Opinión
Sebastián Beltrán/Agencia Uno
Dentro de varias aberrantes normas aprobadas hasta ahora en el actual proceso constituyente, la referida a los embajadores parece sensata: mantener la prerrogativa presidencial, pero que la persona nombrada deba hacer una presentación en el Senado para, en el fondo, mostrar sus aptitudes para el cargo. Esto parece una solución razonable, porque no devuelve la potestad al Parlamento para ratificar, lo que significaría reeditar los bloqueos por razones ajenas a la persona y, sobre todo, por el “cuoteo” que vemos en otros nombramientos en el Estado, pero, al mismo tiempo, haría públicas las aptitudes de las personas nombradas, para así forzar a elevar el estándar que a veces deja bastante que desear (en los gobiernos de todo signo político).
Cada vez que viene un cambio de Gobierno o hay algún incidente que involucra a un embajador, vuelve en la prensa el eterno debate de cómo deben nombrarse los embajadores. Y son dos aspectos los que principalmente se discuten: si debe mantenerse o no la facultad presidencial exclusiva en los nombramientos y de dónde deben provenir las personas nombradas para estos cargos.
Sobre el primer punto, dentro de varias aberrantes normas aprobadas hasta ahora en el actual proceso constituyente, la referida a los embajadores parece sensata: mantener la prerrogativa presidencial, pero que la persona nombrada deba hacer una presentación en el Senado para, en el fondo, mostrar sus aptitudes para el cargo.
Esto parece una solución razonable, porque no devuelve la potestad al Parlamento para ratificar, lo que significaría reeditar los bloqueos por razones ajenas a la persona y, sobre todo, por el “cuoteo” que vemos en otros nombramientos en el Estado, pero, al mismo tiempo, haría públicas las aptitudes de las personas nombradas, para así forzar a elevar el estándar que a veces deja bastante que desear (en los gobiernos de todo signo político).
El segundo tema tiene que ver con el lugar desde donde deben provenir las personas nombradas en estos cargos. Aquí hay una grave confusión conceptual que no siempre es inocente, porque hay claros intereses involucrados desde distintos sectores.
En primer lugar, es necesario señalar que todos los cargos de embajadores son de “confianza presidencial”, por lo tanto, son nombramientos políticos y no solamente técnicos. Segundo, que hay distintos modelos en el mundo para el nombramiento de embajadores. En muchos casos, todos o la gran mayoría provienen del Servicio Exterior, pero en otros no. Entre estos últimos están, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, entre otros. Cada país tiene una historia y tradiciones distintas y lo importante es asegurar que las personas nombradas tengan las competencias profesionales adecuadas para el cargo.
El problema en Chile no ha sido el que no todos provengan de la carrera diplomática, como se insiste regularmente en los medios. El problema ha sido que con frecuencia se ha nombrado a personas que no tienen las mínimas competencias para desempeñarse en tan altos cargos y después hemos visto las consecuencias en varios casos, en las últimas décadas. Y esto parte cuando uno escucha conversaciones en distintos espacios, donde cualquiera se siente con los atributos para ser embajador y, si tiene buenas conexiones, muchas veces lo consigue. Eso no debiese ser así, menos en un país como Chile, tan integrado al mundo, pero con recursos limitados, y donde un buen representante puede hacer una gran diferencia en posicionar o promover de manera más eficaz nuestros objetivos e intereses.
Ahora, las personas con competencia profesional pueden provenir de diversos ámbitos y eso depende de la actividad previa que hayan realizado. Por cierto, los profesionales del Servicio Exterior tienen el legítimo derecho de aspirar a terminar su carrera en el cargo y a que una porción importante de embajadas sean ocupadas por personas provenientes de ese servicio, pero en otros ámbitos hay también expertos que pueden desempeñarse con iguales capacidades, por su trayectoria.
Pensemos, por ejemplo, en un exparlamentario que estuvo largos años en las comisiones de Relaciones Exteriores, un economista, cientista político o abogado que tiene una larga carrera en organismos internacionales, un político con una vasta experiencia internacional, o un académico de relaciones internacionales que lleve años trabajando en la materia.
Por eso, la experticia profesional puede provenir de distintos ámbitos y lo importante, entonces, es asegurar que sea alguien del Servicio Exterior o alguien de otro espacio que tenga las competencias necesarias para la función a desempeñar. Y esto, la verdad, se ha cumplido bien a medias hasta ahora, en todos los gobiernos, sin excepción. Por eso, una suerte de examen en el Senado, junto con una evaluación más rigurosa de los antecedentes profesionales del candidato, ayudaría al menos a reducir la discrecionalidad que impera hasta ahora, pues a veces los presidentes no han sido bien asesorados sobre las personas que les proponen círculos interesados, sin que exista una segunda opinión a la que los mandatarios puedan acceder antes de adoptar una decisión final.
Aún hay tiempo de corregir. Vamos a ver si esta vez existe la voluntad política para hacerlo.
