La idea es que la ciudadanía sienta que tiene »participación directa» en la generación de las leyes y ordenanzas que la afectan en la vida cotidiana. Con ello, esgrimen los autores de la iniciativa, es que de paso quienes no están inscritos en los registros electorales y, por lo tanto quedan fuera de los procesos eleccionarios, se inscriban.
La participación ciudadana se ha convertido en un tema de primera importancia para el Gobierno, materia que ha impulsado a través de la Corporación Participa. Sin embargo, hay quienes estiman que pese a los esfuerzos gubernamentales no se ha conseguido la intervención de la ciudadanía en aspectos primordiales para el país, como es la generación de leyes y ordenanzas. De allí que los "Profesionales Jóvenes" de Renovación Nacional hayan decidido promover gestación de la Iniciativa Popular Legislativa y la Iniciativa Popular Comunal.
La iniciativa popular, según explicó Cristián Espinosa -uno de los promotores de la idea, junto con el presidente de la Juventud de Renovación Nacional, Joaquín Godoy- es un mecanismo mediante el cual se permite a la ciudadanía presentar proyectos de ley u ordenanzas municipales directamente a las autoridades. No obstante, tienen algún grado de limitación, ya que no podrían referirse a temas relacionados con reformas constitucionales, tratados internacionales, tributación, presupuesto y sobre materias penales.
Esto último porque en base al derecho comparado, de la aplicación de la iniciativa popular que se hace en a lo menos 25 países del mundo, se evitan las "manipulaciones demagógicas".
Si algo quedó claro del discurso de la directora ejecutiva de Participa, Andrea Sanhueza, el pasado 17 de diciembre, es que a los jóvenes cada vez les interesa menos participar en política y, por tanto, cada año disminuye la inscripción electoral de este sector etáreo. Todo, aún cuando según la profesional, se percibe un alto índice de participación, ya que actualmente el porcentaje de inscritos en los Registros Electorales llega al 69,1 por ciento, pese a que el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 30 años alcanza sólo al 14,96 por ciento.
Ahora, según un cálculo efectuado por los Jóvenes Profesionales en base a las elecciones parlamentarias del 2001, cuatro millones 400 mil chilenos "no se sienten interesados por participar en la toma de decisiones políticas". A este resultado llegan a partir de la base que en el mencionado proceso electoral no intervino el 21,5 por ciento de personas con derecho a voto no inscritas, un 12,65 por ciento votó nulo o blanco y un 13,36 por ciento no concurrió a sufragar pese a estar inscrito.
De allí que Espinosa estime que si se hubiera aprobado el proyecto de ley que permitía la inscripción automática y el voto voluntario, el nuevo padrón electoral tendría un universo de alrededor de 10 millones de electores y una participación real en las decisiones políticas del país, de un mayor número de ciudadanos.
Esto parece indicar que la ciudadanía no se siente representada por quienes toman las decisiones o, lo que es peor aún, no estiman que las leyes u ordenanzas -según sea el caso-, que generan los organismos destinados a ello, respondan a sus necesidades más directas.
Iniciativa Popular para la conformación de leyes
Frente a este cada vez más oscuro panorama, los jóvenes profesionales y la juventud de la tienda de Sebastián Piñera decidieron promover la implementación de las iniciativas populares. Además porque en Chile "no se contempla la participación ciudadana en el proceso de conformación de la ley, considerándose sólo para las reformas a la Constitución mediante el plebiscito, en el caso de no haber acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, tal como lo señala el artículo 117 de la Constitución Política del Estado".
A juicio de Espinosa esta situación ubica a Chile entre los países de América Latina y el mundo con mayores limitaciones a la participación ciudadana, lo que se permite sólo a través de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, cada cuatro o seis años según corresponda y "siempre de manera indirecta".
De este modo, en nuestro país las iniciativas legislativas dependen del Presidente de la República -a partir de un Mensaje Presidencial- o de los parlamentarios -a partir de una Moción-, lo que se pretende cambiar con la propuesta de Iniciativa Popular, ya implementada en países como Argentina, Ecuador, Colombia, España, Austria, Italia, Suiza y en 23 estados de Estados Unidos.
A partir de estos ejemplos, Espinosa señala que "creemos necesario reformar dicho procedimiento de tal manera de asegurar una amplia posibilidad de participación ciudadana al momento de las iniciativas. Entendiendo que las leyes son el resultado de la voluntad soberana de los ciudadanos, ellas deben reflejar los acuerdos generales de una sociedad, basta recordar la definición de ley que hace el Código Civil como ‘la declaración de la voluntad soberana’".
Por esta razón en particular es que estiman que en Chile se debe establecer, además de la inscripción automática y el voto voluntario, la iniciativa popular, sistema que permitiría entregar la participación directa a la ciudadanía en la elaboración de normas que rigen su vida cotidiana y que se dividiría en iniciativa popular legislativa e iniciativa popular comunal.
En este sentido, Cristián Espinosa explica que la regulación constitucional se debería originar en la modificación de los artículos 60 y 62 de la Constitución a los que debiera agregarse, para el caso de la iniciativa popular legislativa,: "las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados y el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República, por moción de cualquiera de sus miembros o por iniciativa popular ciudadana". De aceptarse esta modificación los proyectos surgidos de la ciudadanía deberían ser vistos por el Congreso Nacional.
Para el caso de la iniciativa popular comunal se debería modificar los artículos 65 letra J, 79 y 93 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Así se podría optar a la creación de ordenanzas municipales, que debería conocer el Concejo Comunal.
Para la presentación de un proyecto de ley u ordenanza municipal se requerirá de la firma de, a lo menos, el dos por ciento de los electores de la última elección de diputados, a nivel nacional, o de habitantes de la comuna según el último censo oficial. Cumplido este trámite -dice la propuesta- se entrega al Servicio Electoral o a la Secretaría Municipal respectiva, que serán los órganos encargados de verificar que el proyecto u ordenanza no se refiera a las materias que no se pueden abarcar.
En tanto, los mencionados organismos deberán verificar, comparando información con el Registro Civil, la autenticidad de las firmas en un muestreo aleatorio no menor al cinco por ciento de ellas.
Las iniciativas deberían ser presentadas por escrito, redactadas en forma de ley u ordenanza y sus promotores deberán individualizarse con nombre y apellido, personalidad jurídica y domicilio y, además, tendrán la posibilidad de participar en las reuniones de comisión con derecho a voz, pero no a voto.
RN dispuesto a sensibilizar la propuesta
Mientras tanto, en Renovación Nacional la iniciativa de los jóvenes fue bien acogida por la directiva. El secretario general de la colectividad, Renato Sepúlveda, señaló a este medio que la experiencia que se propone ya se ha implementado con éxito en otros países del mundo y constituye un "aporte valioso" a la legislación nacional que debiera ser acogido.
Sepúlveda indicó que en el municipio de Curitiba, en Brasil, ya se ha implementado en parte este sistema, puesto que el presupuesto comunal es sometido a la aprobación de los habitantes de la ciudad.
No obstante, el dirigente está conciente que es necesario generar un debate al respecto y "tratar de sensibilizarla (la propuesta) entre nuestros parlamentarios", ya que de existir respaldo parlamentario para ello, habría que legislar sobre el método y el procedimiento para implementar la iniciativa en Chile.
Esto, porque es importante, por ejemplo, confirmar las firmas para que en un momento dado no ocurra lo que ha pasado en Venezuela -dice- que el gobierno de Hugo Chávez ha rechazado las firmas presentadas por la oposición para llamar a un plebiscito revocatorio que podría terminar con su mandato.
_________________
