Cuando se piensa en la solución para la crisis de seguridad que en la actualidad nos aqueja, generalmente la idea viene en orden a propuestas legislativas que implican aumentar penas o crear nuevos tipos penales. Con esto, muchos creen que la solución a los problemas está a la vista, pero – a fin de cuentas – genera una falsa sensación de seguridad, una seguridad puramente formal, pero lejos de la necesaria seguridad real, que es un concepto bastante más orgánico que la mera generación de tipos penales o agravación de penas.
El núcleo del asunto es el siguiente ¿cuál es el límite para crear delitos o agravar figuras?, con el costo institucional que aquello conlleva, porque se requieren más jueces para juzgar, fiscales para investigar y, aunque inmerecidamente obviados, defensores para custodiar a los nuevos imputados y también más recursos penitenciarios para custodiar y rehabilitar a los sancionados. En palabras más simples todavía, la creación de un delito debe necesariamente implicar una fuerza institucional sistémica para responder a la correcta persecución, defensa y juzgamiento del nuevo ilícito.
Actualmente no hay límite alguno para una iniciativa parlamentaria que genere este nuevo delito y, de igual forma, este nuevo gasto. A diferencia de otras materias legislativas, como por ejemplo en temas de seguridad social, la iniciativa debe ser presidencial. En otras materias se requiere de un informe del Ministerio de Hacienda que calcule el gasto referencia del proyecto una vez que se convierta en ley. En términos de lo que estamos tratando, el límite es el cielo o la creatividad.
Conocido es que el populismo punitivo en Latinoamérica, nuestro barrio, es una realidad. Líderes o postulantes a tales, buscan solucionar los problemas de la sociedad mediante – generalmente – la creación de delitos novedosos o actualizados. Con ello se llevan los aplausos iniciales, pero la incertidumbre se genera posteriormente, la mayoría de las veces a poco andar. Los medios de persecución, juzgamiento, defensa y corrección son – por regla general – los mismos y, ante la falla de la acción penal o el incumplimiento de las esperanzas cifradas en ésta, la sensación de frustración y de pérdida de la batalla contra la delincuencia se acrecienta. En resumidas cuentas, mucha ley y poca acción.
Parece una buena y lógica iniciativa de Política Criminal el establecer controles a la acción legislativa en orden a establecer que toda ley que genere un nuevo delito o que agrave uno, tenga obligatoriamente, por mandato constitucional, que contener una proyección presupuestaria que involucre los gastos que generará la persecución, juzgamiento y corrección o sanción de este. Como decíamos, en los tiempos actuales, el límite es la imaginación. La Política Criminal es el resultado de la acción conjunta del Estado en su visión integral, en una Política conjunta que tome los elementos del Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Penitenciario para lograr tanto la prevención del delito, como el juzgamiento correcto y la rehabilitación del delincuente. A riesgo de ser majaderos, la actualidad legislativa no contiene una visión integral de Política Criminal, y una forma de lograr obtener una visión más amplia es el analizar los gastos económicos y de personal que conlleva la generación de un nuevo o agravado tipo penal.
Como acción de última ratio, el derecho penal debe tener mejor custodia que la simple imaginación o el techo del cielo. Pensemos en serio y analicemos una eventual mejora constitucional que incluya el informe de gastos asociados a la creación o agravación de delitos. Así la Política Criminal nacional tendrá posibilidades reales de funcionar y dejará de ser un mero saludo a la bandera.
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