Opinión
AgenciaUno
Los dos socavones producidos en el extremo sur poniente del campo dunar de Concón son una consecuencia evidente de una intervención antrópica desmedida y dominada por la ambición de la autoridad pública y de los desarrolladores.
En efecto, en el considerando 16 de un fallo fechado el 5 de junio de ese año (no es casual que el máximo tribunal dictara estas sentencias en la misma fecha en que se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente), debido a una causa iniciada por Duna Viva contra Inmobiliaria VIMAC y otros, advertían los jueces (haciéndose eco del Informe del geólogo Luis Ribba) que “hay un potencial de daños irreparables en las áreas protegidas en este instante, que debe ser evaluado responsablemente por profesionales independientes acerca de los derrumbes posibles, por obras que se están desarrollando en ambos extremos Norte y Sur del Santuario. Ello si se quiere asegurar evitar daños en él”.
Además, señalaban que “mientras no ocurra un escenario de lluvia intensa con acumulación de cientos de mm seguido de un terremoto magnitud cercano a 9, es difícil comprender qué grandes fenómenos de licuefacción pudieran ocurrir. Sin embargo, en esta época de grandes cambios climáticos y con la amenaza que reviste el terremoto pendiente en la zona central, las probabilidades pudieran estar mucho más cerca de lo que se cree”.
Eso fue exactamente lo que sucedió, no una vez, sino que dos veces, produciéndose los socavones en el campo dunar que han sido noticia estas últimas semanas y que han conmocionado al país. A estas alturas del partido ya no nos sorprende. Es de esas ingratas situaciones en donde Duna Viva (que es integrada por la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar) tuvo la razón, después de advertirlo muchas veces, pero desearía nunca haberla tenido.
En efecto, por más de 10 años el movimiento Duna Viva advirtió por todos los medios a la opinión pública, a la prensa, a las autoridades comunales, gubernamentales y ambientales, Poder Judicial e incluso parlamentarios, que era muy probable que este desastre ocurriera y que causaría un daño irreparable al santuario dunar. Para evitar aquello fue que se inició una defensa de la duna con acciones concretas: innumerables recursos y presentaciones, tanto judiciales como administrativas, un documental, campañas en redes sociales, etc.
Por milenios, el campo dunar se mantuvo impoluto y hasta la década de los 80 no existían construcciones, ni edificaciones, más allá de algunas casas aledañas a este. Las dunas eran un espacio de esparcimiento, recreación y descanso para la comunidad local, acciones que hoy sabemos y somos conscientes de que también generan un impacto en el ecosistema, pero muchísimo menor de lo que ha significado la depredación inmobiliaria que comenzó a inicios de los 90 y se intensificó a principios de los años 2000.
La gran responsable de esta destrucción es la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón (Reconsa), que ha depredado y usufructuado la duna de manera sistemática y permanente. Fueron ellos quienes, entre gallos y medianoche, se hicieron de la propiedad de las originales 600 hectáreas en los años 80, con el único objeto de urbanizar, lotear y vender al mejor postor para facilitar la depredación inmobiliaria.
No es posible entender el enjambre de edificios que ha reducido, dañado y rodea lo que queda de campo dunar sin la existencia de Reconsa. Y es imposible concebir el nacimiento de esta, su giro y visión de negocios, sin la complicidad de la autoridad pública de la época. Un primer decreto (481) se dictó el año 1993, protegiendo 50 hectáreas de las aún 150 hectáreas sin edificar existentes en la época, pero al año siguiente, mediante un nuevo decreto (106), la cantidad de hectáreas protegidas bajó a solo 12. ¿El motivo? El reclamo de Reconsa, con la ayuda de jerarcas del PDC, que además fueron nombrados ministros en el gobierno entrante de Frei Ruiz-Tagle.
Lo sorprendente acá es que es ya conocida de manera pública la filiación política de los mandamases de Reconsa: los Figueroa, los Pérez Yoma, insignes militantes del partido de gobierno de la época. No es difícil imaginar los telefonazos, reuniones o la “cocina” que se desarrolló para modificar el decreto y dejar un espacio mínimo finalmente protegido.
