Opinión
Pablo Ovalle Isasmendi/AgenciaUno
Hay un desafío importante con respecto a la representatividad que muestran las áreas de protección terrestres y marinas. De los 125 ecosistemas terrestres, solo 41 poseen un plan de manejo adecuado y, de los 28 ecosistemas marinos y costeros relevantes, solo 7 áreas poseen planes de manejo.
La triple crisis que atraviesa el mundo no tiene precedente. Dentro de ella, la pérdida de la biodiversidad (de ecosistemas y especies) es la dimensión que hoy nuestro país debe enfrentar desde la sociedad civil, la academia, las ONG, organismos públicos y privados, ya que Chile es uno de los países que presenta mayores riesgos.
De hecho, el país presenta siete de los nueve criterios de vulnerabilidad que establece Naciones Unidas.
Chile posee 4.270 kilómetros de costa lineal y una biodiversidad única, pero solo en la Patagonia esta cifra aumenta a 100 mil km de borde costero, al considerar las más de 40 mil islas que componen este sistema archipelágico. Es por ello que el 11 de noviembre se establece el día del consenso por la preservación, reflexión y visibilización de la naturaleza, como nuestro gran patrimonio ambiental y garantía para las generaciones futuras, al establecer a las Áreas Protegidas como un pilar representativo de la identidad y vocación de Chile como país tricontinental.
El Ministerio del Medio Ambiente considera por área protegida a nivel nacional a aquellas “porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental” y, desde esa concepción, contribuir a la supervivencia de los seres humanos, a través de la alimentación, el oxígeno y, además, resguardar la diversidad biológica.
Según cifras del reciente informe “Actualización de las estimaciones de las brechas de financiamiento del sistema nacional de áreas protegidas de Chile”, del Dr. Eugenio Figueroa, para el Centro de Estudios Públicos (CEP), las áreas terrestres públicas y privadas del país ascienden al 23%, aproximadamente, de su territorio, estableciéndose como uno de los países con mayor superficie protegida del mundo.
Por otro lado, las áreas marinas que tienen algún grado de protección ascienden a un 42,3%, superando en este ítem con creces la Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad (MGBD) post 2020 de las Naciones Unidas, de proteger un 30% de sus ecosistemas al año 2030.
Sin embargo, hay un desafío importante con respecto a la representatividad que muestran las áreas de protección terrestres y marinas. De los 125 ecosistemas terrestres, solo 41 poseen un plan de manejo adecuado y, de los 28 ecosistemas marinos y costeros relevantes, solo 7 áreas poseen planes de manejo.
Otros de los retos que presenta la política pública de las áreas protegidas en el país son la educación, la visibilización del riesgo y el monitoreo de actividades industriales que pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad y ecosistemas existentes en dichas zonas protegidas.
Las concesiones salmoneras al año 2022 sumaban 1.359, de las cuales 402, es decir, el 30%, se situaban en áreas marinas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).
La Patagonia es un ejemplo representativo del impacto de la salmonicultura en la biodiversidad marina. A pesar de tener fiordos únicos en el mundo, donde circulan y se alimentan cientos de ballenas, y de poseer extensísimas áreas de bosques de algas pardas que son el refugio de miles de especies y que además contribuyen de manera sustancial en la captura de carbono atmosférico (CO2), las actividades de las salmoneras industriales en el sur de Chile están poniendo en serio riesgo esta biodiversidad.
Ya sea por el inmenso ingreso de nutrientes a través de las heces de los salmones que se depositan en el fondo marino, el excesivo uso de antibióticos, la basura marina o los choques de las embarcaciones con ballenas, el desarrollo de esta industria está deteriorando preocupantemente todo el ecosistema marino de nuestra Patagonia.
Para que las áreas protegidas cumplan con el objetivo específico de conservación y/o preservación de la biodiversidad, es necesario que cese el desarrollo de cualquier tipo de actividad industrial, pues es incompatible con el objetivo por el cual se establece esta medida de protección.
Celebramos el primer Día Nacional de las Áreas Protegidas, porque es una acción en la cual finalmente, después de tantos años en discusión, existe un compromiso oficial y reconocimiento para proteger y resguardar nuestro patrimonio natural. La responsabilidad para llevarlo a cabo es de todos quienes habitamos este hermoso país.
Confiamos en que las autoridades tomarán decisiones consecuentes que simbolicen la importancia cultural, histórica, económica y social que tiene la naturaleza para nuestro país, y que está directamente relacionada con nuestra supervivencia en el planeta.
