Esto, luego que Wikileaks diera a conocer una serie de cables diplomáticos que dan cuenta de las presiones que ejerció Estados Unidos para conseguir la construcción de la termoeléctrica Campiche por parte de la empresa AES Gener, y a pesar que existía un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal esa instalación energética que opera en base a carbón.
Representantes de las organizaciones Chile Sustentable, Defendamos la Ciudad, Ecosistemas y Acción Ecológica anunciaron que pedirán a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que analice la desvinculación de Chile por el «bajo estándar de la probidad de sus instituciones públicas».
Esto, luego que Wikileaks diera a conocer una serie de cables diplomáticos que dan cuenta de las presiones que ejerció Estados Unidos para conseguir la construcción de la termoeléctrica Campiche por parte de la empresa AES Gener, y a pesar que existía un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal esa instalación energética que opera en base a carbón.
«La opinión pública ya sabe que la ministra de Vivienda y Urbanismo, a petición de la presidenta Bachelet, se prestó para modificar artificialmente la regulación urbanística nacional con el único propósito de viabilizar ese proyecto muy contaminante», señalaron en un comunicado.
La presidenta de Chile Sustentable, Sara Larraín, manifestó que «la intervencion directa de AES-Gener, utilizando a su gobiernos y embajada para violar el estado de derecho en Chile y lograr que la presidenta, los ministros y funcionarios de turno cambien las leyes para servir a sus intereses, es inaceptable, pues degrada la institucionalidad democratica, destruye la fe publica y la legitimidad del estado como garante del estado de derecho».
«Este hecho amerita que la OCDE sancione a Chile y a Estados Unidos con la suspension de su membresia en dicho bloque. Asimismo exige una sancion a ambos paises en el marco del TLC entre Chile y EEUU, pues ambos se coludieron para relajar la normativa ambiental; lo que está expresamente prohibido por dicho acuerdo internacional».
Por su parte, el presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, sostuvo que «este episodio conocido y denunciado oportunamente por nosotros, deja en muy mal pié a nuestra debilucha institucionalidad y lo peor es que, gracias a la transparente labor de Wikileaks, todas las instituciones económicas que manejan las finanzas de los países en el mundo están al tanto de que la aparente seriedad que dicen tener los dirigentes políticos de este país es una farsa», dijo, detallando que por tal razón » le hemos formulado un responsable llamado por escrito a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, cuya sede está en París, para que revise la membresía de nuestro país en esa conspicua organización internacional, ya que aquí no se cumple la exigencia de esa organización en orden a que los países que la integran deben observar altos estándares en probidad pública y respecto absoluto por el Estado de Derecho».
En la misma línea, Juan Pablo Orrego, en rrepresentación de Ecosistemas, manifestó que «no solamente con la central Campiche se ha dado una total complicidad entre gobierno, empresa privada y tráfico de influencias al más alto nivel, para imponer un proyecto altamente destructivo. También están los ejemplos de Ralco, Pascua Lama, Castilla e HidroAysén, donde la ciudadanía ve con estupor cómo se cambian leyes a través de resoluciones administrativas y decretos exprés, para permitir que las empresas se salgan con la suya».
Finalmente Luis Mariano Rendón de Acción Ecológica manifestó que se le enviaron los antecedentes a Angel Gurría para que «analice la situación expuesta y poniéndonos a su disposición para que conozca de primera fuente cómo se desenvuelve nuestro país en la generación y desarrollo de sus políticas públicas».
