Opinión
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Nos enfrentamos a una criminalidad organizada más compleja pero no inabordable y debemos prevenir que los jóvenes caigan en sus garras.
Otra noticia que rompe la pantalla, otra vez el lamento, otra vez el dolor, otra vez la impotencia.
¿Hasta cuándo seguimos sumando nombres a la lista de niños y jóvenes que caen víctimas de la violencia desbocada en nuestras calles? En el verano el caso del pequeño Antony, de solo cinco años, alcanzado por una bala disparada en medio de un ataque dirigido a su familia en Padre Hurtado, nos golpeó con la crudeza de la realidad que estamos viviendo. Pero Antony no fue el único. Ocho niños y niñas más han perdido la vida en balaceras solo en la Región Metropolitana en este primer cuatrimestre. Y mientras las familias lloran, las investigaciones avanzan lentamente, mostrando un desolador escenario de impunidad.
La comunidad sobrerreacciona solo cuando suceden los hechos. Las autoridades reaccionan tarde y de manera insuficiente, pero no hay prevención real. Se formaliza a unos pocos sospechosos, se persigue a algunos prófugos, se detiene a otros tantos, y a los noticiarios los niños y niñas solo les importan un día, mientras hay noticia. Pero ¿qué hay más allá de estas medidas reactivas? ¿Evitaremos así que otros jóvenes o pandillas sigan enfrentándose? ¿Seguimos mirando cómo los jóvenes creen que con armas son más hombres o más choros y respetados? ¿Qué intervención real estamos haciendo en la cultura marginada colonizada por los valores del crimen organizado y que ve ahí el proyecto de vida posible para la vida de nuestros niños y jóvenes? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo insuficiente.
Iniciativas como las “cotonas antibalas” pueden parecer una solución ingeniosa e inmediata, pero son un paliativo desesperado y reactivo frente a un problema mucho más profundo. ¿De qué sirve proteger el cuerpo si no protegemos el presente de los niños y niñas y de esta manera su futuro? Necesitamos abordar las causas de estos problemas e ir más allá de medidas superficiales y enfrentar el problema de raíz.
El verdadero desafío radica en ofrecer a nuestros niños y jóvenes un proyecto de vida, un horizonte de oportunidades que los aleje del oscuro abrazo de las bandas delictuales. Es urgente que las propias familias, las comunidades, los gobiernos locales y el Estado y la sociedad civil asuman responsabilidades y trabajen incansablemente por construir un entorno seguro y prometedor para las generaciones venideras.
El incremento de casos con imputados desconocidos y el uso desmedido de armas de fuego como medio de comisión de homicidios son señales claras de que estamos enfrentando una crisis de seguridad que no puede ser ignorada. La creación de equipos especializados de investigación es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Se necesita una acción más decidida y efectiva, usando al menos seis medidas:
Nos enfrentamos a una criminalidad organizada más compleja pero no inabordable y debemos prevenir que los jóvenes caigan en sus garras. Es hora de invertir en políticas públicas integrales que aborden las causas profundas de la violencia y promuevan la inclusión social y el desarrollo humano. Solo así podremos construir un futuro donde los niños, niñas y adolescentes no sean presas fáciles de la delincuencia, donde puedan crecer y desarrollarse en un ambiente de paz y seguridad. El tiempo apremia, no podemos seguir llegando tarde.
