La Contraloría fustigó duramente al Ministerio de Relaciones Exteriores por contratar en base a un trato directo los servicios de Turismo Cocha. El argumento de la entidad fiscalizadora es que la ponía en una situación preferente respecto de otros proveedores. Además acusó que los encargados del procedimiento omitieron información para cuadrar fechas y mantener así los beneficios comerciales que ofrecía la firma.
La Contraloría General de la República ordenó a la Cancillería iniciar un sumario administrativo, debido a que la compra de pasajes para el servicio exterior se adjudicó a una empresa sin llamar a la licitación pública que ordena la ley que rige los actos estatales.
De acuerdo al dictamen 11.189 del pasado 11 de marzo, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, el organismo fiscalizador le devolvió al Minrel la resolución que autorizaba seguir trabajando por la vía del "trato directo" con la empresa Turismo Cocha.
Este última firma, perteneciente al empresario Mario Fuenzalida, aparece ligada a una de las 30 comisiones que creó el ex candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, y que es coordinada por el ingeniero comercial Hernán Passalacqua.
De acuerdo al documento, la Cancillería argumentó que la firma tiene "gran eficiencia" en proveer el servicio contratado, dada su "dilatada experiencia" y porque la haría extensivos los beneficios comerciales a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon).
La entidad revisora fustigó duramente la decisión de esa secretaría de Estado, señalando que no se tomó en cuenta a otros proveedores del rubro y que no se fundamentó por qué el resto de las empresas no podrían cumplir con los mismos requerimientos, lo que deja a Turismo Cocha "en una situación preferente respecto de otras entidades".
Señala el órgano contralor "que no basta para los fines indicados la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que fundamenta la contratación directa, ni la sola mención a la ‘gran eficiencia’ que ha mostrado la empresa contratante en la provisión de pasajes en favor de otro servicio, o bien acompañar, tal como ha ocurrido en la especie, una oferta de un descuento comercial de la empresa interesada".
La Contraloría halló también varias anomalías, como por ejemplo que se extendió el contrato con inusitada rapidez a contar del 1 de enero, sin que se hubiera tramitado el decreto, toda vez que tampoco tenía fecha de término, pese a que anunciaba una futura licitación.
Pero a renglón seguido le recuerda que, más allá de querer cumplir supuestamente con la legalidad, la Cancillería conocía perfectamente en julio de 2007 que se terminarían los contratos para llamar con la antelación necesaria al proceso de licitación respectivo. Por esta razón, le ordena que arbitre "lo que corresponda, con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la omisión en orden a adoptar las medidas conducentes a realizar un proceso licitatorio con la antelación necesaria al período en que debía ejecutarse la contratación de que se trata".
Este medio intentó obtener una versión de parte de la Cancillería, pero no hubo respuesta.
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Vea el dictamen de la Contraloría
