Ministro de fuero Víctor Montiglio encausó al ex uniformado por su eventual responsabilidad en siete secuestros calificados registrados a fines de 1974. Decisión se suma a la adoptada el miércoles por el juez Carlos Cerda, en el marco del caso Riggs.
El ministro de fuero Víctor Montiglio, encargado de instruir la investigación por la llamada Operación Colombo, procesó este jueves al general (R) Augusto Pinochet Ugarte en calidad de autor del secuestro calificado de seis opositores al régimen militar.
Según informaron fuentes judiciales, la decisión se refiere a la detención y posterior desaparición de los hermanos Carlos y Aldo Pérez Vargas, ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y de Bernardo de Castro López, del Partido Socialista (PS).
Las tres víctimas fueron arrestadas en septiembre de 1974 por efectivos de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y aparecieron en julio de 1975 en la nómina de 119 chilenos muertos en Argentina en supuestos enfrentamientos al interior de los grupos de izquierda.
El procesamiento de Pinochet por estos casos -de un total de 15 por los que está desaforado- había sido requerido el lunes por el abogado querellante Hernán Quezada, quien argumentó que existen presunciones fundadas sobre la responsabilidad del otrora jefe del Ejército en los delitos.
El ex militar también fue encausado por el ministro Montiglio por la desaparición los miembros del MIR Miguel Ángel Acuña Castillo, detenido en julio de 1974, y Modesto Segundo Espinoza Pozo, arrestado en agosto del mismo año.
Además, se le imputa eventual responsabilidad en el secuestro calificado del militante comunista Roberto Aranda Romero, arrestado en agosto de 1974.
El magistrado también decretó el arresto domiciliario del ex militar y no se refirió al beneficio de la libertad provisional, por lo que deberá se su defensa la que lo solicite a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Pinochet, que el viernes cumple 90 años, fue notificado de la resolución en su domicilio de la comuna de Lo Barnechea, en el exclusivo barrio de La Dehesa, por parte de la funcionaria judicial María Teresa Hernández a eso de las 16:40 horas.
El dictamen se produce seis días después que Pinochet fuera sometido a un histórico careo con quien fuera el encargado de la inteligencia del país en los primeros años del régimen militar, el retirado general Manuel Contreras, quien cumple una condena de doce años de prisión por el secuestro calificado del sastre Miguel Ángel Sandoval.
Según el fallo, en esa diligencia, de la cual participó también el coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence, se obtuvieron antecedentes fundamentales para la determinación de este jueves.
En aquella confrontación de versiones, el ex jefe militar negó que la DINA tuviera su dependencia y desligó toda la responsabilidad en Contreras en las violaciones a los derechos humanos registradas durante la dictadura.
El dictamen judicial, además, se suma al del miércoles, en el que Pinochet fuera encausado por evasión tributaria, falsificación de pasaportes y de un documento para acreditar renta, además de una irregular declaración de bienes al dejar La Moneda, en el marco del caso Riggs.
En esta investigación, que tramita el juez Carlos Cerda, se investiga el origen de la fortuna que el ex uniformado mantuvo en el extranjero y que ha sido estimada, preliminarmente, en US$ 28 millones.
Primera prueba de desapariciones
La «Operación Colombo», concebida para encubrir el asesinato de opositores al régimen de Augusto Pinochet, fue la primera prueba de que los detenidos y desaparecidos en Chile estaban siendo asesinados.
Con aquellas muertes, atribuidas por la dictadura a supuestas luchas internas en la izquierda, comenzó también la llamada «Operación Cóndor», acción combinada de las policías secretas de las dictaduras del Cono Sur para exterminar a los opositores en los años 70 y parte de los 80.
La operación salió a la luz pública el 22 de julio de 1975, en el primer y único número de la revista argentina «Lea», donde se publicó que 60 «extremistas» chilenos habían sido eliminados por sus propio compañeros en los últimos tres meses.
Dos días después, un periódico que tampoco sacó más que ese número, «O Novo Día», de Curitiba (Brasil), daba la lista de otros 59 chilenos muertos durante «choques con fuerzas guerrilleras en la provincia argentina de Salta».
Las afirmaciones de ambas publicaciones fueron reproducidas profusamente por la prensa chilena de esos años, que semanas antes había empezado a dar supuestas noticias de que los «marxistas» estaban arreglando cuentas entre ellos en el exilio.
«Miristas se exterminan entre ellos como ratas» fue uno de los infames titulares de la prensa local.
La mayoría de los 119 eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuya desaparición la dictadura chilena intentó encubrir en momentos en que llegaba a Chile una comisión de la ONU a investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
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