Opinión
Es imprescindible avanzar en la tarea de abordar de manera integral la inimputabilidad por enajenación mental y trabajar en la implementación de medidas que garanticen el respeto de los derechos de estas personas.
En las últimas semanas se produjo el fallecimiento de dos imputados, A.N.R. y G.G.A., quienes habían sido declarados inimputables durante el proceso penal. Sin embargo, y a pesar de su condición, ambos se encontraban en prisión preventiva, el primero en el CDP Santiago Sur y el segundo en el CDP Santiago 1, a la espera de ser trasladados a un hospital psiquiátrico donde pudieran recibir atención adecuada. Los dos perdieron la vida de manera violenta.
Es evidente que nuestras cárceles no ofrecen las condiciones necesarias para albergar a personas con neurodiversidades. De hecho, las condiciones a las que se enfrentan en estos centros propician un entorno en el que sus derechos, especialmente el derecho a la vida y a la integridad física, son vulnerados.
El tema de la inimputabilidad por enajenación mental ha sido históricamente complejo y poco explorado en Chile. Pese a los avances en la comprensión de las enfermedades mentales y la consiguiente evolución en prácticas y normativas, es innegable que arrastramos una deuda histórica en la forma como abordamos y comprendemos este problema en el ámbito legal. Por ello, es fundamental que busquemos un sistema de justicia más inclusivo y respetuoso con la salud mental.
En este marco, creemos que es necesario hacer un llamado a las instituciones del sistema de justicia penal a avanzar de manera conjunta y especializada en la materia, con el objetivo de evitar que se repitan casos como los de A.N.R. y G.G.A. Es imprescindible avanzar en la tarea de abordar de manera integral la inimputabilidad por enajenación mental y trabajar en la implementación de medidas que garanticen el respeto de los derechos de estas personas. Es hora de adoptar acciones concretas para saldar esta deuda histórica que mantenemos como país.
