Gendarmería ofició tribunales de Garantía para advertir que Santiago Uno superó su capacidad máxima, por lo que desde el sábado las prisiones preventivas deben ser derivadas a otros recintos. Creciente aumento de la población penal ha generado un gasto en cárceles concesionadas que por el momento el Estado no puede solventar.
Un oficio de Gendarmería, enviado el pasado viernes, alertó a los jueces de Garantía del colapso de la cárcel concesionada Santiago Uno, inaugurada hace sólo ocho meses. El escrito solicitaba a los jueces la anuencia para trasladar ‘transitoriamente’ a los imputados con prisión preventiva a recintos como la ex Penitenciaría, hoy Centro de Detención Preventiva (CPD) de Santiago.
De esta forma, a partir del sábado todos los reos primerizos a los que se les haya dictado la medida cautelar más gravosa que contempla la ley -prisión preventiva- deberán ser recluidos precisamente en el recinto que fue "descongestionado" con la puesta en marcha de Santiago Uno, que tuvo una inversión estimada en US$ 32 mil millones.
Según algunas fuentes judiciales, el vertiginoso aumento de la población penal, que con el nuevo sistema ha llegado a un 40% más con respecto al año anterior, echa por la borda la tesis que distintos sectores políticos han planteado respecto a "la puerta giratoria".
Un ejemplo de ello es que de quince audiencias que se realizan en un día regular, al menos cinco terminan con imputados en prisión preventiva. Así sucedió este lunes en una de las salas del Primer Tribunal de Garantía de Santiago. Si a esto se le suman las otras seis salas, se llega a un promedio de 35 detenidos en un solo día en una jurisdicción capitalina.
Estas cifras han generado el descontrol de la cantidad de personas para las cuales estaba prevista esta cárcel licitada que comenzó a funcionar hace ocho meses y que más que evidenciar un colapso da a conocer que quienes cometen tanto delitos de mediana y alta connotación social terminan detenidos en forma preventiva.
El oficio deja en claro que esta situación se produce porque de los 2800 internos para los que está construido el penal, el contrato estipula un superávit de un 20% (que significa 560 detenidos más), cifra que ya se vio sobrepasada.
Como este recinto fue licitado y existe el trabajo de privados, para Gendarmería un interno adicional en Santiago Uno significa un desembolso extraordinario, que se incrementa al doble de lo que ‘cuesta’ mantener a un reo en situaciones normales.
Entonces, como no hay quien se responsabilice económicamente del ‘gasto extra’ que provoca esta sobrepoblación, la entidad debe habilitar espacios en recintos que también presentan excesos, pero que no generan una consecuencia económica como la cárcel concesionada.
Medida transitoria
Si bien el escrito solicita una especie de »permiso» a los magistrados para concretar el "traslado transitorio", algunos jueces consultados advirtieron que «si nos hubiéramos opuesto a tal medida, ¿cómo se podría resolver este problema?».
Las fuentes consultadas se manifestaron preocupadas por este escenario y dudaron de que sólo se trate de un traslado transitorio ya que, según explicaron, el oficio señala que mientras se vayan desocupando plazas en Santiago Uno se irán devolviendo internos desde el CDP.
Circunstancias que en la práctica es difícil de equiparar, ya que no se condice el número de personas que queda detenida con el número de internos que logran un beneficio como revocar la prisión preventiva por otra medida cautelar como la de arresto domiciliario o firma ante un tribunal.
A pesar de que Gendarmería realizó las prevenciones del caso y adecuó espacios en el CDP para que aquellos presos que cumplen una medida cautelar estén separados de los que están condenados, se teme de que nuevamente se registren episodios donde el hacinamiento agrave las condiciones humanas de los internos de la ex Penitenciaría.
En el mundo judicial existe un gran malestar respecto a esta situación que, según algunos, se pudo haber previsto y que muchas veces se genera por las críticas que desde el mundo político se realizan al Poder Judicial y, en especial a los jueces de garantía, que se han visto obligados a ‘endurecer’ la aplicación de la ley.
________________
ADEMÁS:
Gendarmería califica de precautorio oficio por capacidad de Santiago I
