Opinión
A través del diálogo que implica la consulta indígena podemos percibir necesidades y visiones de las comunidades del territorio que los representantes indígenas muchas veces no logran canalizar. Una buena consulta indígena permite captar las diferencias de opinión y matices internos en los pueblos indígenas que los representantes no presentan, así como la perspectiva de los territorios que no aparece en el discurso de los representantes.
El Consejo Constitucional, a cargo del proceso constituyente en curso en el país, decidió la semana pasada que no existirá una consulta indígena en términos del Convenio N° 169 de la OIT respecto del anteproyecto de nueva Constitución. Sabemos que la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI) del Ministerio de Desarrollo Social, organismo competente según el decreto supremo N° 66 para dictaminar la procedencia de la consulta, a instancia del Consejo, señaló la susceptibilidad de afectación directa a los pueblos indígenas, que justifica la consulta indígena de la propuesta constitucional.
De manera transversal, opiniones jurídicas han requerido la consulta indígena como una consecuencia de las obligaciones de derecho internacional del Estado chileno y como un elemento insoslayable del marco jurídico de los Derechos Humanos que el proceso constituyente debe respetar. Esta obligación también está refrendada por las prácticas que han llevado a cabo los anteriores procesos constituyentes que se han emprendido en Chile hasta ahora.
Pero también es relevante plantearse las consecuencias políticas de la denegación de la consulta indígena respecto de la nueva constitución.
La elaboración democrática de una constitución es un espacio de deliberación público trascendental -aunque no el único- donde las fuerzas que integran un sistema político buscan darse un orden, fijando los grandes fundamentos, límites y objetivos del poder estatal, así como la arquitectura de su organización interna. Por ello, ha sido crucial la participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente, tanto a nivel de la representación como en la incorporación de un diálogo con las comunidades.
Como país, hemos hecho grandes esfuerzos para avanzar hacia una representación y escucha activa de los pueblos indígenas en la deliberación constitucional. Si bien esta se ha mantenido de manera disminuida en el proceso en curso, ha sido respaldada en las urnas por los votos que apoyaron a los candidatos indígenas.
Lo que se está cayendo es el proceso de diálogo con los territorios. Esta es una necesidad que fue procesada de manera muy reducida en la consulta de la Convención Constitucional y que tuvo mayor amplitud en la fase participativa del proceso constituyente realizado en el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Su completa omisión en el proceso actual implica el cierre de una importante puerta de diálogo, el cual pudo haber afirmado el proceso constituyente en los territorios indígenas.
La consulta indígena consiste, desde el punto de vista político, en una oportunidad de diálogo reglado y serio entre las comunidades territoriales y los órganos del Estado que buscan dictar una medida susceptible de afectarles.
A través del diálogo que implica la consulta indígena podemos percibir necesidades y visiones de las comunidades del territorio que los representantes indígenas muchas veces no logran canalizar. Una buena consulta indígena permite captar las diferencias de opinión y matices internos en los pueblos indígenas que los representantes no presentan, así como la perspectiva de los territorios que no aparece en el discurso de los representantes.
Por otro lado, una consulta, organizada de forma adecuada, es una oportunidad para levantar confianzas en un contexto en que vemos un deterioro de la convivencia en ciertas áreas indígenas del país. De allí pueden nacer oportunidades para lograr compromisos o la necesidad de seguir conversando, demostrando las capacidades de la palabra y la disposición al reconocimiento del otro para resolver problemas, donde otros recurren a la violencia o al sectarismo.
Finalmente, es necesario comprender que la consulta indígena es una oportunidad para avanzar en la generación de confianzas, expresadas en la voluntad de escuchar y legitimar la opinión que los pueblos indígenas tengan del actual proyecto constitucional, en definitiva del Chile del futuro. El diálogo con los pueblos indígenas es una condición necesaria no sólo en el marco de la discusión de una nueva constitución para Chile. La consulta es una puerta abierta para ello. Cerrar la puerta a la consulta indígena es eliminar una posibilidad de diálogo, cuando éste se ha vuelto algo escaso en las relaciones entre el Estado y la sociedad.
