Jorge Quiroga, jefe de la alianza opositora y ex presidente de Bolivia, afirmó que acudirán «a todas las instancias» necesarias, incluso a la CIDH, para denunciar la forma en que se visó el texto constitucional.
El principal partido opositor en Bolivia denunció hoy que se cometió un nuevo «atropello» a la democracia en la aprobación que se hizo, en ausencia de sus asambleístas, del proyecto de nueva Constitución impulsado por el presidente Evo Morales.
Jorge Quiroga, jefe de la alianza opositora conservadora Poder Democrático y Social (Podemos) y ex presidente de Bolivia entre 2001 y 2002, afirmó que su partido va a acudir «a todas las instancias» necesarias, incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la forma en que se aprobó el texto constitucional.
Según Quiroga, la convocatoria a una nueva sesión de la Asamblea Constituyente para el sábado no fue hecha con las 24 horas de anticipación que exige la normativa del foro para evitar que los opositores llegaran a tiempo a la ciudad andina de Oruro.
Alrededor de las 9.00 horas (13.00 GMT) el proyecto fue aprobado, artículo por artículo, por «más de dos tercios» de los 164 asambleístas presentes en una instalación universitaria de Oruro, de los 255 elegidos en 2006, según aseguró la presidenta del foro, la indígena quechua Silvia Lazarte.
La mayoría de los asambleístas de Podemos no asistió a la maratoniana sesión ininterrumpida de casi diecisiete horas, aunque un grupo ingresó al comienzo de la misma para denunciar que su celebración era «ilegal».
El constituyente José Antonio Aruquipa, que estaba en ese grupo, dijo que al entrar y al salir del recinto tanto él como sus compañeros de Podemos fueron insultados, agredidos y amenazados de muerte.
Quiroga adelantó que Podemos va a trabajar con los «millones de bolivianos que no aprueban este atropello, que no va a ser avalado institucionalmente ni ciudadanamente como el MAS (el oficialista Movimiento Al Socialismo) pretende», en referencia al referendo al que debe ser sometido el proyecto de nueva Constitución.
De su parte, fuentes del comité cívico del departamento oriental de Santa Cruz, el más rico del país y feudo opositor a Morales, explicaron que están analizando la postura que adoptarán sobre el texto constitucional aprobado.
Mientras, portavoces de la prefectura (gobernación) de Cochabamba, comandada por el opositor Manfred Reyes Villa, manifestaron que el proyecto aprobado es «una imposición ilegítima y antidemocrática», que «ha cuidado las formas pero carece de consenso».
Asimismo, el presidente de los cívicos de la región sureña de Chuquisaca, John Cava, dijo a Efe que van a desconocer todo lo que surja de la Constituyente, porque este órgano excluyó de sus debates la propuesta de Sucre para volver a albergar el Gobierno y el Parlamento, que están en La Paz desde 1899.
Cava recordó que esa determinación ya fue tomada en un cabildo organizado en Sucre el 23 de noviembre, un día antes de que el foro aprobara el texto constitucional en primera instancia, en un colegio militar, sin la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos.
Por otro lado, varios medios locales informaron hoy que ya hay más de 800 personas en huelga de hambre en las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, en protesta por las «ilegalidades» que, según la oposición, Morales y su partido han cometido en la Constituyente y el Congreso nacional.
EFE
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