Por otro lado, se puede apuntar como responsables por acción u omisión culpable, sin lugar a dudas, a todas y cada una de las administraciones municipales de la ciudad de Viña del Mar, incluyendo a la actual, de la alcaldesa Ripamonti, y, desde 1996, a las de Concón. Nada hicieron durante más de 30 años por proteger el campo dunar. Para qué hablar de los directores de obras municipales de ambos municipios. No solo nada hicieron, sino que derechamente fueron cómplices y propiciaron la destrucción y el ecocidio.
No es azaroso que el gran auge de construcciones que se vivió (por el lado de Viña del Mar) durante los años 2000 haya coincidido con la gestión edilicia de la exalcaldesa Virginia Reginato. Su principal “aliado” para facilitar la labor de las inmobiliarias, el Sr. Julio Ventura, sigue hasta el día de hoy como director de Obras del municipio viñamarino. La mayoría de los proyectos que rodean el santuario de la naturaleza del campo dunar, entre los que han sido foco de la catástrofe reciente, fueron presentados y aprobados durante el tiempo de su gestión, sin considerar para nada el daño ambiental que se produciría, ni menos en el lugar en que se emplazarían. Ninguna autoridad se preguntó si era necesario o se requería algún permiso ambiental, previo a otorgar permisos de construcción o al momento de recepcionar una obra en esa área.
Tampoco ha sido ajeno a esta crisis el desarrollador inmobiliario, quien no ha cambiado el paradigma que contiene una lógica absolutamente anacrónica centrada solo en ganar-ganar. En ese contexto era habitual que pudieran irrespetar la Ley, construir sin escuchar a las comunidades, desconocer el medioambiente y el colapso climático, etc. En los casos más graves han sido los tribunales superiores de justicia los que han declarado las ilegalidades, delitos y sanciones respectivas a instancias de las decenas de presentaciones y acciones de Duna Viva, pero no deja de llamar la atención la total ausencia de autocrítica respecto de su grado de responsabilidad en este desastre, pues durante años, con el objeto de conseguir únicamente un beneficio económico, han podido conseguir interpretaciones favorables a ellos de la norma urbanística y ambiental, evitar cambios en ella, no considerar las disposiciones que protegen el medioambiente, etc.
Esta mirada de negocios es propia del siglo pasado, pues no se hace cargo tanto de los desafíos de la época como del evidente cambio climático. De esta manera, la urbanización del sector y la ejecución de proyectos en un espacio de tiempo reducido y desprovisto de toda evaluación ambiental en el campo dunar de Concón, han producido una evidente sobrecarga en un sector que acoge, desde antiguo, un ecosistema extremadamente frágil y digno de conservación.
Los dos socavones producidos en el extremo sur poniente del campo dunar de Concón son una consecuencia evidente de una intervención antrópica desmedida y dominada por la ambición de la autoridad pública y de los desarrolladores. Durante décadas se han advertido los riesgos que conlleva la depredación inmobiliaria en el campo dunar y los daños irreparables que se podrían producir, y el movimiento Duna Viva ha presentado ante las autoridades administrativas competentes y ante los tribunales superiores de justicia sendos informes técnicos que explicitan los peligros que genera esta nefasta comprensión del desarrollo en el sector, en el marco del cambio climático.
La lamentable materialización de los socavones se erige como una oportunidad única para transformar la visión de desarrollo inmobiliario y cambiar el paradigma del desarrollo económico. La sobresaturación de la duna invita a todos los actores vinculados al sector, tanto públicos como privados, a cuestionarse seriamente el destino del campo dunar de Concón de aquí en adelante. La comprensión de la duna como una unidad milenaria y como un valor en sí mismo, que provee por sí sola beneficios para todas las personas, debe ser considerada como un aspecto para el desarrollo de las comunas de Viña del Mar y Concón.
Por lo pronto, parece evidente que la naturaleza ha acusado recibo. Es hora de limitar fuertemente el desarrollo urbano en el sector y de que la evaluación ambiental de proyectos que se ejecutan en sus cercanías sea un requisito indispensable para el bienestar y seguridad de la ciudadanía.
