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Alianza desoye críticas de Bachelet y reitera amenaza de recurrir al TC

Oposición desestima cuestionamientos de la Presidenta Bachelet, quien consideró »impresentable» la negativa del sector de aprobar la ley de Presupuesto de 2007. Senadores UDI Jaime Orpis y RN Antonio Horvath piensan que el Gobierno no ha llevado adecuadamente el debate, y que perdió la oportunidad de transparentar la asignación de recursos.


Una nula acogida tuvieron en la Alianza por Chile las críticas de la Presidenta Michelle Bachelet, ante la inédita decisión del bloque de derecha de no apoyar la ley de Presupuesto de 2007. Los senadores Jaime Orpis (UDI) y Antonio Horvath (RN) reiteraron los cuestionamientos a los mecanismos de control, y volvieron a amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional (TC).



El conglomerado de oposición anunció el martes que no darán sus votos para aprobar la ley de Presupuesto, aunque sus votos no son necesarios para que la iniciativa sea despachada, toda vez que la Concertación cuenta con la mayoría simple requerida en el Senado y la Cámara.



En la Comisión Mixta de Presupuesto, se han inclinado por la abstención de algunas partidas, en tanto rechazaron las que les merecían dudas en la asignación de los recursos, como en aquellas entidades que, a su juicio, son usadas para el "clientelismo político".



En medio de la polémica, la mandataria calificó como "impresentable" la postura de la oposición y que se estaba manejando "bajo intereses políticos mezquinos" ante las irregularidades registradas en Chiledeportes. «No se ha dado cuenta que aquí han ocurrido hechos graves. No basta con los discursos, lo importante son las acciones", replicó Orpis.



«La Presidenta tenía la gran oportunidad de haber dictado medidas de carácter más general en el Presupuesto, para evitar hechos de corrupción que ya no resisten, y la verdad es que no lo ha hecho. Entonces, no estamos dispuestos a avalar un presupuesto que es muy poco transparente. No queremos aparecer aprobando un presupuesto que da origen a la corrupción", insistió.



Por su parte, Horvath -quien se ha abocado a las partidas de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura, Minería-, aseguró que "la Presidenta se equivoca. No hay intereses políticos mezquinos. Nuestra intención es, precisamente, mejorar aspectos en la asignación de dineros, en vista de que en el gobierno no resuelven el tema".



A modo de crítica en la forma en que el Gobierno ha manejado el debate presupuestario en el Congreso, especialmente a la luz de las anomalías registradas en organismos públicos, el parlamentario aseguró que "no sacamos nada con que nos digan que el presupuesto aumenta en tres mil millones de dólares si en el fondo no sabemos cuáles van a ser los resultados".



Inconstitucionalidad



Orpis, además, reiteró que es altamente probable que presenten una reserva de constitucionalidad al proyecto, a raíz de los recursos que fueron asignados para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).



«De acuerdo a la Constitución, en el Presupuesto deben estar contempladas las inversiones de asignación regional las que, pese a lo dicta la normativa, no han sido incorporadas por el Ejecutivo", insistió el legislador gremialista.



Agregó que «la normativa es categórica en la distribución que hace el FNDR a los gobiernos regionales, en tanto los criterios tienen que estar claramente establecidos en un decreto emitido por Hacienda y el Ministerio del Interior. Ese Decreto Supremo, que establecería el criterio de distribución de los fondos, no se ha dictado, de tal manera que hoy día se opera con plena discrecionalidad para asignar los recursos".



Según el senador por la Primera Región, «el gobierno ha dejado de cumplir la ley, en estos principios de legitimidad del gasto. Lo que queremos es evitar la discrecionalidad, porque en ese decreto donde se van a fijar criterios de distribución de la plata que va a las regiones, y esa es la manera en que las regiones van a poder defenderse».































Los senadores de derecha Jaime Orpis (UDI) y Antonio Horvath (RN), responden a la Presidenta Michelle Bachelet respecto a las críticas sobre una actitud "política mezquina" en su reprobación a la Ley de Presupuesto 2007.



Orpis, rechaza las acusaciones de la Presidenta, a lo que responde que "no se ha dado cuenta que aquí han ocurrido hechos graves. No basta con los discursos, lo importante son las acciones".



"La Presienta tenía la gran oportunidad de haber dictado medidas de carácter más general en el Presupuesto para evitar hechos de corrupción que ya no resisten,y la verdad es que no lo ha hecho. Entonces no estamos dispuestos a avalar un presupuesto que es muy poco transparente. Nosotros no queremos aparecer aprobando un presupuesto que da origen a la corrupción", señala.



Por otro lado, Horvath quien se ha abocado a las partidas de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura, Minería, dice que "la Presidenta se equivoca, no hay intereses políticos mezquinos. Nuestra intención es precisamente mejorar aspectos en la asignación de dineros, en vista que en el gobierno no resuelven el tema".



A modo de crítica en la forma en que la Presidenta ha manejado este primer Presupuesto, dice que "no sacamos nada con que nos digan que el presupuesto aumenta en tres mil millones de dólares si en el fondo no sabemos cuáles van a ser los resultados".





La arremetida de la derecha



En la tarde del martes, el senador Jaime Orpis anunció que presentaría una reserva de constitucionalidad, respecto a los recursos asignados para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).



En esta línea, explica las motivaciones para pedir el pronunciamiento del tribunal constitucional: "De acuerdo a la Constitución, en el Presupuesto deben estar contempladas las inversiones de asignación regional, las que pese a lo dicta la normativa no han sido incorporadas por el ejecutivo".



Además, señala que "la normativa es categórica en la distribución que hace el FNDR a los gobiernos regionales, en tanto los criterios tienen que estar claramente establecidos en un decreto emitido por Hacienda y el Ministerio del Interior. Ese Decreto Supremo que establecería el criterio de distribución de los fondos no se ha dictado, de tal manera que hoy día se opera con plena discrecionalidad para asignar los recursos".



Según el senador por la Primera Región, "el gobierno ha dejado de cumplir la ley, en estos principios de legitimidad del gasto. A lo que agrega que "lo que queremos es evitar la discrecionalidad, porque en ese decreto donde se van a fijar criterios de distribución de la plata que va a las regiones, y esa es la manera en que las regiones van a poder defenderse".



Los parlamentaros de oposición anunciaron que no votarán la ley de presupuesto 2007. Si bien existen los votos para aprobar el Presupuesto, que requiere mayoría simple, a modo de protesta en la oposición no entregarán su respaldo.



Los parlamentarios de RN y la UDI se inclinaron por la abstención de algunas partidas, en tanto rechazaron las que les merecían dudas en la asignación de los recursos o presentaban irregularidades, como el caso de ministerios usados con criterios de "clientelismo político".



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