Según explicó el diputado Montes las conclusiones fundamentales del informe siguen plenamente vigentes a pesar de la reforma laboral del 2001, esto es, prácticas antisindicales de parte del empresariado, que «no tiene una cultura laboral», lo cual se ve agravado por la deficiencia en la justicia laboral.
El próximo martes 29, la Cámara de Diputados por fin votará el informe de la comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral puesta en marcha por el régimen militar vigente hasta el 2001, cuando se llevó a cabo la nueva reforma laboral.
Y aunque el informe -donde también se analizan los recursos adicionales que requieren los organismo públicos para garantizar el cumplimiento de la ley- estaba listo desde enero del 2002, nunca fue puesto en tabla en la Cámara.
Según explicó el presidente de esa comisión, el diputado Carlos Montes (PS), muchas veces varios miembros de la comisión hablaron con la entonces presidenta de la Corporación, Adriana Muñoz (PPD) para que pusiera en conocimiento de la sala el texto, pero sus peticiones nunca fueron oidas.
Así, luego que en marzo asumiera la presidencia la socialista Isabel Allende, Montes volvió a la carga y logró su objetivo: el informe fue puesto en tabla el martes 15 de este mes, pero luego se pidió prorrogar su discusión en el hemiciclo para el próximo miercoles 30, un día antes del día del trabajador.
Según explicó el diputado Montes las conclusiones fundamentales del informe siguen plenamente vigentes a pesar de la reforma laboral del 2001, esto es, prácticas antisindicales de parte del empresariado, que «no tiene una cultura laboral», lo cual se ve agravado por la deficiencia en la justicia laboral.
En lo que respecta a la justicia laboral, el texto señala que «no cumple con sus objetivos ni aplica los principios rectores del Derecho del Trabajo, al verse sus órganos jurisdiccionales sobrecargados de trabajo».
«Esto se debe al escaso número de tribunales del trabajo. En el año 1938 existían más de 30 tribunales del trabajo hoy (2002) hay sólo 20 y el 80 por ciento de su trabajo lo constituyen las cobranzas de AFP. en Santiago hay actualmente nueve Juzgados del trabajo y en los años ’70 habían diez para atender un número significativamente menor de conflictos», señala el documento.
Frente a esta realidad que según el diputado socialista aún se mantiene, el gobierno prometió enviar un proyecto de reforma a los juzgados laborales, lo cual aún no se ha materializado.
Según el diputado Montes, el ministro del Trabajo, Ricardo Solari, se comprometió a enviarlo al Congreso durante el 2002, pero éste se defiende y afirmó que nunca se comprometió a ello y que se presentará un proyecto después del 21 de mayo. Además, recordó que en marzo de este año fue cambiabo el ministro de Justicia, con lo cual se produjo un retraso en el desarrollo de la propuesta.
Control administrativo y prácticas antisindicales
Montes sostiene que el control administrativo se ve sobrepasado por el alto nivel de incumplimiento, debido a la falta de personal de la Dirección del Trabajo. ello también incidiría en el no cumplimiento en los fallos por parte de los empresarios. Ambos aspectos ya habían sido abordados en el texto.
En cuanto a las prácticas antidicales, que según el parlamentario socialista continúan y que se manifestarían en el aumento en la cantidad de denuncias, lo que se debería a que los trabajadores están denunciando más pero también a que han aumentado esos hábitos. Y agregó que dada la escases de tribunales laborales, pocas de ellas se resuelven a la brevedad.
En este punto, las estadisticas que manejaba el ministerio del Trabajo en febrero de este año confirman lo anterior: Si bien la reforma laboral elevó las sanciones por prácticas antisindicales, estableció la obligación de denuncia a Tribunales de hechos que pudieran caer en esta categoría y estableció el reintegro del trabajador cuando el Tribunal compruebe que el despido se originó en prácticas antisindicales, «las cifras revelan que entre enero y noviembre del 2002 las denuncias sobre prácticas antisindicales se incrementaron en un 62% respecto al mismo período de 2001, aunque un porcentaje muy menor (4% de las causas ingresadas) es resuelta en Tribunales».
Asimismo, Montes afirmó que pese a que la reforma laboral pretendía impulsar la creación de sindicatos, ello no ha fructificado debido a que aún hay empresas que insisten en impedirlos.
Sin embargo, las cifras del ministerio desmienten lo anterior: En el año 2002 se constituyeron 1.042 nuevos sindicatos, lo que representa una cantidad cercana a la suma de los dos años anteriores (578 el año 2000 y 518 el año 2001). Ello implica que un total de 36.992 trabajadores se afiliaron a un nuevo sindicato en el 2002.
Además, los cálculos que se manejan en el ministerio sostienen que el crecimiento de la afiliación sindical se refiere especialmente a sindicatos de empresa (700); de los cuales el 69% se crea en empresas en las que anteriormente no había organización. Si en el 2002 se constituyeron 524 sindicatos más que en el año anterior, 281 de ellos (54%) pudo crearse gracias a la norma promocional que rebajó el quórum de constitución.
