Opinión
Contrariamente, en lugar de expresar su repugnancia hacia los crímenes atroces, los jefes de las instituciones uniformadas asumen una posición intencionalmente ambigua. Mientras el Ejército retira de la página institucional un texto crítico sobre esta materia y luego se niega a que se declare sitio de memoria a un regimiento, la voz oficial de las Fuerzas Armadas y de Carabineros parece quedar sustituida por comunicados efectuados por generales y almirantes en retiro. También ha habido casos en que se ha debido dar una batalla judicial para quitar homenajes a criminales de lesa humanidad aún presentes en los cuarteles.
La desaparición forzada es un crimen político que se inicia con la ejecución de una persona, pero que se consuma con el olvido de las víctimas. Por esta razón, una sociedad jamás encuentra paz hasta que se recuperan cuerpos y junto con ellos se recobra la verdad. La negación de lo ocurrido, el olvido de las personas ejecutadas o la relativización del dolor son formas de participación en este crimen atroz.
A 50 años del golpe de Estado y a 33 del término de la dictadura, debiese ser normal conocer expresiones de rechazo a las violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1973 y 1990, tal como lo han hecho con nitidez recientemente el excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, y el actual Comandante en Jefe de la Armada, Juan Andrés De la Maza.
Contrariamente, en lugar de expresar su repugnancia hacia los crímenes atroces, los jefes de las instituciones uniformadas asumen una posición intencionalmente ambigua. Mientras el Ejército retira de la página institucional un texto crítico sobre esta materia y luego se niega a que se declare sitio de memoria a un regimiento, la voz oficial de las Fuerzas Armadas y de Carabineros parece quedar sustituida por comunicados efectuados por generales y almirantes en retiro. También ha habido casos en que se ha debido dar una batalla judicial para quitar homenajes a criminales de lesa humanidad aún presentes en los cuarteles.
Extraña que, a medio siglo de ocurridos hechos de violencia política eminentemente delictivos y contrarios a la ética militar y policial, las instituciones actuales tengan problemas para tomar distancia respecto de hechos que son indiscutiblemente condenables.
El Día del Detenido Desaparecido es una ocasión propicia para que el Gobierno instruya a las instituciones uniformadas a que implementen medidas que puedan dar respuesta a los requerimientos de las agrupaciones de familiares y sobrevivientes, disponiendo, por ejemplo, recabar activamente información sobre paradero de víctimas, recuperación de información documental y sistematización de datos solicitados por la justicia penal, entre otros.
Esas medidas concretas, junto a un relato inequívocamente comprometido con el respeto a los derechos humanos, son pasos necesarios en el camino que se debe transitar para dejar atrás los pactos de silencio y avanzar hacia un verdadero “Nunca más”.
