Incendios, destrucción y seguridad humana

Los incendios que han asolado al país, especialmente los que devastaron parte importante de la V Región, con centenares de muertos y heridos y pérdidas materiales por ahora incuantificables, son una tragedia de Seguridad Humana que debería avergonzar al país. 

Las víctimas, una inmensa mayoría de personas con carencias de bienestar en su hábitat en materia de vivienda, deficiencia en sus servicios básicos e insuficiente infraestructura urbana de calidad humana, tienen el carácter de tales porque en términos materiales realmente no hubo recursos para evitar o mitigar la tragedia.

La incompetencia, lentitud de respuestas, estancamiento, o simplemente retroceso de las aptitudes de gobierno en el Estado de Chile es un tema de carácter político, que deberá ser investigado como responsabilidad pública de las autoridades encargadas de gobernar el tema. Ello debiera ocurrir en paz, una vez que el dramatismo del desastre amaine, y que restaurada la normalidad cotidiana permita investigar con profundidad las aristas del caso.

El concepto de “Seguridad Humana” no es casual. El país ha estado inserto en un debate político clave sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad interna originada en una ola de violencia y criminalidad policialmente incontrolable, hasta ahora. La virulencia de los incendios (y la muerte del exPresidente Sebastián Piñera) puso una pausa trágica sobre el enfoque de seguridad que requiere el país y la perspectiva del uso de fuerza militar en funciones de seguridad interna policial. Esta, que privilegia la seguridad armada y el uso de la fuerza, podría implicar un retroceso de las políticas públicas y un enmascaramiento de problemas multifacéticos vinculados a precariedad y pobreza, y a inmigración irregular descontrolada, entre otros factores concurrentes. 

Chile fue pionero en el cambio del paradigma de seguridad interior a seguridad humana en la década de los 90 del siglo pasado, basado en las propuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en su experiencia reciente de recuperación democrática, en esa época.

Para el PNUD, la seguridad humana implica el desarrollo y protección de las personas de las amenazas a sus derechos, su seguridad y su vida. Ello incluye procurar la seguridad de las personas en sus distintas dimensiones: económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política, para alcanzar una estabilidad duradera. Pone esta seguridad de las personas y sus comunidades en el mismo nivel que la seguridad tradicional del Estado, e incluye amenazas que no siempre se han calificado como tales, tales como, evitar que el ser humano sea víctima de eventos sociales que escapan a su control, como los desastres naturales, los ambientales, las crisis económicas y financiera, las guerras, el terrorismo, la contaminación o el crimen organizado.

El responsable de proporcionar la Seguridad Humana es el Estado, liderado por el gobierno de turno. Si éste no cumple o no puede cumplir con tal obligación, la comunidad internacional tendría el deber moral de procurar la protección de las comunidades amenazadas, aspecto controversial, pues el interés por la seguridad de las personas puede ir más allá de las fronteras mediante la intervención o ayuda humanitaria. Este es el polémico derecho de injerencia en detrimento de otros principios de derecho internacional, como la soberanía de los Estados, la no intervención, o la autodeterminación de los pueblos. 

Chile, junto con Canadá, Japón, Noruega y otros países, se transformó en adalid de este nuevo parámetro de seguridad mundial en los años 90, y reconfigurar parte de su política exterior a la luz de este concepto y su implementación.

Los sucesos de muerte y destrucción en la V Región tienen que mirarse con el foco de la Seguridad Humana. El debate nacional sobre la seguridad, dadas las características de fragilidad geofísica del país, su estructura geográfica longitudinal y su desigualdad social, debe poner el riesgo país en varios frentes simultáneos, de donde el solo privilegiar los instrumentos de fuerza física o letalidad como elemento central de la seguridad parece, al menos, una mirada estrecha. Algo más debería comunicar La Moneda sobre el tema, para hacer claridad qué se avanzó, o no, con la citación al COSENA, lo que quedó, por decir lo menos, como algo brumoso.

No es este el momento de rediseñar toda la estructura de seguridad militar, de la policial, de los organismos a cargo de enfrentar los riesgos provenientes de los constantes desastres naturales. Tampoco de las amenazas provenientes del entorno vecinal, incluidas las inmigraciones aluvionales y la penetración de bandas criminales. Naturalmente ello es una tarea urgente y requiere de medidas de emergencia lo más austeras posibles. Porque para hacer bien una tarea que ya está atrasada, se requiere pensamiento estratégico, prospectiva analítica y calma política. Es evidente que, entre las últimas reformas y los apresuramientos de la política, solo se han hecho más complejas las coordinaciones inter órganos y los enfoques operativos. Un ejemplo es la transformación de la Onemi en Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entrando más actores y procedimientos a las tomas de decisiones en momentos críticos, lo cual es del todo desaconsejable. 

El país acaba de perder vidas humanas y asentamientos urbanos completos, la mayoría precarios. Tener una enorme confusión organizativa, duplicidad de esfuerzos y discursos reiterativos acerca de “lo que haremos”, sin nada que demuestre que de las grandes tragedias del 2010 hacia acá, incluidos terremotos, maremotos, inundaciones y tormentas de fuego, han significado alguna lección aprendida.