Uno de los capítulos de la investigación realizada por la Universidad Diego Portales (UDP) expone la situación que viven los indocumentados quienes no pueden acogerse a derechos básicos como salud, educación o poder regular sus condiciones laborales. El documento abarca, además, la crisis en temas medioambientales y al interior de las cárceles.
Una nueva versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos dio a conocer la Universidad Diego Portales (UDP). Esta vez una de las críticas a la legislación se enfocó en cómo viven inmigrantes y refugiados en Chile, quienes carecen del acceso a derechos básicos en su calidad de habitantes del territorio nacional.
Según el documento, a pesar del progresivo aumento de esta población, el Estado no ha establecido aún políticas públicas para mejorar las condiciones de vida respecto al hacinamiento, el acceso a la atención de salud, la educación o a los derechos que conlleva un contrato laboral en regla.
La vocería de los investigadores estuvo a cargo de Nicolás Espejo, codirector del Centro de Derechos Humanos de la entidad, quien apuntó la crítica a que las autoridades han descansado esta labor en las actividades que realiza la Vicaría de Pastoral Social, lo que no es suficiente.
La falta de protección legal a los refugiados, dijo el académico, se debe a la inexistencia de una ley y de un registro de identificación para inmigrantes.
Respecto a esto último, el informe señala que si bien la legislación chilena en materia de atención médica, no excluye a extranjeros sí les coloca trabas. Al no contar con identificación no cumplen con una de las exigencias básicas para acceder a prestaciones en la salud pública.
Discriminación
En la investigación se señala que este tipo de situaciones son discriminatorias, ejemplificándola con el artículo N°2 de la ley 18.469, que establece a los beneficiarios de la atención. «Los servicios de salud no podrán negar atención a quienes la requieran, ni condicionarla al pago previo de aranceles o tarifas fijadas a este efecto».
Bajo esta lógica, no se le debería negar la atención a inmigrantes, pero según revela el informe este derecho se ve vulnerado por la difícil realidad que viven a diario.
Un efecto paralelo al no contar con un Rol Único Nacional (RUN), es que no se puede celebrar un contrato e ingresar a un sistema de salud como Fonasa o Isapre.
«Existe un universo enorme de inmigrantes en situación irregular lo que impide, por ejemplo, a las mujeres el tener acceso a la salud pública antes de los seis meses de embarazo, y a hombres y mujeres celebrar un contrato de trabajo», señaló Espejo.
Recalcó como preocupante los brotes de tuberculosis en grupos de inmigrantes que residen hacinados en viviendas ubicadas en el centro de Santiago.
Escuelas segmentadas
En materia educacional se denuncia el rechazo a la admisibilidad de niños inmigrantes a establecimientos públicos, que son a los cuales pueden acudir. Incluso, se advierte una segmentación en los recintos que han acogido a alumnos extranjeros.
En las comunas de Estación Central y Recoleta hay escuelas donde los estudiantes en la mayoría son extranjeros.
El documento recalca que la Constitución ha establecido que ningún niño que habite el territorio nacional tendrá problemas de acceso a la educación, sin embargo esto se ve entorpecido cuando se trata de uno que sea inmigrante.
Un hincapié que hace el informe es que si bien la situación de los refugiados con respecto a los inmigrantes es un poco mejor, no deja de ser preocupante.
Los investigadores concluyen que es urgente que el Estado haga frente a esta realidad y legisle para regular su estadía en el territorio nacional y que concrete antiguos proyectos en este sentido que descansan en el Congreso.
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Además:
Vicios carcelarios se han trasladado a los nuevos recintos
Vulneración de los DD.HH. mediante crisis medioambiental
