Organismo aprobó pedir al ministro en visita de la Corte Marcial, Alejandro Solís, someter a proceso a los generales (r) Guillermo Letelier Skinner y Carlos Krumm (del Ejército) y Vicente Rodríguez Bustos (FACh), como coautores de exportación ilegal de material bélico. Además, señaló que está comprobado que todo el armamento exportado estaba operativo.
El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió, en su tradicional sesión de los días jueves, pedir el procesamiento de tres generales en retiro y otros tres funcionarios de Famae como coautores de exportación ilegal de material bélico, en el marco del proceso sobre el tráfico 11 toneladas de pertrechos a Croacia, a fines de noviembre de 1991.
Durante la jornada de este viernes, el organismo fiscal presentará un escrito en que solicita al ministro en visita Alejandro Solís, designado por la Corte Marcial, encausar a los generales de Ejército Guillermo Letelier Skinner y Carlos Krumm Rojas, al general de la FACH Vicente Rodríguez Bustos, al mayor Carlos Sepúlveda Cataldo, al coronel David Fuenzalida González, todos retirados, y al empleado civil de Famae José Sobarzo Poblete. Según el CDE, existen presunciones fundadas acerca de su participación culpable en los hechos investigados.
Esta se transforma en la primera arremetida judicial del CDE desde que el tribunal de alzada castrense acogiera -a mediados de octubre de 2005- su pedido para anular las sentencias dictadas en primera instancia por el Segundo Juzgado Militar, que sólo condenó a los capitanes Patricio Pérez Villagrán, de la FACH, y Patricio Araya Hermosilla, del Ejército, además del empleado civil de la Dirección de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana.
El origen del negocio
Según el escrito, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, la procuraduría fiscal de Santiago del CDE expuso una serie de hechos, en orden cronológico, que dan cuenta de cómo se habría gestado esta venta ilegal de material bélico por parte de Famae, pese a la prohibición existente de la ONU debido al conflicto bélico que afectaba a la ex Yugoslavia.
La acción judicial afirma que en abril de 1991, Pérez Villagrán concurrió al centro de negocios de Famae manifestando su interés en adquirir, a nombre de un tercero, armamento para Nigeria y Sri Lanka, siendo este antecedente el que daría cuenta que las negociaciones comenzaron en dicha época. El ex uniformado llegó junto a dos extranjeros: Sydney Edwards e Ives Marziale, quienes dijeron actuar en representación de Günther Leinhauser, dueño de Ivi Finance Management Cosmosa, empresa que habría estado acreditada para vender armas a las dos naciones mencionadas.
Según constaría en las declaraciones de Araya Hermosilla, del mayor (r) Sepúlveda Cataldo y del general (r) Letelier Skinner, la negociación con Marziale incluía un primer embarque a Sri Lanka y sucesivos envíos por un monto de 6 millones de dólares.
El 15 de noviembre de 2001, los compradores presentaron un documento denominado "Certificate of Use", que detalla el armamento requerido, en un idioma similar al inglés. Además, presentan otro papel denominado "Who is interested in", con membrete del Ministerio de Defensa de Sri Lanka, con fecha del mismo día, con un timbre y firma ilegible, donde se consigna la expresión "Ministry of Defense".
Según el CDE, en dicho documento se consigna que Leinhauser es la persona acreditada para proveer de armamento a Sri Lanka. Sin embargo, en el proceso se comprobó que ambos documentos eran falsos, lo que quedaba en evidencia con su sola lectura. Según se estableció, nunca fueron expedidos por la autoridad mencionada, sino que fueron confeccionados con máquinas de escribir del centro de negocios de Famae.
El ‘engaño’ de Letelier
El 19 de noviembre de 1991 Letelier Skinner, entonces director de Famae, solicitó a la Dirección Nacional de Movilización Nacional autorización para exportar material bélico a Sri Lanka. Asimismo, pidió una audiencia con el entonces subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez, a quien le manifestó la urgencia de contar con el visto bueno para el envío, "aduciendo que de lo contrario se corría el riesgo de que el comprador recurriera a otros proveedores".
Al día siguiente la cartera de Estado otorgó, mediante la resolución exenta N° 470, el permiso para que Famae exportara armas y municiones con el destino indicado por Letelier Skinner. Sin embargo, el Ministerio de Defensa no verificó la autenticidad de los documentos supuestamente emitidos por su par de Sri Lanka, ni tampoco la correspondencia entre el material bélico que describía el falso certificado de destino final con el que se incluía en el listado remitido por el uniformado.
Carmen Gloria Molina, ex secretaria de Famae, afirmó al tribunal que dicha resolución incluía no sólo los requerimientos de Marziale, sino los de Etem Ltda. de Lisboa y de Manuel Portugués. Estas dos últimas entidades también solicitaban armas a la empresa castrense para exportar a Sri Lanka, aunque respecto de ellas jamás se emitió autorización ministerial en forma expresa.
Sólo tras declaración del capitán (r) Araya -quien confesó sólo después de ser condenado en primera instancia- se conoció una reunión de generales en la Casa Militar de Lo Curro, en la que se autorizó la venta y que fue encabezada por el general (r) Augusto Pinochet.
Letelier Skinner había dispuesto que el coronel Fuenzalida y el mayor Sepúlveda lo acompañaran. Sin embargo, el primero le pidió a Araya que lo reemplazara.
Los tres militares departieron con los entonces comandante en jefe de la Guarnición de Santiago, Rodrigo Sánchez Casillas, jefe del Estado Mayor del Ejército, Richard Quass, jefe de Material de Guerra, Florencio Tejos, director de Logística, Carlos Krumm, y auditor general, Fernando Torres Silva.
En el encuentro, Pinochet ordenó poner a disposición de Famae el armamento solicitado. En todo caso, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que aún no hay antecedentes suficientes para acreditar la presunta participación culpable del ex jefe del Ejército, ya que a éste también se le habría engañado respecto al destino final de las armas.
Más allá de eso, está acreditado en la investigación que todo el material recolectado desde las distintas unidades del Ejército se encontraba plenamente operativo, lo que también se desprende de la propia orden de comando que consigna que "el material entregado a Famae por parte de las unidades operativas y comandos debe estar operacional".
Carrizal Bajo
Respecto al tipo de armamento exportado ilegalmente, en el proceso ha quedado claro que en la partida no se incluyeron armas incautadas en el sector de Carrizal Bajo al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Según Araya, Letelier Skinner le consultó sobre el particular a Torres Silva, quien le manifestó que existía tal posibilidad.
No obstante, cuando se preparaba el retiro de unos 300 fusiles calibre 5.56 mm, se dio una contraorden. El entonces auditor del Ejército habría esgrimido que como la investigación de la justicia castrense por dicha internación, aún estaba abierta, no era posible disponer de dichas armas.
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