“Desde ayer dos de los candidatos a la presidencia son hijos de ejecutados políticos, lo cual pone la agenda de derechos humanos más vigente que nunca”, afirmaron.
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Socialista con Marco pidieron al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, a que asuma su responsabilidad política de estar acompañado de miembros que negaron los crímenes cometidos por el Gobierno Militar, los cuales ahora está descubriendo la justicia.
Los socialistas que apoyan al diputado indicaron que Piñera “debe asumir la responsabilidad política de estar acompañado por un conjunto de dirigentes de los partidos que lo apoyan que negaron los crímenes que hoy la justicia descubre. Dime con quien andas y te diré quien eres”.
Los miembros de la directiva de este grupo de apoyo al presidenciable, Osvaldo Torres y Cecilia Suárez, señalaron que la resolución del juez , quien procesó por el delito de magnicidio a un grupo de médicos y miembros de los servicios de seguridad del régimen militar, pone a la orden del día el tema de las violaciones a los derechos humanos.
Los dirigentes concurrieron esta mañana hasta el ex centro de detención y torturas de Londres 38 para recordar a los militantes de su partido, del MIR y del PC que desde allí fueron hechos desaparecer.
Asimismo, dudaron de la sinceridad de Piñera quien dijo que el magnicidio contra Eduardo Frei Montalva constituye «una herida abierta en el alma nacional que tenemos que enfrentar y sanar”.
Torres, ex miembro de la Comisión Política del PS e integrante del Comando estratégico de Marco Enríquez-Ominami, quien estuvo prisionero varios meses en Villa Grimaldi, recordó que el empresario “hace sólo un mes se reunió secretamente con militares procesados y les prometió terminar con los juicios, algo que debe explicar a la opinión pública”.
Por su parte, Cecilia Suárez, hija del ex ministro de Salvador Allende, Jaime Suárez, dijo que “el próximo presidente de Chile debe abocarse en forma urgente a dejar son efecto la ley de Amnistía de 1978. Asimismo propuso modificar el artículo 103 del Código Penal, que permite la prescripción y media prescripción de las penas, exceptuando los crímenes calificados como de lesa humanidad”.
Asimismo, agregó que “debe hacerse obligatorio en el curriculum escolar la defensa de los valores fundamentales de la persona, dignificar las pensiones a las víctimas de prisión política y tortura y modificar la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos, permitiéndole presentar querellas por delitos cometidos antes de su creación”.
