Quedaron afuera de las entrañas de la Mina San José, pero también de la atención de la prensa, de sus empleadores e incluso del gobierno. La situación de incertidumbre que viven los casi 300 trabajadores de la Minera San Esteban que aún no reciben sus finiquitos y que no saben si encontrarán nuevas oportunidades laborales, es la gran ausente del mediático rescate de “los 33 de Atacama”. Porque si bien ellos no quedaron enterrados, también vieron cómo se derrumbaban sus vidas el jueves 5 de agosto.
El día que empezó el rescate de sus 33 compañeros de la Mina San José, Arnoldo Avilés estaba atento al televisor con su familia, en su casa de la población Manuel Rodríguez en Copiapó.
La mayor de sus tres hijas, Silvia, no estaba con ellos: cinco días antes había sufrido una trombosis en la pierna izquierda y estaba hospitalizada. La hermana que la sigue, Bárbara, aún en el colegio y embarazada de un niño del que Arnoldo deberá hacerse cargo porque “el papá no apechugó”, también veía junto a su hermana menor, Scarlet, cómo los compañeros de su papá eran sacados de las entrañas de la mina que hasta hace pocos meses daba sustento a la familia.
“Fue emocionante ver cómo iban saliendo: Pablo Rojas, Ariel Ticona, Esteban Rojas, Yony Barrios, Darío Segovia… era cercano a todos ellos, por años trabajando juntos”, explica Arnoldo, que luego de 25 años ligado a San Esteban hoy no tiene claro qué pasará con su futuro laboral.
Porque para este cargador de tiro de 47 años y sus casi 300 compañeros que no quedaron enterrados bajo la mina San José, la ayuda del gobierno, el foco de los medios y la preocupación de sus jefes han sido esquivos, a pesar de que también vieron desmoronarse sus vidas el jueves 5 de agosto, al quedarse sin trabajo de un día para otro y sin garantías de cómo mantendrán a sus familias. Además de la angustia de ver a sus amigos enterrados como consecuencia de las deficiencias en la seguridad del yacimiento.
“Estoy bien agradecido de lo que tienen los niños, de lo que van a tener. Pero tengo una gran preocupación de cómo voy a ayudar a mi familia de aquí para adelante. Sin trabajo, sin sueldo digno, toda una vida trabajando en una empresa en las mínimas condiciones”, asegura Avilés.
[cita]Para Arnoldo Avilés y sus casi 300 compañeros que no quedaron enterrados bajo la mina San José, la ayuda del gobierno, el foco de los medios y la preocupación de sus jefes han sido esquivos, a pesar de que también vieron desmoronarse sus vidas el jueves 5 de agosto.[/cita]
Para él estos son momentos muy difíciles. “No sé si encontraré una pega que realmente me de para pagarle los estudios a mi hija, que está en la universidad, y además para llevar un hogar. Hasta ahora nada les ha faltado, pero que de la noche a la mañana les falte el pan se me viene el mundo encima”.
Ni Alejando Bohn, ni su cuñado Marcelo Kemeny, dueños de la minera San Esteban -propietaria del yacimiento San José- se han acercado a hablar con trabajadores que quedaron sin trabajo. No ha habido explicaciones ni disculpas personales.
“Ellos no se han acercado. Sólo mandaron un mail que respondieron cuando se adeudaban los sueldos de septiembre. Don Alejandro Bohn aseguró que se pagarían los finiquitos, aguinaldos y sueldos, pero no nos dio fecha para reunirnos ni nada”, explica la presidenta del Sindicato 2 de Trabajadores, Evelyn Olmos.
Lo mismo señala Víctor Torres, que durante 15 años trabajó para San Esteban. “Desde que ocurrió el accidente sólo los vemos en televisión. Lo que sí, nos mandaron un mail pidiendo disculpas, pero nunca han mostrado la cara”.
Los 33 mineros rescatados han recibido ofertas de trabajo y diversas invitaciones. Sus compañeros se alegran por ellos pero tienen incertidumbre de su futuro. (Foto José Manuel de la Maza)
Sólo se han reunido con la gente que trabaja judicialmente con la empresa, y con la interventora de San Esteban, María Loreto Ried, y con el experto facilitador, Jorge Quiroz. Hasta ahora les han pagado los meses que se les debían, incluidos los aguinaldos, gracias a un acuerdo alcanzado con Enami.
