Fernando Vergara Vargas, un publicista de 36 años, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y había regresado clandestinamente a Chile desde el exilio para unirse a la resistencia contra la dictadura.
La Corte Suprema sentenció este lunes a cinco años de cárcel a cuatro militares en retiro por el homicidio en 1984 del editor de un periódico clandestino opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
El fallo, dictado por la segunda sala penal del máximo tribunal, se produjo por el homicidio de Fernando Vergara Vargas, asesinado a tiros por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 15 de diciembre de 1984 en pleno centro de Santiago.
Vergara Vargas, un publicista de 36 años, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y había regresado clandestinamente a Chile desde el exilio para unirse a la resistencia contra la dictadura.
Hasta el momento de su muerte se desempeñó como editor del periódico clandestino «El Rebelde» y de «Radio Liberación», órganos de expresión del MIR.
La sentencia fija una pena de cinco años de prisión para el ex capitán Luis Sanhueza Ross y los suboficiales jubilados Luis Gálvez Navarro, Francisco Orellana Seguel y Jorge Ramírez Romero, como coautores del homicidio.
El tribunal absolvió al coronel retirado Aquiles González y al ex mayor Álvaro Corbalán Castilla, aunque este último, al igual que Sanhueza y Gálvez, se encuentra en prisión cumpliendo condena por otros casos de violaciones a los derechos humanos.
La Corte Suprema dispuso que los condenados podían cumplir la pena en régimen de libertad vigilada, si bien el magistrado Guillermo Künsemüller dejó constancia en el fallo de que era partidario de aplicarles una pena de 5 años y un día de presidio, sin otorgarles ningún tipo de beneficio.
El alto tribunal también condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 90 millones de pesos (unos 174.000 dólares) a la familia de la víctima.
La versión oficial que difundió el Gobierno militar fue que Fernando Vergara había sido abatido por haber disparado contra los agentes cuando éstos intentaban detenerlo porque transitaba «en actitud sospechosa».
Sin embargo, la investigación judicial determinó que el arma supuestamente utilizada por la víctima no funcionaba porque tenía quebrado el martillo y que, en realidad, Vergara Vargas fue acribillado cuando salía de su casa acompañado de su madre.
Esta es la condena número 34 en causas de derechos humanos dictada por la Corte Suprema desde el año 2005 y la séptima en lo que va de 2008.
EFE
