Pese a que la sentencia del caso Tucapel Jiménez los liberó, el ex auditor del Ejército Fernando Torres y el ex coronel (J) Enrique Ibarra pronto enfrentarán nuevos problemas judiciales por sus prácticas y "ayudas" a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos que salieron de Chile para evitar la acción de la justicia.
El ministro en visita Alejandro Madrid que sustancia el proceso por la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, no sólo ha estado reconstruyendo aspectos grises en la vida en Chile y la salida a Uruguay de Berríos, sino que, además, ha dedicado tiempo a recostruir el "organigrama" de las responsabilidades de cada uno de los estamentos del Ejército en 1991, 92 y 93, años en los que el químico abandona el país y es asesinado, posteriormente, en Uruguay.
De allí que ha solicitado una copia de algunos cuadernos del caso Tucapel Jiménez, principalmente donde se hace mención a la existencia del Departamento Cuarto. Este último era el encargado de coordinar las estrategias judiciales y de inteligencia en torno a los militares requeridos por los tribunales de justicia.
Como el procedimiento para sacar a Eugenio Berríos de Chile fue igual al que se usó con el ex agente de la CNI, Luis Arturo Sanhueza Ross en abril de 1991, y el mismo que para el autor material del crimen de Tucapel Jiménez, el capitán (R) Carlos Herrera en septiembre del mismo año, Madrid ha estimado que, al menos, Torres e Ibarra debieron haber tenido conocimiento de la operación.
De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, el equipo diligenciador del caso, dirigido por el detective adscrito a la OCN-Interpol, Nelson Jofré, ha entregado una serie de informes al magistrado. Estos, en todo caso, se han visto acumulados en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, donde Madrid suele leer las nuevas diligencias, como también interrogar personas.
La razón es que esta semana el magistrado pidió autorización a la Corte para que le otorgaran permiso para ejercer su comisión de servicio, pero le fue negada debido a la falta de jueces.
Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que el ministro haya leído el libro La Delgada Línea Blanca, de los periodistas Rodrigo de Castro y Juan Gasparini.
La veta de la investigación periodística le surgió al magistrado debido a la declaración que realizó el ex director de la desaparecida DINA, Manuel Contreras el noviembre del año pasado donde mencionó la existencia de una supuesta asociación entre el hijo menor de Augusto Pinochet, Edgardo Batich y Berríos.
Eugenio Berríos fue sacado de Chile en noviembre de 2001 por la "Unidad Especial" de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) a través de Argentina con destino a Uruguay, país donde permaneció por espacio de casi dos años hasta que fue asesinado en 1993. Sus restos fueron hallados en una playa en abril de 1995.
Por estos hechos, están sometidos a proceso los generales (R) y ex directores de la DINE, Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; el ex coronel y avanzada de Augusto Pinochet, Arturo Silva Valdés (El Príncipe); el ex escolta de Pinochet Jaime Torres Gacitúa; el ex agente de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez (Manolo) y el capitán de la DINE Pablo Rodríguez Márquez.
