Opinión
Si todo este razonamiento es aceptable, parecería conveniente que tanto la derecha como la izquierda depusieran el ánimo refundacional y fijaran la atención en el avance de las reformas que nos aproximen a la realización de un Estado social de derecho.
El plebiscito del 17 de diciembre podría marcar el fin de la aventura refundacional. Para algunos, la derrota plebiscitaria significa que la Constitución del 80 se ha consolidado para siempre. Otros niegan esto y piensan que es necesario reemplazarla por una nueva Constitución. Un nuevo intento refundacional sería necesario para exorcizar el espectro de Pinochet que se cierne sobre la actual Constitución. No creo equivocarme al pensar que estas opiniones encontradas definen a la derecha y a la izquierda, respectivamente.
La derecha se opone a la idea refundacional. Como reconoce editorialmente El Mercurio, la derecha estima que auspiciar lo refundacional “apunta a la idea de apartarse de la tradición reformista que en general ha caracterizado nuestra historia e introducir cambios radicales en la forma de entender un Estado constitucional” (8 de julio, 2021).
Pero hay que recordar que el punto de partida de la aventura refundacional tiene lugar en septiembre de 1973. Su propiciador es Jaime Guzmán, cuya actividad política se define, siguiendo el modelo carlista del franquismo, por la idea de ir más allá de una reforma de la Constitución del 25 y crear una nueva institucionalidad. Como indica Sofía Correa, la Junta Militar “no solo asumió el poder total, sino que también derogó la Constitución de 1925 y se arrogó el poder constituyente”. Comienza así la aventura refundacional.
Resulta sorprendente comprobar la rapidez con que El Mercurio se embarca en esta aventura y pasa a dirigir su rumbo. El 16 de septiembre, a escasos cinco días del golpe, el diario proclama “el carácter fundacional de la intervención” y afirma que “circunstancias ajenas a las Fuerzas Armadas y Carabineros, han determinado (…) que estas instituciones profesionales y apolíticas tengan ahora que fundar un régimen constitucional que dé garantías a todos los chilenos”. El 3 de octubre un editorial titulado “Constitución y Reconstitución” señala que “la profunda destrucción moral, política y económica de que es responsable la llamada Unidad Popular, exige una verdadera reconstitución del país”. Ello debe iniciar una “etapa histórica realmente nueva”.
La izquierda, por su parte, no adhiere al reformismo tardío de la derecha, sino que busca replicar su gesto temprano al iniciar su propia aventura refundacional. Al embarcarse de lleno en esa aventura, se cierra completamente a la idea de reformar la Constitución del 80. Quien más claramente expresa este proyecto es Fernando Atria, quien repite el camino iniciado por Guzmán, y lo hace también de la mano de Schmitt.
Distingue, fundado en Schmitt, entre Constitución y leyes constitucionales. Una Constitución no es un conjunto de leyes constitucionales, no es un mero texto, sino una decisión fundamental acerca del modo de ser de una comunidad. El texto constitucional mismo podrá reformarse cuantas veces quiera, pero mientras no se modifique la decisión fundamental que lo sostiene, la Constitución será la misma. De ahí Atria puede concluir que las reformas de Lagos en el 2005 fueron meramente textuales y no cambiaron la Constitución misma, que siguió siendo la Constitución de Pinochet.
La derecha representada por el senador Chadwick reitera, en 2005, el argumento refundacional de Guzmán: “Por muy importante que hayan sido las reformas [de Lagos]… sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen sus instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva Constitución se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reformas”. Es precisamente esto lo que Atria quería oír para echar a andar su proyecto refundacional.
La salida de este callejón no podía ser una reforma constitucional, sino derechamente iniciar la aventura revolucionaria para doblarle la mano a Guzmán usando sus propias armas. Después de invocar la noción de Poder Constituyente en dos plebiscitos, esa aventura ha probado ser un callejón sin salida y seguirá siéndolo mientras la izquierda insista en la idea de una nueva Constitución, si no en el corto plazo, definitivamente en el largo plazo.
Por mi parte, comparto el objetivo de Atria, a saber, restaurar el Estado de derecho social que alcanzó su mayor expresión histórica bajo el amparo de la Constitución del 25. Creo necesario abolir la “tiranía del mercado” (Cristi 2021), la que busca asfixiar, hambrear y estrangular al Estado administrativo democrático, o “ahogarlo en la bañera”, como lo expresara el operador neoliberal Grover Norquist.
¿Qué hacer entonces? Me parece necesario reconocer que a partir de 1989 resulta absurdo pretender que nos regimos por una Constitución que se apoya en el Poder Constituyente de Pinochet. El error consiste en no distinguir entre la Constitución que rige durante la dictadura y la que rige luego del plebiscito de 1989. Materialmente son la misma Constitución, pero formalmente son muy distintas. Una se funda en el Poder Constituyente de Pinochet, la otra en el Poder Constituyente del pueblo. No tiene cabida así la absurda tesis de la continuidad, según la cual sigue vigente hoy en día el Poder Constituyente originario de Pinochet.
Si todo este razonamiento es aceptable, parecería conveniente que tanto la derecha como la izquierda depusieran el ánimo refundacional y fijaran la atención en el avance de las reformas que nos aproximen a la realización de un Estado social de derecho. Una derecha más razonable debería reconocer el error de haber apoyado la senda refundacional que propiciara Guzmán en 1973. Esa derecha debería reconocer el error que detecta ahora El Mercurio, y que consiste en “apartarse de la tradición reformista que en general ha caracterizado nuestra historia e introducir cambios radicales en la forma de entender un Estado constitucional”.
Una izquierda más razonable no debería replicar la senda revolucionaria emprendida por Guzmán, y que causara tan profunda fractura en nuestro tejido social. La izquierda debería reconocer el error político que fue apelar prospectivamente a la noción del Poder Constituyente para hacer efectiva la legítima demanda popular por un Estado social de derecho. Solo es posible detectar la acción del Poder Constituyente retrospectivamente; es decir, “después que la realidad ha consumado su proceso de formación, y se halla ya lista y terminada… El búho de Minerva recién alza su vuelo en el ocaso” (Hegel).
