En la ronda de conversaciones que ha sostenido el ministro de la Segpres buscando consensuar la nómina que presentará a Bachelet para conformar el Consejo para la Transparencia, ha enfrentado dos problemas. El primero es la negativa de la oposición para proponer sus nombres, luego de la fallida nominación de Alfredo Pfeiffer a la Suprema. El otro es la presión de un sector del PPD para instalar al abogado Juan Pablo Olmedo, cercano a Guido Girardi, quien le ha ganado varias batallas al Estado en
Por Pablo Basadre G.
El ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, se autoimpuso un plazo para entregarle a Bachelet la propuesta con los nombres que conformaran el futuro Consejo de la Transparencia, que establece la ley 20.285 publicada el 20 de agosto en el diario oficial, y que indica que la entidad debe estar conformada 60 días después de la publicación de la norma, es decir, el 20 de octubre próximo. La tarea de búsqueda de nombres ha sido complicada, no sólo por su carácter político sino que también por las desavenencias que hoy tiene el gobierno con la oposición luego de la fallida nominación del juez Alfredo Pfeiffer para integrar la Corte Suprema. Los nombres deberán ser ratificados por los dos tercios del Senado, el mismo quórum que se requiere para aprobar a los supremos.
Pero ese no será el único obstáculo que enfrentará Viera-Gallo. En las últimas semanas el nombre del abogado Juan Pablo Olmedo ha generado ruidos en las reservadas conversaciones que se han sostenido por el tema. Olmedo, que cuenta con un extenso curriculum sobre estas materias y quien ha llevado adelante casos emblemáticos en contra del Estado, no cuenta con el apoyo de los sectores más conservadores de la Concertación, especialmente del ala cercana al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Su mayor obstáculo, a pesar de ser del gusto de Viera-Gallo, con quien se conoce y ha compartido en innumerables ocasiones, es la cercanía que tiene con el senador Guido Girardi y la "tirria" que este último transmite en el gobierno por las diferencias y críticas que ha hecho públicas. También pesa el "extremado progresismo" del abogado de la firma "Colombara y Olmedo" para el tratamiento de los conflictos que tiene el Estado con la entrega de información y su posición crítica frente algunos casos.
Fuentes de la Segpres indican que el dilema de Viera Gallo no sólo está en el equilibrio de la nómina, donde deben estar representados todos los sectores políticos, sino que también en que entiende que debe existir en la lista alguien que encarne a la sociedad civil o a la minoría, como se le llama en el lenguaje del cuoteo político. De ahí el nombre de Olmedo.
La negativa de la derecha
El otro escenario adverso para el ministro Segpres son las heridas que dejó la nominación de Pfeiffer entre el gobierno y la oposición. De hecho, el 15 de agosto, Viera-Gallo fue notificado sobre este hecho. Se le comunicó que mientras no se resuelva el nombre del nuevo supremo, el gobierno no podrá contar con los postulantes de la UDI y RN para el Consejo.
Respecto a los plazos con que cuenta el Ejecutivo para entregar la nómina, el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, explica: "Entiendo los tiempos, pero Viera-Gallo no se ha acercado a conversar el tema y sabe que no estamos dispuestos a que nuestros nombres, en caso de proponerlos, sean tan ignominiosamente tratados en el Congreso como lo fue el de Pfeiffer. Hemos sido claros, luego de este episodio no le creemos a la Presidenta".
En ese escenario, el ministro PS deberá reconstruir la relación con la UDI y RN tendrá que avocarse a convencer a los suyos sobre la importancia de que en esta decisión primen también los criterios técnicos y no sólo los políticos. En ese camino el nombre de Olmedo -quien ha llevado casos emblemáticos como la censura por la película «La Ultima Tentación de Cristo»; la defensa de la jueza lesbiana Karen Atala, el de la carabinera expulsada de la institución por denunciar a su marido, capitán en servicio activo en ese tiempo, por violencia intrafamiliar- hace difícil el avance.
Nombres, según un asesor de la Segpres, hay muchos. Pero "el de Olmedo debería estar por la naturaleza de la ley. Y porque es uno de los constitucionalistas con mayor conocimiento en estas materias", comenta. En la trayectoria de Olmedo cuenta también su paso por la Fundación Pro Acceso, de la cual es presidente.
Los otros nombres que han saltado a palestra son el del ex ministro de Economía, Alejandro Ferreiro (DC), el ex presidente del directorio de Canal 13 y profesor de la UC, Fernando Coloma y el investigador del Centro de Estudios Públicos, Lucas Sierra. También se ha hablado de la ex ministra Paulina Veloso, hoy miembro del Consejo de Defensa del Estado, y de la académica Ángela Vivanco, vinculada a la oposición.
El paso fundamental
Para la UDI y RN el tema no es menor pues deben buscar nombres que calcen con el perfil que requiere el Consejo. Según un influyente abogado de la plaza, "la oposición deberá formar a quienes escojan o sacarlos de sus centros de estudio". El jurista explica que la UDI y RN hoy no cuentan con abogados preparados en estas materias y que nombres como el de María Luisa Brahm, del Instituto Libertad, o Rosanna Costa, de Libertad y Desarrollo, se reiteran con mucha frecuencia.
Varios abogados consultados por la conformación del Consejo explican que será fundamental este paso para el gobierno y para la nueva ley que comenzará a regir en abril del próximo año. Los primeros dictámenes del Consejo marcarán la hoja de ruta del acceso de información para la ciudadanía, sobre todo en un periodo electoral para el gobierno. Pero también será una presión para quienes lo conforman, pues existirá un presidente que deberá decidir en caso de que existan diferencias sobre una materia específica. Todo esto con el prejuicio del cuoteo político de por medio.
