Opinión
Jesús Martínez/AgenciaUno
El Gobierno enfrenta un duro escenario de fragmentación en el Congreso, donde las fuerzas populistas como el Partido de la Gente, junto a los partidos de Chile Vamos, más el Partido Republicano, encontrarán puntos en común para presionar al Ejecutivo por cambios importantes a la iniciativa original. No obstante, el foco de atención estará en los estándares de probidad a raíz de los casos de corrupción originados por el denominado caso Convenios.
El pasado 29 de septiembre, el Presidente la República presentó al país los pilares de lo que será la Ley de Presupuestos del sector público del año 2024. A grandes rasgos, la propuesta contempla un aumento de un 3,5% en comparación con el presupuesto anterior, cuyas prioridades estarán concentradas en seguridad, crecimiento económico y aumento en los estándares de probidad en el traspaso de recursos, lo que no constituye mayores sorpresas.
En el plano legislativo, sabemos que los parlamentarios no pueden aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, sino más bien reducir los gastos que se enmarcan dentro del propio proyecto de ley. Sin embargo, detrás de esa imagen un tanto reactiva por parte del Congreso, la negociación presupuestaria del presente año no estará libre de dificultades.
El Gobierno enfrenta un duro escenario de fragmentación en el Parlamento, donde las fuerzas populistas como el Partido de la Gente, junto a los partidos de Chile Vamos, más el Partido Republicano, encontrarán puntos en común para presionar al Ejecutivo por cambios importantes a la iniciativa original. No obstante, el foco de atención estará en los estándares de probidad a raíz de los casos de corrupción originados por el denominado caso Convenios.
Por dicha razón, el oficialismo ha planeado introducir modificaciones que regulen de mejor forma las transferencias corrientes y de capital que puedan llegar a instituciones privadas sin fines de lucro, así como una serie de cambios (se estiman alrededor de 500) a nivel de glosas, con el propósito de alinear a las instituciones con el articulado provisto en la normativa presupuestaria, junto con una actualización de los clasificadores presupuestarios.
No obstante, la oposición podría encontrar insuficientes estas medidas, por lo que iniciaría una potencial ofensiva hacia la titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez. No olvidemos que Martínez (militante de Revolución Democrática) ha sido apuntada por el mundo opositor como una de las responsables de la flexibilización de la normativa en el traspaso de recursos a nivel de Gobiernos Regionales, junto con eliminar la norma que hacía exigible al menos dos años de trayectoria a las fundaciones receptoras de fondos públicos. Por tales razones, se ha especulado que podría terminar saliendo como producto de un canje con la oposición para despejar o cerrar la aprobación del presupuesto para el próximo año.
Las principales voces para negar este posible escenario han salido desde el propio oficialismo. El Presidente Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se han encargado de blindarla, asegurando que Martínez no saldrá de su cargo por razones políticas. Estas apariciones dejan más dudas que certezas de aquí al cierre de la negoción presupuestaria. Más allá de lo que ocurra, es bastante singular que el nombre de quien dirige la Dipres cobre mayor relevancia que el contenido del Presupuesto 2024.
Por ende, el Gobierno no debe dar por sentado que sus propuestas en materia de transparencia serán suficientes, y no serán pocas las oportunidades en las que suene el nombre de Javiera Martínez, cuyo cargo debería tener un perfil más técnico, pero cuya figura se ha politizado desde el caso Convenios.
La tramitación del Presupuesto 2024 se asoma como compleja a causa del surgimiento de casos de corrupción, lo que ha unificado a la oposición. Es por ese motivo que las propuestas gubernamentales en materia de transparencia no deben darse por sentadas. Es muy probable que el Gobierno tenga que ceder en muchas de sus propuestas en lo que a partidas presupuestarias se refiere, no solamente para la aprobación del proyecto, sino además para que la actual directora de la Dipres no termine abandonando su cargo. Lo que queda claro es que la movida de negar cualquier posible cambio en dicho cargo solo deja más dudas que certezas.
