Una de las deficiencias advertidas por el Instituto Libertad y dirigentes de Renovación Nacional es que la ley sólo reembolsaría los pagos pendientes, y no los que ya fueron saldados. También piden extender la franquicia tributaria a las personas naturales y eliminar las trabas impuestas a organizaciones sociales.
La semana pasada el Gobierno ingresó un nuevo proyecto para modificar la ley sobre Control y Límite de Gasto Electoral, con el objetivo de reponer el sistema de fraccionamiento y el azar para la entrega de aportes reservados, de modo que quien reciba no conozca el origen de los fondos.
Se trata de la segunda iniciativa presentada por el Ejecutivo para perfeccionar el proyecto original, que según han concordado diversos sectores adolece de una serie de deficiencias. Sin embargo, en Renovación Nacional (RN) estiman que aún persisten innumerables errores y problemas de interpretación en la ley.
Tras estudiar la normativa, los vicepresidentes de RN, Osvaldo Carvajal y Carlos Larraín, y el consultor del Instituto Libertad, Hugo Bugueño, llegaron a la conclusión de que se requiere corregir un error sobre el reembolso de los gastos de campaña, ya que el texto sólo permitiría la devolución del dinero de facturas de pago que estén pendientes.
Sin embargo, también creen necesario extender la franquicia tributaria con la que cuentan las empresas para realizar las donaciones a las personas naturales y eliminar algunas trabas que se le impusieron a las organizaciones con fines sociales y culturales.
Créditos no son gastos
Bugueño explica que la ley reembolsa los gastos de campaña en que incurren los candidatos -según el número de votos que obtengan-, pero para eso la norma define qué es lo que se considera como gasto. Y, para extrañeza de muchos, no incluye el crédito bancario. Esto, porque define como gasto sólo los intereses, los impuestos de timbre y estampillas y los gastos notariales asociados al crédito, pero no el capital del mismo.
Larraín explica que la idea de los legisladores es que con ese capital se incurre en una serie de gastos, que son los que después pueden ser reembolsados, por lo que para este dirigente el tema no sería tan grave.
Lo que a su juicio sí es preocupante es que la Ley permita el reembolso sólo de las facturas de pago pendientes, pero no incluya las que ya están pagadas. Ello dificulta la realización de la campaña, porque muy pocas personas aceptarán trabajar hoy a cambio de recibir un pago en seis meses o más.
Favorece la relación entre empresas y política
Otro de los temas que a juicio de RN requieren ser modificados es que la iniciativa no da "facilidades tributarias para las donaciones de dinero que hacen las personas naturales a las campañas y se circunscriben las ventajas a las empresas".
Éstas diferencias radican, en opinión de Larraín, en que "tanto la UDI como el Gobierno se entienden muy bien con las compañías", por lo que acordaron aprobarlo de esa manera -de hecho RN se abstuvo en la votación del texto-, pero estima que sería necesario que más personas naturales pudieran realizar donaciones.
"Que las compañías financien la política es una locura. Las compañías que se transan en bolsa tienen muy distintos accionistas y si la compañía dona plata a un determinado candidato se puede pasar a llevar la preferencia de alguno de los accionistas", argumenta el concejal de Las Condes.
A juicio de Bugueño, la ley tiene un "incentivo al revés", que no desincentiva la relación entre la política y las empresas. "Se debería establecer también la franquicia tributaria para las personas que quieran voluntariamente donar".
"De esta manera existiría un doble control: uno por parte del Servel para asegurar que los montos están dentro de los límites que establece la ley y otro por parte de Impuestos Internos, para asegurarse de que quienes estén donando tengan efectivamente el patrimonio para hacer es esa donación", argumenta el experto.
Otra corrección que se pide es definir bien qué es lo que se entiende por período de campaña. Según Bugueño, no queda claro si contempla la fecha en que vence la inscripción de las candidaturas hasta el día de la elección, o el que señala la Ley de Votaciones y Escrutinio, que dice que se puede hacer campaña para inducir al voto sólo 30 días antes de la fecha de la elección.
Corrección a la Ley de Donaciones
Por otra parte, uno de los elementos más controvertidos de la reciente modificación a la ley de Donaciones fue que aumentó el límite a las donaciones políticas, a cambio de ponerle límite de 4,5 por ciento a las donaciones para otros fines, como educacionales, de caridad, entre otros.
En RN también cuestionan que a las empresas que tengan contratos con el sector público se les exija inscribirse en el registro de proveedores (ChileCompra) y queden impedidas de realizar donaciones, excluyendo a las concesionarias de obras públicas. Aunque descartan mala intención de la autoridad, la tienda de Antonio Varas creen necesario hacer los cambios.
Aprobación acelerada
Un alto miembro de RN asegura que las deficiencias responden al "apuro de la Concertación y de la UDI por promulgarla luego para poder financiar sus respectivas campañas presidenciales y parlamentarias".
El mismo director del Servel, Juan Ignacio García, reconoce que el texto fue aprobado en forma apresurada. "La última modificación, a mi juicio, se hizo en forma apurada y se hizo mal, porque hubo que modificarla de nuevo la semana pasada", admite el funcionario.
