Opinión
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El impacto de estos estudios levanta una vez más la necesidad de que las universidades y gobiernos regionales dispongan de capacidades de análisis estratégico para evaluar críticamente y con fundamento técnico las investigaciones y políticas que provienen desde el nivel nacional.
El domingo 12 de mayo, El Diario de Atacama tituló en grandes caracteres sobre las medidas sugeridas por líderes regionales para mejorar la gobernanza regional, asumida como la peor del país, a partir de un estudio del Núcleo Milenio CEDIT.
El reportaje muestra la fuerte ideologización y politización de las fuerzas políticas regionales frente a un problema que, a mi juicio, se da por verdadero, sin más cuestión y sin ningún análisis técnico. A mi juicio, el estudio CEDIT, que ha generado tal revuelo en Atacama, adolece de severos problemas metodológicos que impiden obtener conclusiones científicas sobre la gobernanza regional en Chile (y menos sobre Atacama). En concreto, no es posible afirmar que la gobernanza de Atacama sea la peor del país.
Los autores del estudio no han mostrado aún en detalle la metodología del mismo (ficha técnica, el cuestionario de preguntas, las comunas donde se realizó la encuesta e indicadores, como la tasa de no respuesta). La base de datos prometida no se encuentra disponible. Peor aún, en su presentación, en la Universidad Católica en Santiago, no fue posible formular preguntas al expositor del estudio.
Si bien eso dificulta un mayor análisis del estudio de CEDIT, con los datos publicados sobre su metodología es posible afirmar que los resultados sobre los índices de gobernanza regional carecen de validez y confiabilidad, dos condiciones básicas en cualquier investigación y encuesta de opinión pública. Vamos a explicar por qué.
La validez del estudio de “gobernanza” se ve afectada por el simple hecho de que no existe una correlación directa entre el concepto de gobernanza, las variables que de allí se derivan y los indicadores utilizados para medirla. En concreto, no se puede medir la gobernanza regional simplemente preguntando a sus habitantes sobre la calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad pública.
Uno de los mayores especialistas mundiales en el tema, Joan Prats, definió hace dos décadas ese concepto como “la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre estos y las organizaciones empresariales y de la sociedad civil”. Y ese es el mismo concepto que CEDIT utiliza en su estudio. Hasta ahí todo bien, solo que después, en la operacionalización del concepto, se dejan seducir por la fácil tarea de preguntar por la experiencia de uso de ciertos servicios públicos. Es decir, reducen el concepto a una variable y tres indicadores, que no logran medir el concepto de gobernanza regional asumido por ellos mismos.
Tampoco existe alguna referencia a datos administrativos que pudieran comprobar que esas percepciones son reales (de hecho, los estudios del INE sobre seguridad ciudadana muestran que Atacama es la de mejores índices nacionales, después de Aysén y Magallanes). Mineduc muestra también el fuerte mejoramiento de la calidad de la educación de los SLEP en Huasco. Percepción no es un hecho y el estudio CEDIT no consigue medir, en forma válida, “gobernanza regional”, porque ese concepto no puede ser reducido al indicador utilizado.
La confiabilidad, por su parte, dice relación con garantizar que, si se repitiera el mismo estudio utilizando la misma técnica de medición, se obtendrían los mismos resultados. Con la metodología de la investigación CEDIT eso no es posible de asegurar, porque:
Es recomendable que el estudio dé a conocer a la brevedad el cuestionario utilizado, cuestión clave para saber si el orden y/o el tenor de las preguntas específicas realizadas puede inducir a un sesgo en las respuestas (como se ha detectado en numerosos estudios, incluido el más reciente en España sobre la renuncia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez).
Adicionalmente, para el caso de Atacama, el momento en que se realiza la encuestación del estudio (noviembre-diciembre de 2023) coincide con el momento en que las opiniones públicas de Atacama y del país estaban impactadas por la huelga de profesores y el caso SLEP. Es probable que si el estudio hubiese sido realizado a mediados de 2023, las “gobernanzas” de Biobío y de Antofagasta habrían registrado peores índices, dado el clima de opinión pública existente en ese momento en esas áreas.
Ello nos muestra la importancia de evitar “fotografías” respecto de la gobernanza. Lo aconsejable es disponer de series de datos que permitan una visión menos volátil.
Un aspecto de particular importancia política es que no se puede confundir la medición de “gobernanza regional” con una evaluación de la calidad o el desempeño del naciente Gobierno Regional, como algunos dirigentes políticos de Atacama han hecho. En el mejor de los casos, si el estudio hubiese sido realizado adecuadamente, se referiría a la calidad de los servicios nacionales en la región, dado que ellos no han sido transferidos al Gobierno Regional y, por tanto, no son responsabilidad aún del gobernador regional.
Quienes deberían responder por esta mala imagen de opinión pública son las agencias nacionales referidas a educación, salud y seguridad pública. Si el estudio hubiese sido bien hecho, insisto.
Más aún, aunque la metodología hubiese sido impecable, no es posible establecer relaciones de causalidad sino solo correlaciones entre variables. ¿Cómo saber si una mala calificación de los servicios por parte de los ciudadanos de una comuna son atribuibles por ellos realmente a la falta de eficiencia del Gobierno? Por el contrario, puede que ello exprese un cuestionamiento al abandono que algunas comunas pobres sienten respecto del Estado nacional. Un estudio cualitativo podría ahondar en una mejor interpretación sobre la gobernanza de cada región.
El impacto de estos estudios levanta una vez más la necesidad de que las universidades y gobiernos regionales dispongan de capacidades de análisis estratégico para evaluar críticamente y con fundamento técnico las investigaciones y políticas que provienen desde el nivel nacional. Ello ayudaría a mejorar y hacer más rigurosas las investigaciones sociales (y especialmente los rankings regionales que seducen con tanta frecuencia a los investigadores nacionales) y, por cierto, a sugerir medidas y políticas públicas más acordes con las evidencias de la realidad regional.
En un año de elecciones regionales, la responsabilidad de los estudios es más urgente que nunca. Así lo demuestra en este caso el pésimo efecto político y social de una mala investigación y conclusiones poco rigurosas sobre la gobernanza de una región. Antes de la difusión del estudio CEDIT, el capital social y el clima de cooperación de los agentes regionales de Atacama (mejor indicador de la gobernanza, no medido por la investigación) era, ciertamente, mucho mejor que el actual.
