continuas para el aprendizaje que abarquen todos los ciclos vitales, abriendo posibilidades de mayor logro educativo, reconversión laboral y participación social en general.

Pese a lo central de este concepto para el debate actual del desarrollo y la sostenibilidad, en Chile aún estamos lejos de poder garantizar un sistema de estas características, lo cual ha resultado en el tiempo en altos niveles de estudios incompletos en personas adultas y mayores, en una mayor precarización laboral de los grupos con menores estudios y diversos efectos negativos en las trayectorias vitales de las personas, considerando su salud mental y física.

Son 4,6 millones de personas adultas que hoy, en Chile, no cuentan con su educación formal completa. Si bien la magnitud de esta cifra asombra, ha logrado ser balanceada en la discusión pública por un sistema educativo cuya cobertura es cada vez más amplia para niños, niñas y adolescentes, además de complementarse con un sistema de educación superior que, pese a sus falencias, también recibe cada año a más personas que nunca antes en la historia del país. Esta brecha entre las personas adultas que finalizaron sus estudios de forma previa a las políticas de expansión educativa, y aquellos que la han cursado desde los años 2000 en adelante, es visible en una serie de consecuencias negativas cuya duración aún resulta indeterminada. Y es que, dadas las condiciones de cambio tecnológico y organizacional continuo, quienes cuentan con menores competencias (en este caso, personas mayores de 40 años con menores estudios) tienen -y tendrán- cada vez más problemas para actualizarse y permanecer vigentes dentro del mercado laboral. Estas son personas que, a lo menos, se encontrarán insertas por 20 años o más en el ámbito productivo y que, de no mediar nuevas medidas proporcionales al problema, sufrirán de una aguda inestabilidad laboral y económica.

Estos problemas descritos ya cuentan con distintos diagnósticos que apuntan a i) un bajo nivel de competencias laborales, ii) una desconexión entre los sistemas de formación educativa, capacitación laboral e inserción al trabajo, iii) una baja cobertura formativa de las personas adultas con menores niveles de educación de base y iv) un nulo impacto en la mayor parte de los programas de capacitación realizados a través de franquicia tributaria.

De esta manera, al observar el sistema nacional de capacitación laboral, es posible dar cuenta que el gasto público de recursos a través de Franquicia Tributaria es de 2,6 veces más para personas con estudios superiores completos que para personas con cuarto medio incompleto, concentrándose además en hombres por sobre mujeres (55% vs 45%), y en personas ya contratadas (92%) que en aquellas que son despedidas (0,17%) o quienes esperan insertarse laboralmente (7,18%). Como contraparte, los programas sociales de SENCE que sí están dirigidos a grupos vulnerables solo representan un 8% del presupuesto ya mencionado para Franquicia Tributaria, llegando a 95.000 personas con capacitación efectiva. Para el caso de las personas con estudios formales incompletos el panorama no es muy distinto: anualmente, solo un 3,2% de la población total en esta situación es cubierta por el sistema de nivelación de estudios, lo cual no permite vislumbrar la superación de este problema en el mediano plazo.

¿Por qué es necesaria una institucionalidad de aprendizaje a lo largo de la vida? La literatura científica internacional es tajante al respecto: mayores niveles de logro educativo permiten mayores niveles de autonomía, capacidad de resolver problemas, adaptabilidad y comunicación lo cual, laboralmente, se traduce en trayectorias laborales más seguras, incrementales, y conducentes al logro de mayores ingresos. Esto, a su vez, impacta directamente en los grados de satisfacción de las personas, mejorando su salud mental y física, además de su participación e integración social y ciudadana.

Mirando el contexto actual, es posible identificar recursos disponibles que, con ciertos cambios de énfasis, pudieran ser un punto de partida suficiente para la movilización de mayores oportunidades. En primer lugar, los recursos disponibles en Franquicia Tributaria son altísimos y sus usos hoy son subóptimos. En este sentido, se debe dar un énfasis a su utilización en favor del desarrollo productivo de las regiones a través del continuo logro de competencias de su población laboral. Para que esto sea ajustado a las necesidades del territorio, se debe además integrar las visiones estratégicas de la productividad de los territorios a través de los centros de estudios de las Universidades y el Estado, y las planificaciones y posibilidades de desarrollo de las Empresas.

En segundo término, se deben buscar nuevas maneras, flexibles y creativas, de facilitar la nivelación de estudios de las personas adultas. Entendiendo que las personas en esta situación han vivido trayectorias de exclusión educativa, su primer instinto puede ser el de alejarse de esta posibilidad restándole importancia. Debemos idear maneras de llegar a estos grupos de forma efectiva, considerando tanto herramientas educativas apropiadas como maneras colaborativas de financiamiento e incentivo.

Finalmente, y este es el punto más importante, es necesario encontrar una manera de coordinar todos los esfuerzos que existen y que pudieran realizarse en potencia. Hoy en Chile no existe una agenda común en este tema, lo cual significa tener una amplia diversidad de actores públicos y privados generando iniciativas que, por muy positivas y significativas que sean, no alcanzan la escalabilidad que se requiere para generar una diferencia. Una institucionalidad permitiría aunar los esfuerzos, brindando espacios comunes de diálogo y colaboración, marcando metas claras en la agenda del país para avanzar a un modelo de sociedad apropiado para el siglo XXI.