En su testimonio judicial el representante chileno ante Panamá negó cualquier conocimiento de las actividades de la policía política de los primeros años de la dictadura. En esa época, el hermano del alcalde de Providencia fue segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires y en su declaración negó conocer a los agentes adscritos a dicha legación. La magistrada Raquel Lermanda había llamado a declarar a Labbé como inculpado pero revocó su decisión y fue inquirido como testigo.
El recién designado embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, aseguró en su declaración ante la jueza Raquel Lermanda -quien sustancia el caso por las víctimas de la Operación Cóndor- que se enteró de la existencia de la DINA “por la prensa”, confidenció una fuente judicial a El Mostrador.
El diplomático entregó su testimonio este martes ante la magistrada, luego que la abogada Karina Fernández, representante del Programa de Derechos Humanos (PDH) del Ministerio del Interior solicitara la diligencia, atendido que al menos dos ex agentes de la desaparecida policía secreta, le imputaron una relación con los documentos que desde Argentina -donde era secretario de la agregaduría- enviaban los espías chilenos a la inteligencia de la época.
En esa línea Labbé -quien es hermano del Cristian, ex agente de la DINA y alcalde de Providencia- relató a la magistrada que permaneció como funcionario de la embajada de Chile en Buenos Aires desde 1974 a 1979, período en el cual este servicio represivo mantenía como agente clandestino para la guerra antisubversiva, a Enrique Arancibia Clavel. Este último es el único condenado por el atentado bomba que terminó con la vida del ex comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en septiembre de 1974.
El diplomático mantuvo una línea de negar cualquier conocimiento de las actividades de la DINA. Más aún de los agentes de servicio adscritos a la embajada, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno. En ese sentido, dijo que su labor fue sólo hacer informes políticos para el entonces embajador René Rojas Galdámez.
Sin embargo, dijo conocer a los enlaces de la DINA en la legación, Víctor Barría Barría y Osvaldo Hernández Pedreros, quienes trabajaban en la sección de operaciones exteriores.
[cita]El diplomático negó conocer las actividades de la DINA. Dijo que sólo hizo informes políticos para el entonces embajador René Rojas Galdámez.[/cita]
Básicamente, la imputación a Labbé es que estaba vinculado a los envíos de documentación por la valija diplomática. Según la fuente consultada por este diario, el embajador aseguró que toda la información secreta nunca pasó por sus manos, sobre todo aquella referida a los chilenos que desaparecieron en Argentina en la Operación Cóndor y Colombo, también conocida esta última como el caso de los 119.
Hubo un hecho que llamó la atención del abogado querellante Boris Paredes, respecto de la conducta judicial de la magistrada Lermanda. Y es que cuando se le solicitó que Labbé declara como inculpado, resolvió favorablemente a la diligencia. Sin embargo, cuando Labbé se sentó al frente, sólo fue inquirido como testigo.
De todas formas Paredes solicitará en los próximos días varios careos con los ex agentes Labarca Sanhueza y Hernández Pedreros, donde Labbé debiera hacerlo en calidad de inculpado.
Si Lermanda rechaza la solicitud, entonces los recurrentes apelarán a la Corte, donde la sala bien podría revocar la decisión y obligar a Labbé a viajar a Chile y prestar una nueva declaración.
Al mismo tiempo, el caso de Labbé se transformará en la prueba de fuego para definir la independencia del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y esto, porque en el antiguo sistema de persecución penal, cuando una persona es imputada por un tercero, la lógica es que declare como inculpado.
Hay que recordar que el PDH ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas, luego de que fuera citado, antes de Labbé, el ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, el general (R) Óscar Izurieta, en calidad de testigo en el proceso por Víctor Jara, decisión adoptada por el tribunal de alzada capitalino.
El gobierno, en ambos casos, ha manifestado su molestia con las diligencias solicitadas a autoridades en ejercicio. De hecho, el propio subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, criticó la eficiencia de los abogados del programa, aludiendo a la demora en la tramitación de las causas, eso sí, cometiendo un error de concepto, porque estas últimas son sustanciadas por los jueces quienes manejan sus tiempos de investigación.
