Opinión
Víctor Huenante/AgenciaUno
Entre los aspectos a regular están la estructura jurídica, la composición de las juntas de accionistas, directorios, controles, evaluación de la gestión, planes de inversión, endeudamiento, destino de los dividendos, remuneraciones de los ejecutivos y del personal.
Uno de los principales logros en el desarrollo económico del país en el siglo XX fue la creación de empresas estatales que incentivaron la industrialización. En ello tuvo un papel esencial la Corfo, en cuyo ámbito se generaron Enap, Endesa y varias empresas más, algunas de las cuales subsisten hasta la actualidad. De esta manera el país dejó de depender básicamente del salitre para su progreso.
En 1970, durante el Gobierno de Allende, uno de sus objetivos fue aumentar la presencia del Estado en el sector productivo, especialmente en las grandes empresas privadas, mediante diferentes traspasos. Con la dictadura se inicia un proceso de retroceso de lo anterior, tratando de privatizar lo más posible. Con la recuperación de la Democracia la situación se conservó a grandes líneas, con un sector público de importancia en la producción, como es el caso de Codelco.
En el presente se ha manifestado el tradicional debate entre estatistas y liberales sobre la propiedad empresarial. Por una parte, el programa de gobierno del Presidente Boric planteaba la conveniencia de crear y desarrollar empresas estatales, como fomento similar a la industrialización del siglo XX, un sueño que ignora el mundo moderno, en que el papel del Estado se centra en mejorar la regulación y competencia en los mercados y no en una tarea productora. Por otra parte, la derecha continúa predicando la primacía de la empresa privada, acusando de ineficiencia al área productiva estatal y preconizando la libertad económica.
Sin embargo, la realidad muestra que los extremismos en este caso no se ajustan a la realidad. En el sector público hay actividades eficientes, en especial las grandes entidades, pero hay también otras que muestran claros atrasos, pero resulta que en las empresas privadas la situación es similar, con firmas que fracasan y, en innumerables casos, llegan a la quiebra o la insatisfacción de sus propietarios, sean grandes o pequeños.
Uno de los aspectos centrales del necesario proceso de modernización del Estado que contribuya a recuperar el crecimiento económico que hubo en los primeros gobiernos de la Concertación es revisar la normativa que rige a las empresas públicas, hoy dependientes de diferentes organismos, en sus estructuras legales y controles.
En la actualidad la dependencia es dispersa. Las más grandes cuentan con leyes orgánicas y diferentes grados de autonomía, como es el caso de Codelco, BancoEstado, Enap y Enami, entre ellas; también diferentes mecanismos para designar sus directorios, tributación o contraer deudas. Otras están regidas por otras normas, como es el caso de Ferrocarriles, el Metro, Televisión Nacional, Casa de Moneda, Enaer, Famae y Asmar. Y también existe el grupo dependiente de Corfo a través del Sistema de Empresas Públicas, como, por ejemplo, Correos, Zofri, la Polla, Sasipa y otras menores.
La dispersión también está referida a la composición de la propiedad, donde en varias hay participación del sector privado, en diferentes formas, como algunas portuarias o el régimen de concesiones.
Entre los aspectos a regular están la estructura jurídica, la composición de las juntas de accionistas, directorios, controles, evaluación de la gestión, planes de inversión, endeudamiento, destino de los dividendos, remuneraciones de los ejecutivos y del personal. El tema es complejo y tiene muchos interesados de diversa índole, no solo propios de cada institución sino también políticos, gremiales y representantes del sector privado.
Por otra parte, conviene aclarar la dependencia pública, ya que intervienen los Ministerios de Economía, el principal, pero también Hacienda, Minería, Transportes, Agricultura, la Corfo y el Banco Central.
La situación se complica cuando las firmas privadas compiten con las públicas, como ocurre con las universidades, escuelas, hospitales, entidades de salud, bancos y otros servicios mercantiles, como correos.
Un tema pendiente de definición es la posibilidad de crear una AFP estatal, como ha sido planteado, pero dependerá de las definiciones de la reforma previsional en trámite parlamentario.
Como se observa, está pendiente una clarificación sobre un sistema excesivamente disperso.
El otro elemento que es necesario agregar y que requiere de definiciones, es la insuficiente regulación de los mercados, cuestionada en la actualidad, como es el caso de la fijación de tarifas. Es de gran importancia, pues ayudaría a resolver y clarificar asuntos que han contribuido a atrasos en la recuperación del desarrollo económico y las posibilidades de inversión. El caso del litio es el mejor ejemplo de los deseos de crear empresas estatales, sin disponer de los recursos financieros y la tecnología necesaria, perdiendo la oportunidad de aprovechar el notable crecimiento de los precios del metal.
