Opinión
Este momento de crisis de Atacama es el instante de la verdad para la democracia regional. Ahora no sólo los parlamentarios se han posicionado en forma independiente frente al gobierno nacional sino también su máxima autoridad regional, el Gobernador Miguel Vargas.
La región de Atacama experimenta la tormenta perfecta con su crisis educacional, el cierre de la Fundición de Paipote y los más altos niveles de desempleo del país (10,2%). Sería errado decir que se trata de algo inesperado. Los bajos rendimientos educacionales regionales tienen décadas de antecedentes y los problemas de abastecimiento y rentabilidad de la histórica fundición, también. El “abandono” de Atacama tampoco es novedad y la clasificación de “zona de sacrificio” es observable en cualquier visita a Copiapó-Tierra Amarilla y otras zonas mineras. ¿Cómo se explica esa actitud nacional frente a una región que ha aportado tanto a Chile?
En la conceptualización de Acemoglu, el modelo de institucionalidad extractivista, que por siglos ha afectado a Atacama, se ha encargado de entregar a las elites nacionales (radicadas y gobernantes desde Santiago) elevadas rentas a cambio de transferencias estatales reducidas y direccionadas a lo indispensable.
El componente clave que permitía este intercambio desigual era el riguroso centralismo político (que ponía y sacaba Intendentes cuando convenía) y el control de las elites regionales, impidiendo la formación de una masa crítica de capital humano avanzado que tuviera condiciones de oponerse a ese “trato” (0,8%, el menor del país, junto a Aysén y Tarapacá).
La elección de gobernadores regionales (que fue objeto de todo tipo de obstáculos por esas elites nacionales) representa un cambio político sustantivo y tiene el potencial de representar los intereses regionales y no sólo la defensa de los nacionales (como en el caso de los Intendentes).
Este momento de crisis de Atacama es el instante de la verdad para la democracia regional. Ahora no sólo los parlamentarios se han posicionado en forma independiente frente al gobierno nacional sino también su máxima autoridad regional, el Gobernador Miguel Vargas.
Sin embargo es preciso entender que la crisis de Atacama no se resuelve con programas de incentivos al empleo regional o con más y mejor infraestructura para los colegios SLEP. Esos son “aspirinas” deseables para aliviar síntomas pero que pueden olvidarnos de abordar los temas de fondo. Es fundamentar entender que, en ausencia de una prioridad de los gobiernos nacionales por Atacama en las últimas décadas, el temido “futuro de Atacama” llegó antes de lo esperado.
Por ello, la idea de un Plan Atacama es el camino correcto. En un momento en que Atacama “aparece” destacado en la opinión pública nacional, los actores regionales, liderados por su Gobierno Regional, deben responder formulando una propuesta de mediano y largo plazo en las cuales ellos participen activamente. Un plan de gobernanza estratégica.
Existen condiciones regionales para este Plan a partir de la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2024-2033 formulada por primera vez desde la región (UDA) y con un sistema de gobernanza multiactores y multinivel.
Por su parte, la inversión minera de los próximos años es de las mayores del país (generando demanda de empleo de 40.000 trabajadores durante la década), la energía solar y eólica es creciente y existe seguridad hidríca por las plantas desalinizadoras.
Por cierto es indispensable apoyarse en la recalificación de los profesionales del sistema público regional, especialmente del gobierno regional y en el fortalecimiento de la Universidad estatal regional, con la cooperación de su red de capital humano avanzado nacional e internacional.
Un proceso de diversificación productiva para Atacama, presente historicamente en todas las estrategias regionales y en los planes de todas las autoridades regionales, requiere como condición indispensable de este capital humano avanzado y de liderazgo político y empresarial.
Incentivos de mediano y largo plazo para atraer nuevas inversiones y agentes productivos de esta diversificación son un complemento de esa atracción, retención y desarrollo de talentos para el futuro de Atacama.
Pero para todo ello funcione es indispensable que el sistema institucional público sea liberado de las infinitas trabas con que la burocracia nacional hace saber de la continuidad de su poder y que ahora ejerce con desmesurado celo para “evitar la corrupción en las regiones” (que, por cierto, es mínima en relación a la detectada a nivel nacional). Un sistema de rendición de cuentas regional con participación de los actores del desarrollo territorial (respaldado por una contraloría regional) es claramente mejor que una burocracia encapsulada en el centro de la capital.
Los ciudadanos de Atacama merecen una oportunidad para construir su futuro con el apoyo del resto del país. Sin embargo, como muestra un reciente estudio de OCDE-BID, se requiere formar y capacitar talentos regionales, incluidos lideres políticos y empresariales. Para liberar las energías locales, mejorar las sinergias y ser una contraparte potente y calificada frente a las tecnocracias y elites nacionales. Por ello, es necesario que el sistema de ciencia, tecnologia, conocimiento e innovación invierta urgentemente y en forma significativa en Atacama.
