A las acciones judiciales que presentarán diputados del PPD en contra del senador radical, también se suma la acusación por presuntas denuncias calumniosas en contra de la sicóloga del Sename, Rina Montt. Pero, además, se reactivó una proceso que es »un viejo dolor de cabeza» para la tienda de Barrueto: la denuncia del envío de propaganda electoral con cargo a la cámara baja.
Si el senador radical Nelson Ávila tenía presupuestado una serie de querellas en su contra de parte de los principales afectados por el próximo lanzamiento de su libro sobre el caso Spiniak, "La Gran Infamia", lo cierto es que en fuentes judiciales se estima que otras consecuencias aún más peligrosas podrían generar sus dichos a diversos medios de prensa, al adelantar "en exclusiva" parte del contenido del texto.
Además de las acciones judiciales que anunció el presidente del PPD, Víctor Barrueto, por parte de los diputados de su partido que fueron apuntados por Ávila como los presuntos responsables del "montaje" en su contra (Eugenio Tuma, María Antonieta Saa y Guido Girardi) -al ser involucrado por dos menores como parte de la red de pedofilia encabezada por el empresario Claudio Spiniak-, también se sumará la que interpondrá la sicóloga del Sename, Rina Montt, a quien el parlamentario calificó como "la sicaria para cometer un específico asesinato de imagen: el mío".
Sin embargo, otro de los efectos que generaron sus afirmaciones del pasado domingo al diario El Mercurio fue la reactivación de una querella que provocó varios dolores de cabeza en el PPD. Se trata de la denuncia particular presentada por el abogado Carlos Neira, contra todos los que resultaran responsables del envío de cerca de 24.000 cartas para publicitar la candidatura de Guido Girardi a la presidencia del partido, las cuales habrían sido financiadas con cargo a la Cámara de diputados.
Reapertura de la causa
La denuncia interpuesta por el mencionado profesional tuvo un corto período de tramitación, ya que tras ser presentada a mediados de 2002, el juez (s) del 16° Juzgado del Crimen de Santiago, Eugenio Zamora, decidió -en marzo del año siguiente- sobreseer temporalmente la investigación, es decir, hasta que surgieran nuevos antecedentes que permitieran acreditar el posible delito de malversación de caudales públicos por parte de la entonces presidenta de la cámara baja, Adriana Muñoz, y de los parlamentarios que habrían participado en el hecho.
Sin embargo, dicha resolución se evacuó luego que todos los diputados requeridos por el denunciante declararan por oficio. Entre ellos figura el actual senador radical, Nelson Ávila, quien por ese entonces fue el contendor de Girardi en las elecciones internas, quien declaró por oficio ante la justicia el 17 de febrero de 2003.
"Con el transcurso del tiempo me informé, a través de los medios de comunicación, de que habría un acuerdo adoptado por la Bancada de diputados de dicha colectividad (PPD) de apoyar a su candidato, mediante el envío de cartas a los militantes del partido (…). He manifestado en diversas oportunidades mi disconformidad con esa decisión; aún más, la condené enérgicamente por constituir una flagrante trasgresión a principios éticos elementales. Pese a ello, basado en las explicaciones que los dirigentes dieron por los medios de prensa, me parece que no hubo delito", afirmó el senador en su respuesta.
No obstante, con el correr del tiempo la versión del político cambió, ya que en sus dichos vertidos el pasado domingo habría dejado entrever que en el envío de esas miles de misivas sí se involucraron fondos de la Cámara de Diputados, asegurando que de haberlo sabido en su momento, él mismo lo habría denunciado.
"El 5 de junio de 2002, asustado por la censura que la Alianza presentaría en contra de Adriana Muñoz, bajo asedio de la DC y acorralado en su propio partido, Girardi hizo un mea culpa (…) no se le movió ni un músculo de su faz granítica cuando mencionó eso del ‘sistema de anticipos’ para explicar lo que fue una desvergonzada utilización de recursos de la Cámara. Todo con cargo a la presidencia que ocupaba Muñoz", sostuvo en la entrevista concedida al matutino.
Frente a esto, el abogado Neira solicitó la reapertura de la investigación y se le tome una nueva declaración por oficio al senador Nelson Ávila Contreras "a fin de que éste valide las expresiones en el medio de comunicación citado y explique las razones que tuvo el 17 de febrero de 2003 para no admitir que en el envío de las cartas se usaron fondos públicos", consigna el escrito ingresado ante el 16° Juzgado del Crimen de la capital.
Querella por denuncia calumniosa
Por otra parte, el abogado de la sicóloga del Sename Rina Montt, quien ha sido involucrada en diversas oportunidades como la supuesta inductora de las acusaciones que formularon menores de edad en contra de los senadores Jovino Novoa (UDI) y Ávila, anunció que presentarán una querella en contra de éste último por sus últimos dichos sobre su clienta.
Reyniero García de La Pastora, consideró que los dichos de este parlamentario "abiertamente resultan injuriosos y calumniosos, ya que en el expediente del caso Spiniak y también en la causa por falso testimonio no hay ningún elemento que permita involucrar a Rina Montt con las declaraciones de los menores".
En esa misma línea, El Mostrador.cl tuvo acceso a un certificado suscrito por el ministro Sergio Muñoz -actual juez instructor del mencionado proceso- en que da cuenta que la investigación por falso testimonio que se derivó del caso está cerrada, es decir, en etapa de plenario. Además, acreditó que "no se ha dictado resolución que afecte a Rina María Montt Marchant y que en autos no hay peritajes o informes sicológicos practicados por ella. Santiago, 29 de septiembre de 2005".
Por otra parte, los informes sicológicos que acreditaron la veracidad de las acusaciones de la ex testigo clave del proceso, Gemita Bueno, y del otrora menor de iniciales J.A. en contra de Novoa y Ávila, fueron elaborados por otra sicóloga del Sename, Patricia Vera Medina.
En esa medida, el rol que habría jugado Montt en el caso habría sido la ubicación de los menores que habrían sido víctimas de esta red de prostitución infantil y coordinar su comparecencia ante el tribunal.
Querella de Saa
Por último, la diputada María Antonieta Saa igualmente interpondrá una querella por injurias y calumnias en contra del senador radical, aún cuando éste rectifique las imputaciones en su contra que publicitó a través de la prensa.
Así lo informó su abogado Alfredo Morgado, quien anunció que este viernes -el mismo día que Ávila lanzará su libro a la opinión pública- se interpondrá la acción judicial. "Se está haciendo alusión a que habían antecedentes contenidos en el sumario criminal del caso Spiniak que se referirían a supuestas conductas sexuales de la diputada y eso no es efectivo", señaló.
En todo caso, dijo desconocer si otros diputados de esta tienda iniciarán acciones legales en contra del senador.
