Ciudad pánico y la criminalidad de base

No es la criminalidad, sino el miedo a ser una víctima más, lo que parece ser el principal combustible de la crisis generalizada de seguridad que vive el país. La percepción ciudadana de que las policías se encuentran sobrepasadas por la delincuencia o que en gran medida no hacen todo lo que debieran es un signo alarmante. La crisis de seguridad está en proceso de hacerse terminal a corto plazo, si no cambian drásticamente las orientaciones de las políticas para enfrentarla.

En un régimen parlamentario la situación que vive el país habría provocado la caída del Gobierno. En nuestro presidencialismo, la desatención de la seguridad como política de Estado ha hecho que la responsabilidad compartida que tienen Gobierno y oposición para generarla se transforme en un mero juego de simulaciones para horadar la credibilidad del adversario. Su caja de resonancia es el Congreso Nacional.

Nada se saca con seguir contando el número y variedad de crímenes y delitos, realizar encuestas, o denostar estadísticas sobre crímenes y criminales según quien lo dice. Tampoco es el momento de hacer la reforma integral del sistema carcelario, cambiar la doctrina criminológica del Estado, hacer la reforma integral de Carabineros o generar nuevas leyes más duras. Excepto casos excepcionales de riesgo, sea cibernético o de requerimiento organizativo de bloques operativos destinados a la represión y control de determinados delitos en alza, estas no son necesarias. Menos aún para cuidar infraestructuras críticas de riesgos imaginarios o inimaginables. Pasó el momento de la prevención y hoy es el momento de la represión y el control y, con las herramientas que ya tenemos, alcanza.

El Gobierno de turno tiene la obligación de ejecutar programas de intervención social tendientes a restaurar la autoridad policial en las calles, a liberar barrios completos colonizados por bandas criminales, a despejar las vías públicas para su uso colectivo y para lo que fueron diseñadas, y a impedir que la criminalidad de base emergente transforme al país en una gran ciudad pánico, gobernada por el miedo. El objetivo social de la acción debiera ser devolverle la confianza a la ciudadanía de que “alguien” está haciendo algo, sacarla de su miedo y ponerla a funcionar colaborativamente en la ciudad.

¿Cómo se logra algo así? Pues, articulando y focalizando con una eficiencia a lo menos mediana los recursos existentes. Por supuesto que con el debido respeto a temas humanitarios, como la migración, y el necesario cuidado de los derechos humanos. Para velar por este aspecto, hay mecanismos disponibles, los que no deberían obstaculizar la rigurosidad de las penas ni la ejecución estricta de una política represiva del crimen.

En paralelo, el Gobierno debe responder de inmediato sobre su sistema de inteligencia civil y unificarlo en un mando político de alto nivel. Los desajustes del Ministerio del Interior en este tema son inaceptables y se llevan por delante a otras reparticiones públicas, como la Cancillería, el MOP y los ministerios de Educación y Vivienda.

Luego, una de las formas operativas más simples es diseñar o construir bloques de operación anticrimen amplios y móviles, dotados en su conformación de patrullaje vehicular, cuartel móvil, policía de infantería, comisarías de familia, jueces de Garantía de disponibilidad permanente y todos los demás medios de acción necesarios, para intervenir con autoridad y competencia barrios enteros. No una o dos comisarías móviles, sino varias, con adecuada comunicación, mando y control para permitir desplazamientos combinados en áreas extensas. Esto debe hacerse inicialmente reasignando recursos, considerando que para el tipo de criminalidad que se debe enfrentar hoy, que coloniza barrios y se despliega desde un centro o cuartel barrial con significativa capacidad de fuego, el pequeño retén o cuartel policial es ineficiente.

Un enfoque de esta naturaleza, con una combinación de medios que use movilidad, velocidad, masividad y sorpresa en su planificación y operación, debiera dar resultados, si se acompaña con el desalojo del comercio ilegal de calles y plazas, para lo cual es inevitable enfrentar disturbios. Mientras más abigarrada es la zona de desplazamiento, mayor es la dificultad de acción policial. La descolonización criminal de barrios lleva bastante tiempo de inteligencia y requiere de apoyo de la ciudadanía en materia de información, por lo que es fundamental trabajar en paralelo en confianza ciudadana.

En general, la acción combinada de servicios policiales y servicios públicos debiera orientarse también a la mentada cooperación público-privada, por lo que las infraestructuras viales concesionadas debieran tener sistemas modernos de visores centrales y cámaras de registro, además de planes rotativos de cierre para control anticriminal en aquellas articulaciones viales críticas. Lamentablemente, hoy es al revés y, si se analiza con detenimiento el funcionamiento de la ciudad, se llega a la conclusión de que existe una veintena de nudos de inseguridad creados por el mal diseño de esa infraestructura vial.

Todo lo dicho es tarea inmediata.