Producir más y mejores alimentos, pero ¿con qué agua?

Estas semanas, la vulnerabilidad de Chile ante el cambio climático y sus efectos en la crisis hídrica ha cristalizado un debate público ineludible sobre qué medidas debemos adoptar, tales como desalinización, tarificación por sobreconsumo o fortalecimiento de la fiscalización. Al respecto, no es menor señalar que Chile se sitúa en un nivel extremadamente alto de estrés hídrico, ascendiendo, recientemente, al puesto 16 a nivel mundial y al primero en América Latina y el Caribe, según la última actualización del ranking generada por el World Resources Institute, el año 2023.

Los efectos adversos al cambio climático a lo largo del territorio son notorios, observándose no sólo aumento en temperaturas, reducción de pluviometría y acumulación de nieve, sino que también una alteración en patrones de precipitación, incrementando la frecuencia e intensidad de eventos extremos como sequías -en este caso, megasequía– e inundaciones -como las del invierno del pasado año. Estos cambios, unidos a las demandas de agua del país, generan riesgos sobre la disponibilidad de agua, afectando a la seguridad hídrica de personas, ecosistemas y sistemas productivos.

Ante este panorama, el llamado es a adaptarse ante estas condiciones adversas, las cuales se perciben actualmente y según se proyecta, se agravarán a futuro. En este sentido, el Estado de Chile tiene la oportunidad de avanzar en seguridad hídrica mediante la elaboración del primer Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos, instrumento mandatado bajo la Ley Marco de Cambio Climático. Este plan está liderado por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia implementadora y el Fondo Verde del Clima (FVC) como ente financiador.

Dando un paso más allá en la situación país, desde la FAO resulta clave reconocer el nexo entre agua y alimentación, y, por tanto, la estrecha relación entre seguridad hídrica y seguridad alimentaria, en términos de salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, de calidad aceptable, para el consumo humano, la producción y el acceso a alimentos saludables e inocuos. El sector agropecuario es el mayor demandante de agua en Chile. Por ello, tiene una doble tarea: adaptar sus sistemas productivos a la escasez hídrica y evitar la pérdida de aguas por prácticas inadecuadas asociadas a la sobreexplotación y a la contaminación por fertilizantes y plaguicidas.

Al respecto, la FAO recientemente publicó el Policy Brief: “Retos de la gestión hídrica para los sistemas alimentarios en Chile”, en el cual se plantean desafíos y oportunidades que nos permitirán avanzar hacia el logro de sistemas alimentarios sostenibles y adaptados al cambio climático. Entre los elementos que menciona, destaca la necesidad de producir con menos agua. La tecnificación de riego conlleva avanzar en eficiencia hídrica; no obstante, más que permitir la expansión de la superficie regada, debe garantizar la seguridad de riego de la superficie agrícola actual bajo cambio climático.

Asimismo, se debe mirar más allá del canal y el pozo. El aseguramiento del suministro, además de administrar racionalmente la infraestructura gris existente y la explotación sostenible de los acuíferos, implica realizar ajustes normativos para promover el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales, como volver a utilizar las aguas servidas tratadas, captación de aguas atmosféricas, recarga artificial de acuíferos o desalinización, entre otros. Las Soluciones basadas en la Naturaleza como medidas costo-efectivas son inversiones por explorar.

Fundamental resulta la gobernanza para una mejor gestión hídrica en contexto de cambio climático, expresa el documento. La última reforma al Código de Aguas presenta el reto de implementar, entre otros, la priorización de usos, protección de ecosistemas y acceso inclusivo para usuarios más vulnerables. A su vez, algunos retos de la Ley Marco de Cambio Climático recaen en asegurar la coherencia de sus instrumentos de gestión, fortalecer la coordinación entre actores y lograr fórmulas mixtas de financiamiento para implementar soluciones.

Finalmente, la toma de decisiones debe basarse en información y conocimiento. Mejorar la información meteorológica e hidrológica es uno de los aspectos a resolver, resultando esencial robustecer el rol, las competencias y los recursos de la DGA.

Producir más y mejores alimentos (pero ¿con qué agua?) será el desafío que se debe afrontar con medidas concretas en un marco de gestión integrada de los recursos hídricos. Sólo así podremos avanzar en sistemas agroalimentarios eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Desde la FAO y en alianza con el Estado, la sociedad civil y los sectores productivos, seguiremos trabajando por la seguridad hídrica para Chile, contribuyendo a generar un nexo virtuoso entre agua y alimentos.