Opinión
Al momento de tramitar la Ley 20.845 el foco principal era la restricción del lucro y una marcada desconfianza hacia la provisión privada. Hoy, con la prohibición de las utilidades y los sostenedores adaptándose a la nueva regulación, parece tener menos sentido mantener las limitaciones que impone.
Uno de los desafíos más urgentes del sistema educativo en los últimos años es la falta de matrículas disponibles. Desde el Ministerio de Educación se ha atribuido el problema a diversos factores, entre ellos, una deficiente organización de la oferta educativa, además de los impactos de la pandemia y la inmigración, como lo señaló el ministro de Educación al informar sobre la emisión de 150 mil RUT provisorios para niños y niñas inmigrantes desde 2022. Sin embargo, más allá de estas explicaciones puntuales, no se ha realizado una reflexión profunda sobre la verdadera capacidad del sistema educativo de adaptarse a una sociedad en constante evolución y cada vez más diversa, considerando el marco regulatorio vigente.
Esta falta de análisis crítico se manifiesta de manera preocupante en la aplicación de la Ley de Inclusión Escolar, diseñada para promover la equidad y la igualdad de oportunidades en la educación en Chile. Esta legislación estableció restricciones significativas para la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados en el país.
Hoy en día, para fundar una nueva escuela se requiere una cuantiosa inversión, ya que la ley exige ser propietario del inmueble que sirve de local escolar. Esto representa una barrera de entrada inalcanzable para cualquier grupo de personas que pretenda fundar un colegio, como ocurría antes del año 2015. Además de ello, se debe demostrar una demanda insatisfecha de matrícula o la ausencia de un proyecto educativo similar en la zona. Estas condiciones han generado una marcada disminución en el número de instituciones educativas en Chile. Según datos del Ministerio de Educación, desde la implementación de la ley hasta el año 2022, aproximadamente 800 establecimientos han salido del sistema.
Esta reducción en la oferta educativa afecta desproporcionadamente a ciertas regiones, especialmente en el norte de Chile, donde la escasez de opciones educativas se ha vuelto más acuciante, vulnerando el derecho de miles de niños y niñas de acceder a educación. Sin embargo, el impacto de la Ley de Inclusión va más allá del grave problema de la disponibilidad de matrículas, pues las restricciones para crear nuevos proyectos educativos han frenado la innovación y los incentivos para la mejora en los establecimientos. Antes de esta ley, fundar una nueva escuela representaba una oportunidad para introducir modelos educativos innovadores y elevar los estándares de calidad a lo largo del país. Hoy en día, la oferta educativa está monopolizada por aquellos que fundaron sus escuelas antes de 2015, sin incentivos claros para mejorar.
Esta falta de renovación en el sector educativo ha tenido un impacto negativo en la calidad de la enseñanza. La ausencia de nuevos proyectos ha limitado las opciones disponibles para los estudiantes y sus familias, quienes se ven obligados a conformarse con una oferta estática y, en muchos casos, insuficiente.
Al momento de tramitar la Ley 20.845, el foco principal era la restricción del lucro y una marcada desconfianza hacia la provisión privada. Hoy en día, con la prohibición de las utilidades y los sostenedores adaptándose a la nueva regulación, parece tener menos sentido mantener las limitaciones que impone.
Por el contrario, promover razonablemente la entrada de nuevos actores permitiría abordar con la urgencia necesaria el problema de una demanda de matrículas que año tras año solo aumenta y, al mismo tiempo, pondría los incentivos en la mejora, contribuyendo así a la equidad del sistema, entendida como el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes del país a recibir una educación inclusiva y de calidad.
