Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN) plantearán posponer discusión sobre indicación que establece ocho horas de trabajo para los jueces, que se encuentra en tramitación en la comisión de Constitución de la cámara alta. Propuesta será presentada la próxima semana y fue bien recibida por presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia.
El conflicto surgido entre el Senado y la Corte Suprema, por la idea de los legisladores de fijar un horario de trabajo de ocho horas en los tribunales, podría llegar a su fin luego que parlamentarios de la Alianza se manifestaran partidarios de posponer la discusión de la norma, incorporada vía indicación al proyecto que crea la Corte de Apelaciones de Santiago en lo Penal.
El senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la comisión de Constitución de la cámara alta, dijo que plantearán que la iniciativa sea analizada de manera separada al proyecto de ley que divide al tribunal de alzada capitalino en uno abocado a causas criminales y otro para asuntos civiles.
«Nosotros, junto al senador (Alberto) Espina (RN) somos partidarios de revisarlo, porque se ha enquistado, dentro de un proyecto que especializa la Corte de Santiago, otro proyecto que regula el funcionamiento de los tribunales. Y quizás deberíamos también acoger la inquietud de autonomía del Poder Judicial para darle en esas materias la capacidad para que regule, a través de un autoacordado, el funcionamiento de las cortes", dijo.
Larraín descartó que la posición que están asumiendo signifique un retroceso respecto de lo aprobado por la comisión de Constitución del Senado, que ya estableció el horario ocho horas, e insistió en que se está conversando con la Corte Suprema para "llegar a una solución de equilibrio en la materia".
«Son indicaciones que no las hemos despachado. Hemos escuchado al Presidente de la Corte Suprema en la Comisión, y en la próxima semana buscaremos una salida por los caminos que estamos explorando", dijo tras presentar al titular del máximo tribunal, Enrique Tapia, un proyecto de reforma constitucional que establece la autonomía financiera del Poder Judicial.
Hace una semana, el jefe de la comisión de Constitución, José Antonio Gómez (PRSD), se abrió a la posibilidad de analizar en mayor profundidad el tema de la fijación horaria, pese que se continúa tramitando la indicación.
Tapia, en tanto, valoró la disposición parlamentaria, y precisó que la Corte Suprema es la instancia más indicada para definir un horario funcionamiento de los tribunales. "La facultad, para que seamos un poder independiente, debería recaer en nosotros mismos. O sea, nosotros fijar nuestros horarios, lo que es más lógico porque sabemos el trabajo que hay y el que existe. Sabemos quiénes han cumplido y quiénes no, y qué sanción podría aplicarse. Que lo fijen de afuera resulta complicado", aseveró.
El viernes pasado, el presidente de la Sala Penal, Alberto Chaigneau, se había referido en duros términos al proyecto señalando que "me siento ninguneado, porque no soy (considerado) un poder del Estado. Soy (visto) como un viejo tal por cual a quien hay que coartale todas las cosas porque son niñitos que se portan mal».
«A mí me gusta la justicia y la equidad y si los ministros de Estado, los subsecretarios, los parlamentarios, no están limitados, porque se va hacer con los jueces. La única razón que pienso es porque creen que somos unos flojos de porquería y que por eso está todo atrasado en el Poder Judicial. Creo que somos un poder de tercera y quiero termina con ese sistema", enfatizó.
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