Director de la Conama asegura que no existe ninguna controversia a la hora de tomar decisiones contrarias a las del órgano regional, pues la normativa lo respalda. En entrevista con El Mostrador.cl explica las razones que llevaron a la entidad ambiental a aprobar la planta de transferencia de residuos en Quilicura, rechazada por unanimidad en la Corema.
Frente a las críticas que ha recibido la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) por dar luz verde a la instalación de una estación de transferencia de residuos sólidos en Quilicura, contraviniendo el rechazo unánime de la Corema metropolitana, el director nacional de la entidad ambiental, Álvaro Sapag, asegura que no hay ningún problema legal al respecto y que «es pan de cada día» tomar decisiones en ese sentido.
La polémica surgió luego de que la alcaldesa de la comuna, Carmen Romo, manifestara su rechazo a la medida de la autoridad ambiental, que acogió la reclamación presentada por la empresa Gestión Ecológica de Residuos S.A. (Gersa), permitiendo finalmente la ejecución del proyecto.
Los argumentos de la edil se basaron en que la Conama había bypasseado la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) metropolitana -que rechazó el proyecto por 16 votos contra 0-; y porque con la materialización del proyecto su comuna concentraría el 80% de la basura de la Región Metropolitana. Por ello, presentó un recurso de reconsideración.
Sapag está precisamente tramitando dicha acción y adelanta que ya se le informó a la empresa y a los servicios sanitarios pertinentes para que presenten sus argumentos, con el objetivo de determinar si finalmente se mantendrá la autorización o se revocará.
–¿Por qué la Conama no tomó en cuenta la votación de la Corema y decidió respaldar el proyecto?
-No es que no hayamos tomado en consideración la votación de la Corema. Nosotros, para resolver el recurso presentado por el titular -Gersa- hemos analizado el proceso de evaluación en su conjunto, no sólo el acto terminal. Es decir todos y cada uno de los antecedentes que forman parte del proceso de evaluación y, en ese contexto, aparecen autorizaciones otorgadas por los servicios públicos que indican que el proyecto podría desarrollarse.
Entonces no se pasó por encima de la Corema, porque aquí hay un proceso recursivo que está establecido en la ley, donde el titular ha hecho una reclamación basada en antecedentes de hecho y de derecho que hemos ponderado en debida forma. Es decir, si la ley no previera estos recursos administrativos, tendríamos que quedarnos solo con lo resuelto por la Corema, pero no es así. Por lo tanto esto, es una práctica cotidiana y habitual dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la evaluación de los actos de los órganos superiores jerárquicos.
Y esta no es la primera vez que es modificada una decisión a nivel del consejo directivo de la Conama o de la dirección. Se está haciendo una cuestión mayor de un tema que tiene que ver con la aplicación de la normativa vigente. Si es lo mismo que los tribunales: si las decisiones de los tribunales de primera instancia fueran definitorias, no tendríamos ni Corte de Apelaciones ni Corte Suprema.
–¿Y la naturaleza del proyecto lo condicionaba para ser aprobado por una simple declaración de impacto ambiental (DIA) y no por un estudio de impacto ambiental (EIA), que permitía la participación de la comunidad?
-Legalmente en este caso no hace falta una EIA. Ahora, si la Corema hubiera determinado que requería un EIA debiera haberlo resuelto así, no rechazar el proyecto, si no haber solicitado un estudio. Pero no lo hizo, lo que hizo fue rechazar derechamente. Entonces este es un tema que es pan de cada día y es lo mismo que sucede en el norte, con la Reserva Las Vicuñas, que es un proyecto que está autorizado por la Corema (de Tarapacá) y ha habido escándalo porque precisamente se está pidiendo que revirtamos dicha autorización. Entonces, no hay ninguna lógica ni raciocinio coherente con respecto a esto. Porque si a mí me dicen que las decisiones de las Coremas son inamovibles, esto también es inamovible.
–Si son casos similares, ¿por qué los tiempos de respuesta son tan distintos? Luego de que la Corema rechazó la estación de transferencia ¿cuánto tiempo después resolvieron? El tema de las Vicuñas está pendiente hace varios meses.
-Es una situación distinta, porque cuando la Corema (metropolitana) lo rechazó, el titular del proyecto, o sea la empresa, presentó un recurso. Y la empresa tiene un plazo para interponer el recurso que es 30 días. Nosotros conocimos de eso porque la empresa recurrió, no porque nosotros fuimos a buscarlos.
En el caso de la Reserva las Vicuñas la empresa no recurrió. Y al ser una Declaración de Impacto Ambiental tampoco había participación ciudadana, por lo tanto, lo que hay es un requerimiento de revisar la legalidad del acto, pero es una situación absolutamente distinta. Pero el tema de fondo es que las decisiones que se adoptan en las comisiones regionales de medio ambiente o en la Conama, cuando se trata de un tema en particular, son susceptibles de ser revisadas, conforme los recursos que establece la ley.
–Uno de los argumentos esgrimidos en Quilicura es que se transformará en el basural de la Región Metropolitana, ya que aducen que el 80% de los desperdicios llegarían allíÂ…
-Hay que aclarar que esta es una planta de transferencia, no es un proyecto sanitario: llegan camiones de pequeña envergadura, se compacta la basura y se sube a camiones de mayor tamaño para ser trasladada a un relleno sanitario. Hoy ya hay una estación de transferencia que funciona.
Entonces, lo que estamos haciendo aquí no es un relleno sanitario, es una estación de transferencia que está ubicada en un lugar donde la planificación territorial lo permite, porque el plano regulador comunal establece que en este emplazamiento se pueden instalar industrias peligrosas y molestas, como este caso. Por lo tanto, aquí la decisión de la empresa de presentar ese terreno para instalarse, es una decisión que está conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Ese es el punto. Ahora que uno pueda querer o no, es una situación diferente, que no tiene que ver con los antecedentes que hay de la legalidad del acto.
Informes contradictorios
–Si existían las autorizaciones de los servicios públicos pertinentes ¿por qué sus representantes de la Corema votaron en contra? Por ejemplo, se cuenta con las autorizaciones sanitarias, pero el seremi de Salud votó rechazando el proyectoÂ…
-Por eso estamos pidiendo a las autoridades y a los servicios públicos que reafirmen lo que vertieron durante el proceso de evaluación, donde se otorgaron las autorizaciones que requería la planta para operar, por lo tanto eso es lo que consta en el expediente.
Durante el proceso -en que se aprobó el proyecto- se consultó a todos los servicios públicos y ellos emitieron informes que permitieron el desarrollo de la planta, cuestión que citó la empresa en su recurso y que constatamos en la revisión del expediente de evaluación. Entonces, esas autorizaciones no se condicen con lo resuelto por la Corema y este es el motivo del recurso de Gersa.
–¿En qué plazo se tendría una respuesta frente a la revisión de la aprobación solicitada por la alcaldesa de Quilicura?
-Entre que lleguen oficios, nos respondan, aquilatemos nuevos antecedentes, por lo menos primera quincena de diciembre, si no más.
–¿Y en este, intertanto la empresa está en obras?
-Lo desconozco. Me imagino que no están trabajando porque la estación de transferencia, independientemente esté aprobada o no, no entra en operaciones todavía, así que me imagino que no están en obras.
–¿Pero podrían estar en obras?
– Podrían estarlo.
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