Según el senador Antonio Horvarth (RN) y el diputado Alejandro Navarro (PS), el ministro no «puede ser juez» en un caso en el cual ya ha tomado partido. La misma actitud demandarán al titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, por el apoyo público que le ha dado al polémico proyecto de instalación de una planta de aluminio en la Undécima Región.
Una consecuencia impensada podría tener el "despido" del Seremi de Bienes Nacionales de la Quinta Región, Edmundo Bustos (DC), decidido por su correligionario, el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, Jaime Ravinet. El martes pasado, Bustos provocó el enojo de su superior jerárquico al desobedecer su instrucción de votar favorablemente el proyecto presentado por la empresa Cemento Melón, ante la Comisión del Medio Ambiente de la Quinta Región, para utilizar Petcoke en su planta de La Calera.
Ayer, el senador Antonio Horvath (RN) y el diputado Alejandro Navarro (PS), consideraron que la intervención de Ravinet, a favor de la empresa cementera, lo inhabilita para integrar el Consejo de Ministros que deberá analizar los descargos de Cemento Melón.
Para Navarro, la participación del ministro en la apelación se hace insostenible tras haber tomado partido por la empresa. «Jurídicamente, no puede recibir antecedentes y decidir como juez en un caso en que ya se ha pronunciado de antemano a favor de una de las partes», sentenció el diputado socialista.
Además, Navarro, junto al senador de RN, anunció la presentación de un requerimiento ante la Contraloría, para que este organismo se pronuncie sobre la legalidad de la instrucción impartida por el ministro Ravinet para que Bustos concurriera con su voto a la aprobación de un proyectos que estaba sujeto "a evaluaciones técnicas" de una instancia colectiva, como son las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.
Asimismo, el caso para los parlamentarios amerita la presentación de un proyecto de ley que modifique el artículo 15 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, y que deje establecido que "los funcionarios que integran las Coremas no podrán recibir órdenes para votar", en uno o en otro sentido, "aunque ocupen cargos de confianza del Ejecutivo".
La intervención de Ravinet, agregaron los parlamentarios, ha dejado en entredicho todo el sistema de evaluación medio ambiental. "Esto, sin duda había ocurrido antes, pero esta vez fue brutal y público. Entendemos que, ahora, no se guardan ni siquiera las formas», ironizaron los parlamentarios.
Contra Rodríguez Grossi
Según el senador Antonio Horvarth, ministro Jorge Rodríguez Grossi también debería inhabilitarse cuando el Consejo de Ministros analice el caso Alumysa, planta de aluminio que la empresa canadiense Noranda pretende instalar en Aisén, opción ha sido defendida con fuerza por del titular de Economía.
«A todos los organismos que dependen del ministro de Economía, se les está ordenando que voten a favor de Alumysa. Entonces, ¿qué garantías vamos a tener en nuestro país de que los proyectos van a resultar buenos o no dañinos?», se cuestionó Horvath.
Presentación ante la Contraloría
Según Navarro, la presentación ante la Contraloría puede resultar "extremadamente interesante", ya que podría determinar cómo deberá actuar la autoridad de aquí en adelante. Al ente contralor se le pedirá que determine si los funcionarios públicos, que tiene responsabilidad administrativa en órganos de decisión colectiva, pueden cambiar los informes técnicos, «si pueden contravenirlos o cambiar sus disposiciones por instrucción de un superior».
Un pronunciamiento de la Contraloría, según Navarro, podría determinar quién asume la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones que se tomen en materias de impacto ambiental; y si bajo este principio de responsabilidad, sería posible cambiar un informe técnico por una instrucción política.
Horvath, agregó, que tienen la lista de todos los proyectos que han terminado en las cortes o tribunales porque se han vulnerado de las instancias técnicas, la participación ciudadana o el ordenamiento territorial que se están dando las regiones.
Aunque el senador reconoció que será difícil determinar cómo han actuado cada una de estas entidades, "si han recibido instrucciones o no", advirtió que "no va a ser fácil investigar porque, generalmente, las instrucciones son de carácter verbal, no se dejan por escrito».
