El sistema de becas presidenciales fue modificado en 1999 con el objetivo de permitir el perfeccionamiento de los empleados del Estado. Tras analizar los magíster y doctorados elegidos por los 115 beneficiados del año pasado, se desprende que la mayor parte de los recursos fueron destinados a carreras que, a la fecha, no han certificado su calidad.
Un 75% de los 115 funcionarios públicos que obtuvieron a la Beca Presidente de la República para cursar estudios de posgrado en Chile durante 2006, accedieron a programas que no han certificado su calidad ante la Comisión Nacional de Acreditación de Posgrado (Conap).
Así se desprende de un análisis realizado por El Mostrador.cl sobre los datos contenidos en la cuenta pública que el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan) realizó sobre el funcionamiento del beneficio, informe que abarca el período 2000-2006 y que incluye la nómina de los empleados que obtuvieron la ayuda.
Hasta el momento la discusión en torno a la entrega de las becas presidenciales se ha centrado en aquellas que se otorgan para cursar magísteres o doctorados en el extranjero, así como la calidad de los planteles en que los postulantes desarrollan sus estudios.
De hecho, el jueves la ministra de Planificación, Clarisa Hardy, encabezó la segunda reunión del comité que estudiará la reforma a este último beneficio, asegurando que a futuro se tendrá en cuenta, más que el ranking de una universidad, la calidad del programa que imparten. Pero, ¿qué sucede con las becas que se destinan al sector público?
En 1999, a través de una modificación a la ley que regula las becas Presidente de la República, se creó un programa especial para que funcionarios de la administración del Estado se perfeccionaran en universidades chilenas. De acuerdo al estudio del Mideplan, desde 2000 un total de 680 empleados recibieron el beneficio.
En paralelo, también se puso en marcha un sistema de acreditación institucional, carreras y estudios de posgrados. Un proceso de carácter voluntario iniciado en 2000, pero que sólo a partir de 2004 comenzó a tomar fuerza.
Si bien el sistema continuará dependiendo de la decisión de los planteles -pese a la promulgación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior en noviembre de 2006-, desde este año, si un organismo no se acredita, no podrá recibir aportes del Estado o con aval de éste.
Menos del 30% acreditado
El año pasado y hasta que entre en operaciones la recién creada Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el organismo encargado de certificar la calidad de doctorados y magíster es la Conap, que en su sitio web tiene el listado completo los programas que han pasado satisfactoriamente la evaluación.
Comparando los antecedentes informados por Mideplan y la Conap se observa que de los 68 programas elegidos por los funcionarios 49 (72%) no cuentan con certificación de calidad y sólo 19 (28%) están acreditados.
De igual forma, el número de alumnos en la primera condición suman 28 (25%) y en la segunda 87 (75%).
En cuanto a las casas de estudios, sólo cuatro planteles elegidos por los funcionarios públicos cuentan con algún programa acreditado, en un listado que es encabezado por las universidades Católica y de Chile, con ocho cada una, aunque la primera sólo tiene uno que no cuenta con la certificación de calidad y la segunda, ocho.
Entre los no acreditados, llaman la atención los diez empleados públicos se encuentran cursando un magíster en Gerencia y Políticas Públicas en la Universidad Adolfo Ibáñez, los siete que estudian Dirección y Gestión Tributaria en la misma casa de estudios, y los siete inscritos en el magíster de Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
En el caso de los que cuentan con la certificación de la Conap, resaltan los cuatro que cursan magíster en Salud Pública en la Casa de Bello y los tres que se encuentran en el Doctorado de Historia de la Universidad Católica de Santiago.
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| Elaboración propia |