Pero faltan los finiquitos, que en total ascienden a unos $ 1.300 millones de pesos. La deuda total de San Esteban asciende a unos US$ 25 millones.
Los finiquitos a cada uno de los trabajadores son distintos, dependiendo de los años de servicio. En el caso de Arnoldo Avilés, por ejemplo se le adeudan unos 10 millones de pesos.
El próximo 22 de octubre el experto facilitador debe entregar un informe donde propondrá la quiebra de la empresa o un convenio que debe ser aprobado por los acreedores, que suman más de 300.
[cita]“Desde que ocurrió el accidente sólo los vemos en televisión. Lo que sí, nos mandaron un mail pidiendo disculpas, pero nunca han mostrado la cara”, dice Víctor Torres, que durante 15 años trabajó para San Esteban.[/cita]
En el caso de que se opte por la quiebra, se ofrecería, según publicó La Tercera, pagar a los trabajadores el 25 por ciento del finiquito el 20 de diciembre y el resto en 11 cuotas. Solución que no cuenta con la venia de los trabajadores.
Este domingo, ex trabajadores de la minera San Esteban interrumpieron la misa de acción de gracia que se realizaban en una carpa con algunos de los mineros rescatados, buscando justamente el apoyo de sus demandas a los 33, que reaccionaron a favor de los afectados.
El rol del gobierno tampoco tiene contentos a los trabajadores. Según explican, se impulsó una mesa de trabajo que empezó a reunirse a finales de septiembre, en la que participan la Intendenta, Ximena Matas, el seremi del Trabajo, Patricio Urquieta, el director del Sence de Atacama (S), René Vigneaux, los sindicatos y dos personas representantes de los trabajadores no sindicalizados.
Pero en medio del rescate no han concretado muchas reuniones.
Hasta ahora se han formado comisiones que trabajarán en los cinco puntos que los funcionarios de San Esteban solicitaron al Gobierno. Entre los que se cuentan capacitaciones, certificación para empleados antiguos, vínculos con proyectos nuevos en la región que podrían ser una oportunidad laboral y “que a los viejos que se vayan de San Esteban les tomen exámenes médicos que vean en qué condiciones están, porque muchos sufren silicosis y sordera por el trabajo en la mina. En esos casos gestionar la posibilidad de alguna jubilación para que descansen”, explica Evelyn Olmos.
En septiembre el Gobierno impulsó una Feria de Trabajo en la zona para ayudar a relocalizar a los afectados por el derrumbe de San José. “Pero no surtió efecto porque entre otras cosas la gente aún no estaba desvinculada al trabajo”, señala Olmos.
Por su parte, Víctor Torres asegura que en realidad no se han sentido para nada apoyados por el Estado. “Se han hablado muchas cosas del apoyo a los trabajadores. Por ejemplo se colocó una feria del trabajo. Nosotros lo tomamos como una pantalla. Lo que ofrecieron no era nada”.
Torres explica que las empresas que participaron ofrecían, por ejemplo, sueldos de 400 mil pesos. “Pero ahora nos están llamando y dicen que en realidad ofrecieron 300 lucas, y que si no nos gusta hay otro viejo que se viene por 250. Como estamos todos afligidos por las cuentas quieren pillarnos por ese lado y así pagarnos menos. Se están aprovechando y todo eso está pasando ahora”.
El yumbero -operador de máquinas perforadoras- señala que lo que se les ha ofrecido en concreto hasta ahora son algunos cursos de seguridad Sence, “que duran como tres días. Pero eso es para que digan que el Gobierno nos está ayudando. En realidad no sacamos nada con esos cursos. El problema que tenemos es el trabajo”.
Para Marcelo Saavedra, que trabajó cinco años como romanero y que ayudó en algunas labores del rescate de sus compañeros hasta el final, “la única sensación de los trabajadores que no quedamos sepultados y de sus familias, es un estado de abandono total. No tenemos ningún tipo de ayuda del gobierno, porque lo que han ofrecido son sólo miserias”.
