Opinión
Negar, entonces, la vulneración de múltiples derechos a partir del 11 de septiembre de 1973, abarcando desde los más básicos –como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y a la protección de esta–, hasta otros como la libertad personal o la libertad de expresión, entre muchos más, es desconocer años de acuerdos y consensos por la paz, es justificar la violencia desmedida y perversa en detrimento de la mayoría, es avalar la barbarie, que se define como “el actuar fuera de norma de cultura y en especial de carácter ético, propio de salvajes, crueles o faltos de compasión hacia la vida o la dignidad de los demás”.
A propósito de los 50 años del golpe militar y posterior dictadura que durante diecisiete años persiguió, secuestró, torturó, asesinó y socavó de las maneras más sádicas y crueles la dignidad de más de 40 mil personas, según las estimaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), es plenamente legítimo y necesario hacer una pausa dentro de la contingencia nacional e internacional para reflexionar sobre este periodo oscuro del país en materia de derechos humanos y para condenar las atrocidades cometidas, con el fin de que nunca más vuelvan a ocurrir actos similares en nuestra amada tierra.
Los derechos individuales y colectivos no surgen por antojo sino por menester, a fin de fijar criterios de justicia y proporcionalidad, así como brindar una convivencia en la que primen la paz y el bienestar común. No debemos olvidar que los derechos fundamentales son inalienables a cada ser humano y, por consecuencia, nos debemos respeto y tolerancia mutuamente, aun cuando pensemos diferente, porque esos principios marcan las bases también de la democracia que tanto anhelamos y protegemos.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar, por ende, constituyen la falta más grave hacia todo lo que hemos construido como sociedad y como nación incluso, ultrajando la dignidad como personas, violando los derechos y libertades, los tratados internacionales y nuestra propia Constitución, más allá de los acuerdos y desacuerdos que suscite.
Negar, entonces, la vulneración de múltiples derechos a partir del 11 de septiembre de 1973, abarcando desde los más básicos –como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y a la protección de esta–, hasta otros como la libertad personal o la libertad de expresión, entre muchos más, es desconocer años de acuerdos y consensos por la paz, es justificar la violencia desmedida y perversa en detrimento de la mayoría, es avalar la barbarie, que se define como “el actuar fuera de norma de cultura y en especial de carácter ético, propio de salvajes, crueles o faltos de compasión hacia la vida o la dignidad de los demás”.
Barbarie o algo peor que eso, porque no hablamos de salvajes o personas sin formación. Al contrario, hablamos de la perversión pura de idear las formas más brutales de dolor haciendo uso del conocimiento, de artefactos y de mecanismos creados como fruto del desarrollo de la civilización. Barbarie se queda en la insignificancia, probablemente, y para esta total insensibilidad quizás no exista siquiera nombre.
